*Exhorto al Instituto Nacional de Migración
Es necesario exigir al Instituto Nacional de Migración que cumpla con la legislación vigente y permita el acceso de representantes de asociaciones religiosas y de organizaciones civiles a las 58 Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del país, y sigan cuidando los derechos humanos de los migrantes, en especial de niños no acompañados y de personas sujetas a protección internacional.
En sesión ordinaria del Senado acordamos solicitar al organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que despliegue una política migratoria cuyo fundamento sea la seguridad humana, donde además se reconozcan y garanticen los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos que operan en ese marco.
Además, en el dictamen aprobado por unanimidad, requerimos de la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre el estatus en el que se encuentra la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una visita “in loco” a las fronteras norte y sur de México.
En la propuesta con punto de acuerdo que presentó el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin grupo, se hizo notar que las organizaciones civiles desde hace más de 20 años han trabajado el tema migratorio y de asilo en México y han solicitado el ingreso a los centros de detención migratoria, con la finalidad de promover los derechos humanos de los indocumentados detenidos.
El trabajo realizado, hasta hoy, por esos grupos ha dado lugar a distintos informes sobre la situación que guardan las estaciones de detención de personas, junto con la circunstancia de los niños migrantes no acompañados, entre otros.
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU emitió, en 2017, una serie de observaciones y recomendaciones respecto del elevado número de medidas privativas de la libertad de migrantes en las 58 Estaciones Migratorias desplegadas a lo largo y ancho del país, de las cuales destaca la recomendación número CMW/C/MEX/CO/2, donde invitó al Estado mexicano que adoptara medidas efectivas, ágiles e integrales para facilitar el trabajo de las agrupaciones civiles.
Además de no cumplir con esas inspecciones, a partir de enero pasado la autoridad migratoria comenzó a negar a diversas organizaciones civiles y a integrantes de asociaciones religiosas el acceso a centros de detención migratoria, y esa situación se validó y agudizó tras la publicación del Oficio INM/DGCVM/0118/2020, mediante el cual notificó la suspensión temporal del ingreso a dichos centros, precisando que sería hasta nuevo aviso.
Hay preocupación de que se haya emitido una medida restrictiva a través del oficio citado, porque ello deja en estado de indefensión a las personas migrantes y sujetas de protección internacional privadas de libertad, al no garantizarles el acceso a la justicia y debido proceso, incluyendo el derecho a solicitar asilo, a la información, a contar con asistencia legal y acompañamiento integral, entre otros.