Tras amplio debate que se prolongó por cinco horas, el pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen para expedir la Ley de Planeación de la Ciudad de México, presentado por las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo y de Administración Pública Local, con base en varias iniciativas, entre ellas la enviada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.
La diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, presidenta de la de Administración Pública Local, recordó que la Constitución de la Ciudad de México establece un sistema de planeación a largo plazo, con una visión a futuro, a través del establecimiento de distintos instrumentos de planeación. “La planeación para el desarrollo es un mandato constitucional y se asume como una política de Estado, la cual fortalece la democracia por medio de una amplia participación ciudadana”.
La legisladora de MORENA explicó que este dictamen tiene como principios rectores el enfoque de derechos, desarrollo sustentable, resultados, participación ciudadana, gobierno abierto y visión integradora.
Indicó que la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México tiene como finalidades definir los objetivos de la planeación del desarrollo; establecer las atribuciones de las autoridades responsables de la planeación; las reglas para la creación y funcionamiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva; el proceso integral de planeación mediante un sistema; los fundamentos para articular el Sistema de Planeación con el Sistema Integral de Derechos Humanos; los instrumentos de planeación del desarrollo; e instituir los mecanismos de control democrático, concertación y participación ciudadana en el proceso de planeación.
“La planeación de la Ciudad de México considera al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva como el responsable de construir una visión compartida de ciudad. Éste definirá junto con la ciudadanía, hacia dónde deseamos avanzar y cómo se deben construir los instrumentos de planeación y quiénes serán los responsables de ejecutarlo”, señaló.
Explicó que se prevé la elaboración de instrumentos de planeación, con el Plan General y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México como instrumentos principales, a partir de los cuales se formularán los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones y los programas parciales de las colonias, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como los instrumentos de planeación y programación institucional, como el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, los programas de gobierno de las alcaldías y los programas sectoriales, institucionales y especiales.
Aseguró que esta ley busca garantizar la participación ciudadana en los diversos momentos del proceso de la planeación de manera individual y colectiva, y considerar la necesidad de articular los instrumentos de planeación, a través del territorio, gasto público, definición de políticas, proyectos, obras, acciones e inversiones.
Guadalupe Chavira explicó que el Consejo de Evaluación, con base en los objetivos y metas de los instrumentos de planeación, llevará a afecto la evaluación externa, a partir de un sistema de monitoreo para establecer, en coordinación con el Instituto, la evaluación de las diversas etapas del proceso de planeación, en el marco del sistema integral de derechos humanos y del sistema de planeación.
“Estoy convencida que estamos diseñando desde este Congreso de la ciudad un cambio cualitativo de visión de nuestra ciudad, estamos recuperando y le estamos dando rumbo a la ciudad porque estamos legislando para la gente”, afirmó.
En el marco de la presentación y discusión del dictamen, la diputada América Rangel Lorenzana (PAN) presentó una moción suspensiva, por considerar que el documento no presenta el estudio del impacto presupuestal requerido, con la estimación de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del Instituto de Planeación, por lo que solicitó se regresara a las comisiones dictaminadoras. Sin embargo, la moción no fue aprobada y se rechazó por votación mayoritaria de las y los legisladores.
El diputado Federico Döring Casar presentó un voto particular
El diputado Federico Döring Casar, del PAN, presentó un voto particular e indicó no compartir el dictamen, y afirmó que no contiene los mandatos del Constituyente, ni de los ciudadanos. “No hay media sílaba en el dictamen que hable de una sola aportación ciudadana y que esté en la exposición de motivos. Lo que se pretende es hacer un fraude legislativo al haber convocado a los foros y después no incorporar al dictamen las propuestas de los ciudadanos”, dijo.
Indicó que el proyecto en discusión no contempla candados de participación ciudadana, no establece plazos específicos para consultar cada instrumento, ni las formas en que cada instrumento será concertado.
