*Los consejeros electorales y sus berrinches
La generación de consejeros electorales que conformaron el Instituto Federal Electoral IFE, del 31 de octubre de 1996 al 31 de octubre de 2003, provinieron no sólo de la academia, sino de espacios críticos y con una opinión respecto a la vida política del país que los caracterizó y les otorgó trascendencia.
Ahora, hay consejeros electorales que pertenecen a diferentes espacios sociales, pero su identidad puede ubicarse más en los partidos políticos de oposición y en los distinguidos estratos económicos.
Hoy es posible evaluar el trabajo de algunos consejeros, sobremanera, si se advierte su capacidad para definir su propia tarea e interés que se aparta de los intereses de la mayoría de la sociedad; el simple hecho de carecer de vínculos con el Instituto Nacional Electoral INE, al cual lo han percibido desde la perspectiva de los partidos políticos y no como la imparcialidad y el arbitraje de la vida democrática de México, es un ejemplo de ello, por lo que se demerita su actividad.
Sin embargo, la lucha por superar esas deficiencias no se ha mostrado ni siquiera en el intento; recordemos la inclinada actitud mostrada el pasado 17 de Diciembre del 2021 del presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y cinco consejeros electorales de sus más cercano circulo, al votar en el pleno, que se postergaría la consulta de revocación de mandato, según ellos, porque que la institución no tenía el presupuesto suficiente para ese ejercicio democrático, a pesar de estar avalado ese proceso en nuestra Carta Magna, y no por una ocurrencia o capricho del gobierno en turno.
Y aún más, se la pasaron criticando a la Cámara de Diputados por la disminución presupuestal de 5 mil millones de pesos para este 2022, y a la Secretaría de Hacienda porque no les autorizaron de manera extraordinaria más recursos o sea más dinero que se requiere para que la consulta popular se lleve a cabo con garantía de legalidad y certeza, así dijeron.
A lo que entendemos, de su amenaza, es que la supuesta falta de recursos hará que ese ejercicio democrático no pueda realizarse correctamente, ni calificado, por lo que arrojará votación incorrecta. Además, que justificaran ese hecho, porque el INE tiene muchas atribuciones y por ende tareas que cuestan mucho dinero, y por eso no les alcanzará para realizar ese proceso como lo marca la ley.
Pero lo peor del caso, es que cuando se insinuó que era necesario que en el INE, institución autónoma, realizara y aplicara medidas de austeridad para obtener recursos económicos que ayuden para sus tareas, los primeros que refunfuñaron casi con lágrimas, fueron los dos principales consejeros electorales, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pues ya pensaban que les reducían sus sueldazos, y esto por nada del mundo lo permitirán, ni siquiera que les rebajan ni un céntimo de su sueldo, cuando lo han gritado a todo pulmón, que ese salario está protegido por un artículo transitorio de la Ley de Remuneración de Servidores Públicos aprobada en su momento por la Cámara de Diputados, y así lo ha confirmado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y como no, pues todos sabemos que la creación del IFE, hoy INE, a pesar de que fue una conquista de los ciudadanos libres y democráticos, acompañados de partidos políticos en aquel entonces de oposición, a partir del año 2003 y sobre todo en el 2006, el verdadero espíritu de esta institución tuvo un cambio, fue asaltada y utilizada por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, para que operara en favor de sus intereses, y de los suyos, por lo que la siguieron dotando de privilegios, como los altísimos salarios de sus consejeros electorales, y demás funcionarios, así como la aceptación de los grandes dispendios sin preguntar para qué y por qué los hicieron, todo para tenerlos contentos y risueños, con la única intención de que no permitieran cambios en el sistema político establecido, que sólo era de ellos.
Recordemos que allá por el año de 2007, el entonces senador por el Partido de la Revolución Democrática, Pablo Gómez, tuvo a bien formular la iniciativa de la creación de la Ley de Salarios Máximos, para poner un freno a los altos sueldos que desde entonces obtenían empleados del Gobierno federal y organismos autónomos como el IFE, que al final no disminuiría en nada la diferencia entre lo ganado por la burocracia de altos vuelos y lo que percibía un simple trabajador.
Y por supuesto que este asunto de la Ley de Salarios Máximos, enviada por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados para su revisión, no tuvo buena acogida por los sectores de la élite de la burocracia, al grado que tuvieron que meter mano para que esa iniciativa de ley estuviera congelada en la cámara baja desde el 13 de Marzo de 2007, cuando el fondo de la iniciativa señalaba que nadie debería ganar más salario que el Presidente de la República, principalmente los “distinguidos” servidores públicos de los organismos autónomos, que desde entonces se servían del presupuesto como reyes.
El hecho que esa iniciativa, del hoy morenista Pablo Gómez, se reactivó después de que los consejeros electorales del IFE se retractaran de la intención de aumentar su salario, homologándolos a los que percibían los otros “distinguidos” servidores públicos “administradores de justicia”, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganaban aproximadamente $11,700.00 diarios o sea $351.000.00 mensuales. Qué sinvergüenzas.
Más esa retractación del personal del IFE no fue motivada por un acto de solidaridad, ante la crisis económica, sino obligada por la publicitación machacona que hizo la prensa libre de aquel entonces, sobre esa aberrante intención, y las protestas y disgustos que provocó a millones de ciudadanos jodidos que ganaban en esos momentos $55.00 diarios, frente a los inalcanzables salarios de los consejeros electorales del IFE $207,955.00 mensuales en total, y junto a ellos, los “jurisconsultos” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros aprovechados.
Y pese a la irritación social contra autoridades y políticos que aprobaron desde entonces esos exagerados salarios y prestaciones, la vigencia de la actual ley que señala que ningún servidor público federal ganará más salario que el Presidente de la República, no ha servido de nada, y mucho menos, el llamado del gobierno federal morenista a que todos los entes de autoridad para ejerzan una política de austeridad republicana, misma a la que nuevamente se le invitó “con todo respeto” al INE, por lo que se le presentó un plan para que lograra ahorrar 2 mil 972 millones de pesos, en lo que está incluido la reducción de sueldos y salarios (718.8 millones de pesos), gastos operativos y la desaparición de 2 fideicomisos, y así cumplir con el encargo constitucional de realizar el ejercicio de revocación de mandato.
Empero, ni maíz palomas, los consejeros del INE no aceptaron esa propuesta porque carece de “seriedad y el sustento técnico”, además por ser una medida “inapropiada y francamente abusiva” o sea, cualquier petición o propuesta que se les ha hecho, les ha valido menos que nada, previo berrinche, porque primero están sus ganancias $234,519.00 mensuales de salario, más aparte otros beneficios económicos adicionales, tanto para al presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, como al resto de los consejeros electorales.
Ante esto, siguen mostrado que lo de la democracia, hay la estarán llevando, pues dicen que tendrán su justificación, cuando están obligados a realizar la consulta de revocación de mandato el próximo mes de Abril con el presupuesto que tengan disponible para ello. Mientras tanto, así van las cosas, que no van bien.