El ministro presidente Arturo Zaldívar anunció cinco medidas que ha tomado el Consejo de la Judicatura Federal para responder a la grave situación que enfrentan las personas, particularmente las mujeres en reclusión. Esto, tras su visita al penal de Santa Martha Acatitla, el pasado 11 de mayo.

En el marco de la conferencia de prensa ofrecida a medios de comunicación en el edificio sede de la SCJN, el Ministro detalló las medidas:

  • Una defensa efectiva, inmediata, de calidad para 200 internas de Santa Martha Acatitla, a partir del día de mañana a cargo del Instituto de la Defensoría Pública Federal.
  • Derivado del criterio emitido por la Primera Sala de la SCJN, —en el cual se establece que a los 2 años de que pase una prisión preventiva, ésta tiene que ser revisada y que le corresponde al Ministerio Público acreditar las razones que justifiquen que la prisión preventiva debe seguir funcionando—, el ministro señaló que: “en todos los asuntos defendidos por abogados y abogadas de la Defensoría Pública Federal promoveremos para abrir incidentes en los cuales se revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de 2 años en prisión”.
  • La emisión de un acuerdo para concentrar en 2 o 3 Juzgados de Distrito los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada, con la idea de que se puedan establecer las reglas, lineamientos, que no son claros en la ley de qué elementos deben tomar las y los jueces para decretar esta medida.
  • Seguir con el litigio estratégico, el ministro presidente de la SCJN afirmó que el Instituto de Defensoría Pública ha dado resultados extraordinarios.
  • Defensa de mujeres y hombres indígenas que están en prisión, sobre ello el ministro Zaldívar precisó: “Estamos haciendo un programa piloto en los Estados de Oaxaca y de Chiapas para determinar cuál es la situación de las personas indígenas en procesos locales y de ser viable y necesario y adecuado propondría a los gobernadores de estos dos Estados que podamos celebrar un convenio similar al que suscribí con la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que nuestros defensores y defensoras puedan acudir en auxilio de mujeres y personas indígenas en asuntos de índole local.

El presidente del Alto Tribunal afirmó que la mayoría de estas medidas tienen una dimensión nacional que buscan hacer una diferencia en la vida de la gente. “Espero que estas medidas sean la punta de lanza para que nos tomemos en serio una reflexión a nivel legislativo y a nivel de la sociedad sobre un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada pero mientras esto sea en el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial Federal nos seguiremos tomando nuestro trabajo en serio y seguiremos tomando los derechos en serio”.

Finalmente, el Ministro reiteró su compromiso con todas las personas vulnerables de México, sobre todo con las personas más pobres y marginadas y olvidadas, así como con todas las mujeres del país.

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