*Garantizar protección de los derechos humanos en los servicios de internet
Se debe agregar en la Constitución Política un párrafo al artículo 4º, a fin de que el Estado garantice que el desarrollo científico y tecnológico, así como, el acceso a internet esté al servicio de las personas y se lleve a cabo con respeto a la vida ya la integridad moral, física y psíquica de estas.
Ello, con el objetivo de proteger los derechos humanos ante las nuevas innovaciones científicas y tecnológicas. Así lo proponemos en la iniciativa que se turnó a Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara.
En la exposición de motivos resaltamos que los avances digitales pueden apoyar y acelerar el logro de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde el fin de la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo, y el logro de la alfabetización universal.
Sin embargo, las tecnologías también pueden amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y alimentar la desigualdad; es decir, tienen implicaciones para los derechos humanos y su actividad.
A pesar de que los servicios públicos de las tecnologías son cada vez más accesibles, aún hay quienes siguen aislados de los beneficios de esta nueva era y quedan rezagados. Muchas son personas con discapacidad, mujeres, ancianos, o miembros de minorías étnicas o lingüísticas, grupos indígenas y residentes de zonas pobres o remotas.
En la actualidad, las tecnologías digitales, como el agrupamiento de datos y la inteligencia artificial, se utilizan para rastrear y detectar problemas en la agricultura, la salud y el medio ambiente, o para realizar tareas cotidianas como el desplazamiento en automóvil o el pago de una factura.
Además, pueden usarse para defender y ejercer los derechos humanos, pero también para infringirlos; por ejemplo, controlando nuestros movimientos, compras, conversaciones y comportamientos. Los gobiernos y las empresas disponen de más herramientas para extraer y explotar datos con multas financieras y de otro tipo.
Por ello, con fundamento en todo lo anterior, es necesario que en México se reconozca la importancia de la informática como nueva forma de poder político y social y la adición al artículo 4º constitucional que permita incorporar diversos derechos y garantías individuales y sociales.