- En esto coincidieron las y los participantes de la segunda sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, realizada en San Luis Potosí
- Debe mejorar la capacitación de las autoridades para atender a las víctimas de delito: magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal
Los Poderes Judiciales, federal y locales, tienen la responsabilidad de lograr que la ciudadanía conozca sus derechos porque hay un desconocimiento total de éstos y, por no saberlos, no se ejercen ni se exigen, coincidieron usuarios de los servicios de seguridad y justicia que participaron en la segunda sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en donde participaron los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.
Al referir algunas de las conclusiones alcanzadas en el Encuentro Nacional, realizado en la ciudad de San Luis Potosí, personas moderadoras de 13 mesas de escucha a profundidad que en total contaron con la participaron de más de 170 personas usuarias del sistema de seguridad y justicia, destacaron la necesidad de contar con mecanismos que permitan una mejor coordinación entre todas las instituciones jurisdiccionales. Asimismo, coincidieron en que se debe mejorar la capacitación que tienen las autoridades para atender a las víctimas de delito.
María Gabriela Ávila Veyna, del Poder Judicial de San Luis Potosí, dijo que en su mesa se encontró con que la falta de coordinación tiene una repercusión que permea en toda la ciudadanía, pues son área de oportunidad que no permiten ejercer los derechos a plenitud.
Para María Angelina Acosta Villegas y Jorge Chessal Palau, ambos de la asociación civil Barra Mexicana, Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, uno de los problemas que se identificaron en las mesas, fue el desconocimiento del concepto de seguridad pública y de las actividades que comprende, lo que genera una percepción equivocada en las personas sobre la procuración de justicia, a la cual se le relaciona directamente con las fallas que presentan los sistemas de seguridad pública.
Como parte de las conclusiones, también se identificó que la complejidad del sistema legal en México provoca que mucha gente tenga ideas preconcebidas de lo que es seguridad pública y lo que no, confundiendo, incluso, seguridad pública con seguridad nacional.
La magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, sostuvo que se debe mejorar la capacitación que tienen las autoridades para atender a las víctimas de delitos, porque “normalmente no escuchamos a las víctimas y al no escucharlas no las atendemos de una manera eficaz para, primero que nada, ponerlas a salvo y, en segundo lugar, para poder orientarlas y poder resolver sus problemas”.
Finalmente, para José Mario de la Garza, presidente de la Fundación Perteneces, asociación civil que trabaja en la defensa de personas que se encuentran en prisión injustamente, enfrentando procesos penales o de reinserción social, dijo que hace falta mucho trabajo en interconectar las diferentes plataformas que ya existen.
“Nos hace falta también que estas plataformas se comuniquen entre sí y que podamos tener un sistema mucho más homogéneo, parece que cada institución va diseñando su propia respuesta tecnológica, pero no hemos creado como un estándar que sirva a todo el sistema de justicia y que pueda ser de fácil uso para los ciudadanos”.
La tercera sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia tendrá lugar este 11 de abril en la ciudad de Monterrey, donde se convocará a participantes de los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.