La ciudadanía debe tener pleno conocimiento de que no se le puede condicionar el acceso a los programas sociales: magistrado Felipe Fuentes Barrera.
El máximo órgano jurisdiccional electoral ha construido una noción de integridad electoral como una herramienta de análisis para identificar las prácticas electorales que pueden manipular el proceso comicial al sustituir un interés público por el beneficio personal o partidista en un caso concreto, aseguró el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera.
El magistrado Fuentes Barrera señaló que en las sentencias del Tribunal Electoral este enfoque de integridad electoral ha servido para desincentivar prácticas como el clientelismo y el uso indebido de programas sociales, con la finalidad de preservar la equidad, imparcialidad y neutralidad de las contiendas, por lo que los tribunales deben estar atentos al impacto que tienen los programas sociales en la emisión de un voto libre y sin coacciones.
Al participar en la mesa de análisis “Integridad electoral y programas sociales”, en el marco del “Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral: impacto del uso de los programas sociales”, celebrado en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), el magistrado Felipe Fuentes resaltó que la solución más efectiva para sanear la relación entre programas sociales y el ejercicio efectivo del voto libre es la información, es decir, que la ciudadanía objetivo de estas políticas tenga pleno conocimiento de que no puede condicionársele el acceso a los programas sociales, además de que se debe contar con herramientas para que se hagan las denuncias correspondientes.
Tras referirse al debate sobre una probable reforma a las atribuciones del TEPJF, el magistrado Felipe Fuentes dijo sumarse a los deseos de que se haga el ejercicio de un parlamento abierto para discutir esta propuesta de reforma constitucional en la que se ha adelantado que el Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley.
Enfatizó que en la actualidad los tribunales constitucionales deben entenderse como garantes de la Constitución y de un correcto funcionamiento de la estructura constitucional. Sin embargo, advirtió que no se puede ser correctos garantes de esa estructura y de esa funcionalidad si se limita a una interpretación literal.
Puntualizó que la sociedad mexicana tiene que participar más de cerca, no solo con las tareas del Tribunal Electoral, como lo ha venido haciendo dado que sus sentencias están sujetas al debate público y al escrutinio de la academia, sino también con un parlamento abierto y permitir el análisis y la discusión de sus iniciativas frente a la voluntad de la sociedad en su conjunto.
Al presentar el estudio “Integridad electoral y programas sociales, análisis de programas federales y del Estado de México”, el coordinador del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, Jorge Alcocer Villanueva, afirmó que en el documento no se presenta una evaluación de la política social, sino una evaluación de la vulneración de los programas sociales en procesos electorales.
En ese sentido, destacó que la transparencia y el acceso a la información sobre esos programas es la primera condición para evitar su uso indebido.
Expuso que las reglas de operación y padrones de beneficiarios, protegiendo siempre los datos sensibles, deben ser transparentes y estar a disposición de cualquier interesado.
En el evento también participaron la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez; la magistrada del TEEM, Martha Patricia Tovar Pescador, y el coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, quienes coincidieron en resaltar que una ciudadanía informada es la parte más importante para poder ejercer un voto libre y sin coacción. Reconocieron que este tipo de análisis a los programas sociales federales y locales, sus características y vulnerabilidades, abonan a la discusión, así como al mejoramiento del diseño de políticas públicas, a fin de que los beneficios sociales sean operados con imparcialidad.