*Reformar la Ley para prohibir comisiones por pagos con tarjeta
Presenté iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de prohibir la aplicación de comisiones por el pago de bienes o servicios con tarjeta de crédito, débito o similar.
Miles de establecimientos comerciales han adoptado herramientas de cobro como las denominadas terminales punto de venta (TPV), para ofrecer a sus clientes el pago con tarjeta de crédito o débito.
En muchas ocasiones, este servicio lejos de representar un beneficio puede llegar a ser una desventaja, ya que los proveedores cargan las comisiones, de entre tres a cinco por ciento, al valor de la compra, por el uso de estos dispositivos.
La iniciativa pretende dar herramientas jurídicas necesarias para procesar las denuncias de las y los consumidores sobre estas prácticas, y una vez que se compruebe la responsabilidad del proveedor, se apliquen las sanciones para evitar reincidencias.
Las personas consumidoras tendrán certeza jurídica respecto de la ilegalidad de estas prácticas abusivas que en los últimos años se han normalizado, al grado de hacernos creer que pagar con tarjeta es más caro que pagar en efectivo, y que es nuestra responsabilidad asumir el cobro adicional por el uso de la terminal cuando en realidad se trata de un servicio que es adquirido por el establecimiento.
La propuesta plantea establecer la prohibición a los proveedores de bienes o servicios llevar a cabo la aplicación de cobros de comisiones adicionales al consumidor por el pago a través de tarjeta de crédito, débito o similar.
Según datos de Banxico, al momento de querer pagar en algún establecimiento donde acepten cualquier forma de pago, en general, las personas prefieren usar efectivo. Sin embargo, a medida que el monto aumenta, también prefieren usar tarjeta de débito o crédito.
La Profeco ha utilizado sus canales de comunicación para exhortar a la ciudadanía a denunciar el cobro de comisiones por pagar con tarjeta; sin embargo, la Ley Federal de Protección al Consumidor carece de disposiciones claras, precisas y coercitivas que prohíban expresamente estas actividades, y se apliquen sanciones para evitar que sigan replicándose.