La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó la regularidad de los Decretos emitidos por el Congreso de Tamaulipas en los que se tuvo por no aprobada la Cuenta Pública 2016 de diversos entes adscritos al Municipio de Reynosa.
En el fallo, se determinó que el Poder Legislativo local sí cuenta con facultades para calificar la Cuenta Pública de los entes sujetos a fiscalización. No obstante, la calificación que emite la legislatura local únicamente se traduce en un pronunciamiento de carácter político que no puede tener consecuencias jurídicas.
Ello, toda vez que conforme a los preceptos constitucionales aplicables, corresponde a la Auditoría Superior del Estado, como órgano con autonomía técnica, fiscalizar el ejercicio del gasto y, en su caso, fincar las responsabilidades resarcitorias y administrativas que correspondan.