*Rebelión con causa
Más de medio siglo ha pasado desde que el movimiento estudiantil- popular, como lo denominó el atinado Ramón Ramírez Gómez en su libro de ese acontecimiento, dio muestras de una profundidad, atención a las demandas ciudadanas y organización que no fue posible derrotarlo más que con una matanza como la del 2 de octubre de 1968.
Los estudiantes fueron de la vociferación contra todos aquellos que los oprimían y reprimían, a las movilizaciones para abrir conciencia en la población, la manifestación silenciosa que dejó alelados a los burócratas y a la misma “prensa vendida” y a la participación al lado de pequeños, aunque combativos sectores de trabajadores y campesinos.
Frente a sus diferentes tácticas y el crecimiento del apoyo a nivel nacional e internacional, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez tomaron la determinación de acabarlo a como diera lugar, no importando que fueran heridos periodistas internacionales, como Oriana Fallaci.
Desde entonces, han existido rememoraciones en la fecha citada. En ocasiones discretas, en otras más amplias; algunas veces muy pacíficas y desde hace un tiempo algo violentas, no por los que entonces exigían “libertades democráticas”, entre su principal bandera, sino de grupos que se presentan mayoritariamente como anarquistas y llevan a cabo desmanes en diferentes lugares. Recuerdo que incluso entran en tropel al Zócalo o han abierto a como dé lugar bancos para intentar quemar los cajeros automáticos.
En esta ocasión, los miembros del Comité de 68, que presidió durante años de manera inmejorable Raúl Álvarez (quien murió hace un lustro), y ahora a cargo de Félix Hernández Gamundi, ha dicho que no es posible que provocadores “cancelen el derecho a manifestarnos”; que la marcha será pacífica, los participantes irán con la cara descubierta y exigió a las autoridades capitalinas que “garanticen la seguridad de los asistentes” al acto de este 2019.
Los que estuvimos en la lucha entonces y ahora, también demandamos que la Fiscalía General de la República retome la investigación de aquellos bochornosos acontecimientos, que no han sido tan documentados en la prensa como el caso de Eugenio Garza Sada, quien era, como anotamos por una declaración del ex miembro de la Liga 23 de septiembre, Gustavo Hirales Morán, lector del libro nazi, Derrota Mundial, de Salvador Borrego. Ahora incluso sabemos por medio de Elías Orozco Salazar, quien participó en el secuestro fallido del empresario regiomontano que este había apoyado con 50 millones de dólares al general Augusto Pinochet, con el fin de que el militar comprara armas y llevara a cabo el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende, en Chile (Proceso, número 2239).
Así pues, se necesita que la justicia no sea benévola con los hombres del dinero y muy estricta contra los luchadores sociales, a pesar de que algunos de ellos, sin duda, cometieron atropellos y hasta asesinatos.
En las tres más recientes manifestaciones en la Ciudad de México, algunos grupos considerados anarquistas, debido a sus pintas contra el Estado y por su letra “A” magnificada, han causado destrozos por todos lados. Entre ellos la posible quema de una librería emblemática, amén de mobiliario que es parte de la nación.
Frente a esos acontecimientos, las autoridades capitalinas han sido permisivas en exceso. No se trata, desde luego, de ejercer la represión y tomar acciones que lesionen a los participantes en acciones diversas, pero sabemos, por experiencia, que hay equipos policiales que pueden cercar en determinados momentos a grupos pequeños. Así nos ocurrió cuando ante la PGR pedimos la aparición con vida del fotógrafo de Contralínea: David Cilia. ¿Por qué no realizó esa acción cuando cuarenta chavos estaban cerca del Zócalo en la manifestación de Ayotzinapa?
Ahora, las autoridades encabezadas por Claudia Sheinbaum han señalado que habrá un protocolo con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes a la marcha y cuidar los negocios que han sufrido pérdidas en los actos de septiembre. Y así debe ser, lo piden no sólo los empresarios sino la ciudadanía toda que va a estas movilizaciones a insistir que exista justicia contra las víctimas de antaño.
Bien que se ofrezca disculpas a Rosendo Radilla, campesino desaparecido; a Martha Camacho Loaiza, quien dio a luz a su hijo en prisión y vio como asesinaban a su marido, José Manuel Alapizco, algunos militares.
Pero lo importante es que todos, y no algunos, ejerzan su libertad de expresión y manifestación. Los supuestos o reales anarquistas, no pueden ser un grupo fuera de serie. Y los culpables del 68 tampoco pueden seguir siendo cuidados por sus familiares, como si la represión hubiera sido algo sin mayor trascendencia.
Es indispensable, por cierto, abrir los archivos del estado Mayor Presidencial, ya desaparecido, pero en donde seguramente habrá documentos básicos para entender qué pasó el 2 de octubre de 1968.
Justicia, sí, para todos.
@jamelendez44