*Histórica propuesta para frenar ambiciones de poder constitucional
Presenté iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso k al artículo 72, y la fracción II bis al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consideración de Acción Nacional, algunas propuestas legislativas que han venido del Gobierno de México o del partido mayoritario en el Congreso, representan un retroceso en el desarrollo democrático nacional, tal como sucede con la revocación de mandato, que no es otra cosa que contender en las elecciones de 2021 con pleno apoyo presidencial para obtener un control aún mayor en la Cámara de Diputados y en este Senado, o las reformas a las materias que podrán ser abordadas por consulta popular y a los mecanismos para desarrollarlas.
Ante la actual coyuntura política, para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hoy más que nunca tiene plena relevancia la limitación del poder y la defensa de nuestra Constitución.
Como lo ha señalado el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Héctor Fix-Zamudio, jurista mexicano, la defensa de la Constitución tiene como objetivos los de conservar la normativa constitucional; prevenir la violación a sus disposiciones de carácter fundamental; reprimir su desconocimiento y, lo más importante, lograr el desarrollo y evolución de las propias disposiciones constitucionales.
Este desarrollo y evolución, senadores, debemos entenderlo desde un doble aspecto: tanto para lograr la paulatina adaptación de nuestra Constitución a los cambios de la realidad política y social, así como para asegurar que la transformación de esta norma fundamental se haga de acuerdo con sus propias disposiciones programáticas.
Solamente con estas medidas podremos evitar que la Carta fundamental pactada en Querétaro, y de la que hace apenas dos años celebrábamos su centenario, se convierta en una simple manifestación declamatoria.
En este contexto, es para mí un honor acudir ante esta tribuna en representación de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en este Senado, para presentar esta iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se fortalecen los mecanismos de defensa de la Carta Magna a través del establecimiento de la “acción de control preventivo de la constitucionalidad”.
Estamos proponiendo que los proyectos de ley aprobados por alguna de las Cámaras del Congreso y que pasen a la Colegisladora para su revisión, puedan ser objeto de esta acción de control preventivo de constitucionalidad, lo que permitirá un control de constitucionalidad previo al inicio de su vigencia, en aras de preservar la constitucionalidad del ordenamiento jurídico mexicano y reafirmar la supremacía de la Carta Magna.
Así, estamos proponiendo que cuando a consideración del 33 por ciento de los legisladores que integran la Cámara de Diputados o este Senado de la República, pudieran existir vicios de inconstitucionalidad en los proyectos de ley enviados por la Colegisladora para su análisis y discusión, se podrá ejercer esta acción de control preventivo, de la cual conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendiendo el procedimiento legislativo en curso y debiendo resolver dentro de un breve término.
En caso de que nuestro Máximo Tribunal resolviera que, efectivamente, existieron esos vicios de inconstitucionalidad, el proyecto de ley será devuelto a la Cámara de origen para su modificación, sin que pueda continuarse el procedimiento legislativo si no se da cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte.
Con esta propuesta, las y los senadores del PAN queremos hacer eco de una máxima juarista que sintetiza el espíritu del Estado de derecho y la importancia de las normas jurídicas como el principal instrumento de organización y control del poder: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Cuando el presidente López Obrador hace propias las palabras del Benemérito de las Américas diciendo que nada ni nadie está por encima de la Constitución, es innegable que esta Sexagésima Cuarta Legislatura tiene la responsabilidad de reafirmar el papel de nuestra Suprema Corte de Justicia como el defensor pleno de la Constitución, aún antes de que las propuestas legislativas de modificación sea integrada al orden jurídico nacional.
La defensa de la Constitución debe plantearse desde el Poder Judicial. No abundemos en un debate ocioso sobre la supuesta “judicialización de la política”, por el contrario, seríamos imprudentes si no aprendemos de la historia, de la Alemania del Tercer Imperio, donde se creyó que el control constitucional debería ser político y recaer en Hitler, con las sombrías consecuencias que ése régimen autoritario y hegemónico tuvo.