*Un gobierno tecnológicamente vanguardista, ¿para qué?
Es evidente que México no es, aún, el país vanguardista en que debemos transformarnos; que arrastramos rezagos considerables que no nos han permitido hacer de la tecnología y la innovación instrumentos de desarrollo progresivo y sostenible que nos fortalezcan en lo económico y en lo social.
¿Cuál es la utilidad de hacer un desarrollo en materia tecnológica? La adopción de nuevas tecnologías en el gobierno es una inversión muy rentable que nos va a permitir generar ahorros, combatir la corrupción, transparencia, facilitar y hacer trazable el ejercicio de facultades y funciones y simplificar la relación con la ciudadanía.
En este contexto, el aprovechamiento de las tecnologías y el establecimiento de medidas para facilitar su adopción legal, plantea retos y oportunidades.
Los avances tecnológicos generan derechos o facilitan su ejercicio. Por ejemplo: la libertad de expresión y las redes sociales son hoy un binomio inquebrantable; mientras que el Internet es ya considerado un derecho humano; a la vez, la tecnología promueve el mejor cumplimiento de las funciones públicas.
Hace un cuarto de siglo se regateaba el presupuesto para sustituir las máquinas de escribir por ordenadores en oficinas públicas. Hoy nadie duda de lo rentable que fue esa decisión.
En este sentido, creo que no es superflua la tecnología si está al servicio de la sociedad, ni es onerosa si redunda en el mejor ejercicio del gasto o en el mejor ejercicio del gasto o en el mejor aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.
¿Qué queremos? ¿Una ley estática en una sociedad dinámica? Por ello planteamos que es necesario establecer estructuras legales, flexibles, que se adapten a la rapidez de evolución de las tecnologías: El ejercicio de los derechos surgidos de la era tecnológica, debe estar garantizado con infraestructura pública que procure la disminución de la brecha digital.
La ley no puede rezagarse frente a una sociedad en constante evolución; por ello, es necesaria la identificación, que mejora áreas, procura el máximo y extensivo beneficio social, a la vez que aprovecha mejor los recursos humanos, financieros y materiales de cada institución.
La tecnología es aliada en esta aspiración, pero su temprana implementación es clave, se debe adoptar antes de que se haga obsoleta. En esta lógica, debemos también dotar a las instituciones públicas de herramientas para realizar actividades en entornos virtuales, dar certeza jurídica a su actuar y procurar un constante cambio a la corrupción.
En este sentido, es ilustrativo el ejemplo de los países que han implementado el blockchain, o la cadena de bloque, como herramienta de seguridad, transparencia y rendición de cuentas.
En el caso del aprovechamiento, hacer cotidiana y constante la implementación de nuevas tecnologías en la actividad gubernamental es un reto de grandes proporciones, pero es posible.
Las relaciones sociales, culturales y económicas en una sociedad ya están adaptadas a esta dinámica ¿por qué el gobierno no debería de estarlo?
En tal virtud, considero que para construir una agenda legislativa en materia tecnológica, es necesario identificar alguno de los retos inmediatos en el sector público.
La Tecnología de la Información y Comunicación, las TIC, plantean cambios en la forma en que interactuamos; por ello, el sector público debe contar con plataformas para integrarlas a su actuar cotidiano.
Asimismo, la identidad digital es la que requiere el reconocimiento y protección de la personalidad en entornos digitales. La accesibilidad, si bien los avances tecnológicos nos permiten progresar socialmente, si no son accesibles al grueso de la población, nos segmentan y agravan las diferencias sociales. Por ello, el Estado debe procurar su universalidad.
En lo que toca a la evaluación de resultados, en tanto no se contraste de manera estricta y metódica en el costo de inversión con los beneficios o ahorros, corremos el riesgo de caer en falsos debates.
Por ejemplo, al hablarse de la posibilidad de ofrecer Internet libre para todos, muchos se indignaron y señalaron que es más urgente invertir en el campo, por mencionar uno de los argumentos, sin darse cuenta que cerrar la brecha digital equilibra la distribución de la riqueza y acorta distancias entre las diferentes clases sociales.
La claridad en los derechos. Como todo derecho, los vinculados a la era digital deben ser justificados; es decir, deben tener mecanismos y condiciones favorables para su ejercicio y no encontrar restricciones indebidas.
Entonces, es necesario preguntarnos: ¿es viable una ley para la adopción de tecnologías en el sector público? Considero que sí y, de hecho, estos son algunos de los rasgos que quiero someter a su opinión.
Propongo el establecimiento de un órgano público que promueva la adopción de tecnologías, previa determinación de los ahorros o beneficios que se podrían obtener implementando direcciones generales de tecnología e información en cada una de las instituciones.
Este órgano actuaría siguiendo las recomendaciones de un consejo consultivo, integrado por representantes de los sectores público y privado, particularmente por personas o entes especializados en tecnología, innovación e investigación, que promuevan esquemas de colaboración para reducir la brecha digital.