*¡Aquí no pasa nada… Y cuando pasa… ¡Pues no pasa nada!
Desde antes del inicio del régimen actual, los mexicanos hemos amanecido con sorpresas de todo calado, que lo mismo generan asombro, coraje, pasmo, estupefacción o sobrecogimiento por los alcances de barbarie, estupidez y sin razón que las han caracterizado.
Lo mismo escuchamos la desaparición de un aeropuerto con un 80% de avance, que la aparición desde cero de refinerías, un centro vacacional en la Islas Marías, trenes, una hiper-farmacia, la venta de un avión que fue rifado, repartido, vuelto a vender y todavía se tiene que seguir pagando el saldo pendiente. La inauguración de un aeropuerto que no utiliza nadie, también un museo donde los restos de los mamuts siguen enterrados y hay unas salitas con grandes dibujos para que los visitantes se hagan una idea de lo que pudo haber sido el hábitat de esos mastodontes ya extintos.
Se desaparecieron cientos de fideicomisos para fomento de la investigación científica, desarrollo tecnológico y de patentes, así como el emprendimiento de nuevas empresas que aprovecharan los logros alcanzados por los investigadores, se desapareció el Fondo Nacional de Desastres para cambiarlo… por nada. Ahora cuando hay una desgracia o catástrofe pues cada estado que le haga como pueda y con lo que le alcance, y si no puede, pues ahora sí que pida ayuda al gobierno federal… y si hay recursos disponibles se les ayudará y si no…¡Pues no! El gobierno federal no es beneficencia.
En materia de salud las cosas han sido iguales, se desapareció por neo liberal al Seguro Popular… que según la 4T ni era seguro y menos popular. En 2019 alrededor de 52 millones de personas lo tenían. Esta cantidad representaba a casi la mitad de la población mexicana. Cuatro de cada diez personas en México tenían seguro popular.
Se desmanteló por completo el sistema de compras, distribución y conservación de medicamentos a nivel nacional por las mismas razones que se han tomado las decisiones en esta administración; producto del neoliberalismo y ser una fuente permanente de corrupción.
El Insabi sustituyó al Seguro Popular a inicios de 2020, meses antes de que llegase la pandemia de la covid-19 a México, crisis que reveló en esta institución los mismos problemas que tenía su antecesora: falta de medicamentos, escasez de consultas y atención deficiente para los mexicanos mayores de edad que no tenían un seguro social. Y este año durante el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión, los señores parlamentarios diligentemente desaparecieron al organismo que con tanto ánimo y entusiasmo habían aprobado a partir del 1 de enero de 2020 cuando entró en vigor dicho decreto. Escasos 41 meses después El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que ordenaba la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la absorción de sus funciones por los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).
Aunque a la fecha no se ha enjuiciado ni identificado a ninguno de los supuestos ladrones y saqueadores del erario. Lejos de eso, se han tenido que contratar con los antiguos proveedores del sistema de salud y a otros precios, sin mencionar el ridículo monumental que hicimos a nivel mundial para la supuesta compra de las medicinas y donde también salpicamos a la ONU.
También hace ya cinco años que todos los salarios de los burócratas desde camilleros hasta directores se achataron, salvo los de los militares, ministros, jueces, magistrados y otros funcionarios que no se acogieron al capricho presidencial convertido en ley, que ahora cinco años después se los está cobrando a los miembros del Poder Judicial Federal de la manera más perversa y vulgar; vía presupuesto.
¿En qué se diferencia la conducta presidencial de los individuos que por desquite, venganza o represalia dejan a su mujer e hijos sin comer y sin recursos para manutención, educación, salud o satisfactores? Recurrir a matar de hambre o dejar en la indefensión a alguien está calificado como delito y los deudores pensionarios pueden ser castigados con penas que van de entre tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días de multa.
En el caso del presidente está claramente demostrado que le importa un celestial comino el desacato a las leyes, los procedimientos, protocolos y ordenamientos que dicta la Constitución y que son de observancia obligatoria para todos los ciudadanos de este país.
Al señor ya lo desaforaron en una ocasión y le sirvió de plataforma de lanzamiento para su primer intento para llegar a la presidencia pero gracias a sus majaderías, desatinos, torpezas e indignidades, la población lo rechazo por primitivo y salvaje. Aunque él diga que su estulticia se llama robo.
Yo efectivamente no espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda destituir y meter a presidio al habitante de palacio. Pero comprobar una vez más que mientras en este país no se respeten las leyes por los primeros responsables de hacerlas cumplir, nos da la verdadera estatura del país en que vivimos.
Ahora, de la respuesta que den los trabajadores y los funcionarios del Poder Judicial será donde efectivamente se demuestre que tan maduros son ellos y nosotros para hacer valer nuestros derechos y respetar nuestras instituciones.
No creo que vaya a llegar la sangre al río en esta nueva afrenta, pero me niego rotundamente a entender que en este país podamos continuar con la filosofía del Cantinflas que cuando sucede algo grave nos conformemos con decir: Aaay no pasa nada… Y si pasa. ¡Pues no pasa nada!