*La deuda con quienes sufren discriminación está lejos de saldarse
La Defensoría Pública Electoral ha demostrado, con sus actos, que el acceso a la justicia es cada día más real para aquellas personas que lo tenían vetado por temas económicos, sociales y geográficos, subraya.
Si bien México cuenta con avances importantes para que grupos que sufren discriminación estructural tengan acceso a cargos públicos, aún existe una deuda histórica que está lejos de saldarse porque garantizar los derechos político-electorales no solamente es permitir ingreso a la función pública, es materializar la representación, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Al participar en la inauguración del foro “Herramientas para el ejercicio y desempeño de cargos públicos de integrantes de pueblos y barrios originarios, pueblos y comunidades indígenas y pueblo afromexicano”, que se llevó a cabo en el Museo de Memoria y Tolerancia, la magistrada de la Sala Superior enfatizó que el ejercicio de los derechos político electorales de estos grupos no se limita ni termina cuando llegan a una curul o al puesto de elección popular, sino que se requiere que la representación sea de acuerdo a los intereses a partir de ideales y motivaciones de quienes ocupan los cargos.
En el encuentro organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, la magistrada Janine Otálora Malassis resaltó que desde el Tribunal Electoral se ha resaltado la necesidad de hacer realidad las promesas constitucionales y convencionales en materia de derechos político-electorales de las personas indígenas, integrantes de pueblos originarios y afromexicanos, pues persiste una deuda con estos.
Hizo un llamado a insistir en que la agenda debe incluir una comprensión de la cosmovisión de los pueblos y comunidades, y no como una imposición de otras visiones. La Defensoría Pública Electoral, subrayó, ha demostrado, con sus actos, que el acceso a la justicia es cada día más real para aquellas personas que lo tenían vetado por temas económicos, sociales y geográficos.
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, destacó el avance que existe en las leyes y en la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y pueblo afromexicano, gracias, entre otros, a las sentencias del TEPJF emitidas con perspectiva intercultural.
Por su parte, el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca Rodríguez, consideró que las autoridades electorales no solo están obligadas a generar y garantizar los derechos políticos de las comunidades, pueblos indígenas y barrios originarios, sino que deben encontrar mecanismos para que se respete el pleno ejercicio de quienes los representan en cargos públicos, para lo cual también se requiere un marco geográfico certero.
La magistrada presidenta interina de la Sala Regional de la CDMX, María Silva Rojas, señaló que se requiere conjugar acciones que hagan efectiva la representación de quienes ocupan los cargos públicos.
Sandra Vivanco Morales, titular de la Defensoría de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos de la Ciudad de México, invitó a acudir a la Defensoría Electoral cuando se violentan los derechos de dichas comunidades, ya que —desde su perspectiva— la denuncia es la mejor herramienta para combatir este tipo de acciones.
La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Martha López Santiago, dijo que este foro tuvo como objetivo generar un espacio de análisis y reflexión sobre los grandes desafíos para lograr una participación efectiva de los pueblos originarios, de los pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano.
Tras la inauguración del foro, la magistrada Janine Otálora Malassis ofreció una plática denominada “Importancia del Ejercicio y Desempeño del cargo en México”, donde aseguró que la democracia como sistema político que busca la participación de todos, con calidad de ciudadanía dentro de una sociedad, debe buscar un modelo donde nadie se quede atrás y donde la representatividad sea lo más diversa posible.
En ese sentido, añadió que lo que no se ve no existe y de lo que no se habla tampoco tiene existencia, por eso es importante hablar de la ciudadanía indígena migrante y de la ciudadanía afromexicana y de estos grupos sociales, a fin de visibilizarlos y que puedan tener representación en cargos públicos para tener visibilidad.
Como parte de este foro también se llevó a cabo el Panel “Experiencias y retos de los integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas en el ejercicio del cargo público”, así como cuatro mesas de trabajo y la presentación del libro “Pensar en comunidad: Buenas prácticas para la participación política de las mujeres en el Rincón Xidza”.