*Simplificación administrativa y digitalización, un compromiso firme con la eficiencia

Reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización hará más fácil la vida de los mexicanos, al eliminar trabas burocráticas, combatiendo la corrupción y garantizando que la atención gubernamental esté realmente al servicio del pueblo.

Actualmente la multiplicidad de requisitos, los tiempos prolongados y la falta de claridad en los procedimientos generan frustración, ineficiencia y, en muchos casos, oportunidades para la corrupción.

Es por ello que esta reforma representa un paso crucial hacia un gobierno más ágil, moderno y accesible para todas y todos.

Uno de los ejes fundamentales de la reforma es la digitalización de trámites y servicios, garantizando que el acceso a los servicios públicos sea rápido, eficiente y sin intermediarios que lucren con la necesidad de la gente.

Estas modificaciones establecen que las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios.

Además, se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley Nacional que regule y promueva un sistema de gobierno digital, garantizando mejores prácticas regulatorias y fortaleciendo las capacidades tecnológicas de nuestras instituciones.

La simplificación administrativa no sólo beneficia a quienes necesitan realizar trámites gubernamentales; también fortalece a nuestras empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son las que más sufren por la carga burocrática que puede limitar su crecimiento y competitividad.

Además, con esta reforma se refuerza uno de los pilares más importantes de la vida democrática: la transparencia, pues con la digitalización y la automatización de trámites se reduce el contacto discrecional entre funcionarios y ciudadanos, cerrando espacios a prácticas corruptas y garantizando procesos claros y auditables.

Con la digitalización, se elimina la necesidad de traslados costosos y prolongados, asegurando que cualquier persona, sin importar su ubicación o condición física, pueda acceder a los servicios gubernamentales de manera sencilla y eficiente.

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