*“¿Quién va a defender a este país ahora?”
Con esas palabras respondió la abogada Gabriela Medina a los reporteros Simón Romero y Paulina Villegas del New York Times, cuando fue entrevistada acerca de la Reforma al Poder Judicial en México. La profesional precisó: “Me da mucha tristeza y frustración ver que todo ese mérito y sacrificio ya no se valora”.
Después de 14 años dentro del sistema judicial con el objetivo de convertirse en jueza federal, Medina tomó un curso tras otro, obtuvo excelentes calificaciones en sus exámenes y esperaba ser juramentada este verano, hasta que la reforma propuesta suspendió esas ceremonias.
Pero el caso de la licenciada Medina no es el único que nos pone de manifiesto las aberraciones que se piensan cometer con la obsesión de querer cambiar el sistema jurídico del país, sólo para dar gusto a miembros de un grupo político disímbolo sin fines, propósitos o metas nacionales, todos asociados bajo la sombra de un caudillo tropical que más que representar a un partido político, su conducta se asemeja a la de una pandilla o gavilla cerril.
La medida podría obligar a más de 5.000 jueces a dejar sus puestos, desde la presidenta de la Suprema Corte hasta los de los tribunales de distrito locales.
Por miles, jueces y trabajadores judiciales de todo el país se han declarado en paro como protesta, y la semana pasada el embajador de Estados Unidos calificó la iniciativa de López Obrador en las últimas semanas de su mandato como “un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia de México”, lo que provocó una disputa diplomática entre las dos naciones sobre la sensatez de las propuestas y si Estados Unidos debería intervenir en absoluto.
Muy al estilo de la 4T, la ministra Lenia Batres apoyó la propuesta con este resumen: “Mientras un poder piensa en construir infraestructura, el otro la está saboteando”, refiriéndose a los fallos judiciales que han frustrado algunos de los planes más ambiciosos de López Obrador, incluidas medidas que favorecen a la empresa eléctrica estatal sobre las empresas privadas.
En ningún momento se mencionó la legalidad o legitimidad, los errores o agravios que provocan las decisiones presidenciales o gubernamentales.
Es decir; ¡¡lo que estorba, se opone o no conviene pues se elimina y asunto arreglado!! ¿Así, o más democrática la querían?
Y surge la pregunta ¿quien estorba o perjudica a quien para el normal, civilizado y legal desarrollo del país?
Desde el domingo 25, los manifestantes salieron a las calles en más de 20 ciudades mexicanas con la esperanza de llamar la atención sobre lo que calificaron de ataque contra el poder judicial. Y espero que la protesta de los abogados haga crecer su masa crítica a tal nivel que sea imposible ignorarlos o imponerse a ellos. Un paro del Poder Judicial no hay quien lo supere y por la propia naturaleza de la actividad, no es, ni será nada suplirlo con esquiroles (como se acostumbra) eso sin contar el descontrol del país en múltiples ámbitos; familiar, civil, mercantil, contencioso, menores, penal, administrativo y demás.
México es muy grande para que algunos amafiados en un ‘movimiento’ puedan pararlo por caprichos, revanchas o desquites.
Y tampoco puedan alegar ni un ápice de originalidad en estos despropósitos. “Los intentos de debilitar a los tribunales se han considerado durante mucho tiempo como una señal de que la democracia de un país está en peligro.
Según los expertos, una vez que la independencia judicial sufre un revés, los países pueden deslizarse rápidamente hacia la autocracia. En Polonia y Hungría, la represión de los tribunales ha facilitado a los líderes la consolidación del poder. Más recientemente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrentó protestas masivas cuando intentó impedir que los jueces invalidaran las decisiones del gobierno (la iniciativa fue rechazada por la Corte Suprema de Israel a principios de este año)”**.
En otro más de sus habituales desplantes de soberbia López Obrador afirma que la reforma es necesaria para “prevenir la corrupción y las sentencias que permiten que los narcotraficantes queden libres” (¿?). Además “cambiar la forma en que se seleccionan jueces y magistrados eliminaría la corrupción del poder judicial y garantizaría que todos, no sólo los ricos, tengan acceso a la justicia. Y, como él mismo ha dicho, permitiría que los planes de su gobierno, como transferir la Guardia Nacional del control civil al militar, no sean cuestionados por la Suprema Corte de México”.
Está en manos de los abogados defenderse a sí mismos y a nosotros. Es el reto de sus vidas tanto a nivel personal, profesional y patriótico. Si llegan a perder este asunto ¿cuál sí nos podrían ayudar a resolver?
*https://www.nytimes.com/2024/08/28/world/americas/mexico-judicial-changes-analysis.html
**https://www.nytimes.com/2024/08/27/world/americas/mexico-us-pause-relations.html?searchResultPosition=1