*Rango constitucional reparación del daño víctimas
Impulso un paquete de iniciativas para que el Estado mexicano garantice la reparación del daño e indemnización a las víctimas del delito en nuestro país.
Si bien la administración federal se encuentra realizando su trabajo en el combate al delito, es importante incorporar la solidaridad o corresponsabilidad del Estado Mexicano no solo en la debida atención, acompañamiento y asesoría de las víctimas, sino en la reparación integral del daño sufrido y su indemnización.
Por ello en dichas reformas propongo modificar el artículo 21 Constitucional; el 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; y diversos artículos de la Ley General de Víctimas, para que se establezca como una obligación del Estado la reparación del daño a las víctimas de los delitos cometidos en el territorio nacional, con lineamientos y financiamiento garantizados.
Hay un fondo establecido por la ley para ello, pero no es aplicable para todas las víctimas del delito y tampoco queda clara la reparación del daño cuando el delincuente evade la acción de la justicia, es insolvente o simplemente no se determina un responsable.
Incluso estableceremos plazos perentorios para que la autoridad repare, pues basta de carpetas de investigación eternamente abiertas, signos de la impunidad del delito y de la deriva de la víctima ante el daño recibido.
Se necesita incentivar además a las entidades federativas para que mejoren de una buena vez la seguridad de sus ciudadanos, especialmente en la atención de los ilícitos que les corresponde atacar, que son los del fuero común, actualmente lo hacen con un 25% mientras el resto de los recursos los pone la Federación.
Con ello se dejará de tener autoridades que se laven las manos ante la inseguridad en sus estados, pues cada delito que se cometa en su entidad, debidamente denunciado, tendrá que repararse obligatoriamente a costa de sus partidas presupuestales.
Con estas reformas, además se incentivará la cultura de la denuncia y el combate a la impunidad, pues se considera que solamente alrededor del 10% de la ciudadanía que es víctima de un delito lo denuncia ante las autoridades.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2019 fueron cometidos alrededor de 2 millones de delitos del fuero común, mientras que del fuero federal fueron cometidos 100 mil aproximadamente.
Estados como Colima, Aguascalientes, Baja California, Querétaro, Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco y Morelos son los estados con mayor incidencia por cada 100 mil habitantes. Tan solo en Querétaro, se denunciaron la comisión de 60 mil 514 delitos en el mismo año.
Por ello estas cifras nos confirman la necesidad de las reformas que se proponen, que además impactan en menores de edad, siendo alrededor de un 45% de las víctimas. Por lo que el revitalizado enfoque que se presenta también traerá beneficios generacionales.