La mayoría de diputados federales morenistas, apoyados por sus aliados petistas y verdecologistas, aprobaron un paquete de reformas a diversas leyes sin cumplir con el reglamento de analizarlas en comisiones y dejaron a sus adversarios panistas, priístas, perredistas y de Movimiento Ciudadano chiflando en la loma parlamentaria.
De este paquete cuatro no tuvieron el curso obligatorio de analizarlas en las comisiones respectivas, de acuerdo con los temas, para que los legisladores tuvieran la oportunidad de objetar posibles deficiencias o alimentar su contenido en beneficio de la nación.
Pero al más puro estilo del viejo priísmo que tanto criticaron y repudian los morenistas, hicieron lo mismo y cuando recibieron de Palacio Nacional las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato las subieron a la mesa directiva, saltándose también la publicación en la gaceta parlamentaria, y las sometieron a votación confiados en que se aprobarían sin problema una vez aceitada la maquinaria legislativa que cuenta con los votos necesarias para aprobarlas.
Y así Morena, PT y PVEM impusieron al pueblo las siguientes leyes reformadas: Desaparición del INSABI, asignación de vías férreas, del espacio aéreo, Ley general del Impuesto del Turismo, venta de bienes nacionales, desaparición del Conacyt, extinción financiera rural y minería.
Ante este escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dijo que lo sucedido en este órgano legislativo en las últimas 24 horas no se puede esconder, pues es la expresión de las dos visiones de país y la manera como pensamos una parte del país contra la otra.
Tras una sesión ordinaria de más de 24 horas continuas, donde se aprobaron nueve iniciativas por la mayoría de Morena y sus partidos aliados, advirtió que serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Añadió que el debate estará en la palabra “urgencia” porque se debe saber si había realmente una necesidad imperiosa para hacer todo lo que se hizo, por ejemplo, la Ley de Ciencia y Tecnología, la transferencia del Sistema de Salud al IMSS Bienestar, el hecho de haber dado una orientación distinta a lo que eran las contribuciones o los impuestos al turismo, por ejemplo, y canalizarlos a la infraestructura.
“Todo eso, digamos, tiene parámetros sobre lo que es urgencia, urgencia. Para darles una idea en términos sencillos: sería que en caso de un desastre natural que tuviéramos que hacer una ley para realizar una asignación presupuestaria a fin de enfrentar una situación realmente inesperada”, puntualizó.
“Entonces, la Corte ha tenido sus parámetros, y les anticipo una cosa: estoy seguro que como lo ha hecho la Corte, ustedes saben que hoy se confirma ya la suspensión definitiva en lo que es el Plan B”, agregó.
Aseguró que la suspensión definitiva de una parte del denominado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por el titular del Ejecutivo Federal, obedece a que la SCJN salvaguardó los valores de la democracia.
Apuntó que la suspensión del decreto legislativo tiene que ver con el análisis que hizo el Alto Tribunal al procedimiento parlamentario para su aprobación, y esto mismo podría aplicarse a las reformas que se realizaron a diversas leyes en la sesión de esta semana en la Cámara de Diputados.
Creel Miranda reiteró que en el eventual caso de que se impugnen las reformas aprobadas, el debate en la Suprema Corte se centrará en la palabra urgencia.