En materia del Instituto de Planeación, agregó, no tiene candados ni filtros ciudadanos. En derechos humanos, a pesar de que se crea el Consejo de Evaluación, el gobierno realizará la metodología para determinar cómo evaluar la satisfacción de derechos humanos
Por lo que corresponde a la planeación, añadió el legislador, hay dos temas que no se quisieron aceptar: La gestión integral de riesgos y la factibilidad hídrica.
“La Constitución de la Ciudad de México le dio la oportunidad a este Congreso de hacer historia, de innovar, de hacer una planeación distinta, de ponerla en la mano de los ciudadanos, de sacar a los políticos del manoseo del cártel inmobiliario y de los usos de suelo y el desarrollo urbano de la ciudad; y les quedó grande la agenda a muchos”, advirtió.
En el debate, diputadas hablan en pro del dictamen
A favor de este dictamen, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA) aseguró que éste se construyó en forma plural, con las aportaciones de las y los habitantes de las 16 alcaldías, “este es un instrumento que se construyó con las voces de todas y todos”, por lo que contribuirá a la construcción de una ciudad justa, que permitirá una planeación justa y democrática, con la participación de todos los sectores de la población, con una visión de la ciudad a 20 años.
Puntualizó que ésta es una ley reglamentaria del artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México, y que entre sus objetivos tiene garantizar el derecho al uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, y contribuir a la redistribución del ingreso y la riqueza en la capital, además de dar vida al Instituto de Planeación del Desarrollo.
La diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) argumentó que este dictamen incluye diversos conceptos surgidos de propuestas ciudadanas, como enfoque territorial, perspectiva de género, inclusión y accesibilidad, diseño universal, interculturalidad, sustentabilidad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como aportaciones de las iniciativas presentadas por los diputados Federico Döring y Víctor Hugo Lobo; y que éste se construyó desde la responsabilidad pública de las y los legisladores participantes, basadas en los principios de democracia, participación ciudadana, trasparencia, sustentabilidad y reconocimiento de los derechos humanos de las y los habitantes de la capital.
“Esta ley, este sistema de planeación, es una visión innovadora a fin de transformar el territorio y las acciones económicas sociales que permitirán que el Estado recupere su papel rector del desarrollo de la ciudad, con el propósito de alcanzar una mejor distribución de las oportunidades y beneficios sociales de vivir en nuestra ciudad”, indicó.
Con relación al tema del carácter autónomo o descentralizado del Instituto de Planeación, la diputada Guadalupe Chavira aseguró que éste es un órgano con autonomía presupuestaria y patrimonio propio, pero no con autonomía plena, por no estar establecido en la ley y ser un instituto estratégico para la ciudad, “como un descentralizado no sectorizado”.
PAN y PRD hablaron en contra del dictamen
La diputada Gabriela Salido, del PAN, lamentó el retraso de la presentación y aprobación de ley en la materia, porque no se cumplieron las características ordenadas por la Constitución de la Ciudad de México: La planeación será democrática, participativa, descentralizada, transparente, transversal y de deliberación pública.
“Con este dictamen se pretende hacer de la planeación un procedimiento autocrático, restringido y dirigido desde el Ejecutivo local; con instrumentos de participación ciudadana mal diseñados, sujeto a la voluntad de la Jefatura de Gobierno. El gobierno quiere desde el Instituto de Planeación hacer una Secretaría más”, indicó.
Acusó que el dictamen está basado en el cálculo político, incluso que el proyecto no fue elaborado en las comisiones unidas de Administración Pública Local y Planeación del Desarrollo, “fue dictado desde la Secretaría de Gobierno y no se tuvo la disposición para escuchar la opinión de los legisladores y de los ciudadanos”.
También el legislador Víctor Hugo Lobo Román, del grupo parlamentario del PRD, habló en contra del proyecto. Aseguró que el Poder Legislativo local tenía la oportunidad de brindar una planeación con sustentabilidad. El Constituyente, dijo, estableció cuál tenía que ser la construcción de la ley en la materia.
“A los ciudadanos les digo que no tienen candados para impedir lo que pasará en sus colonias. Las propuestas hechas fueron desechadas, a pesar de que se pudo construir una ley con perspectiva para la Ciudad de México”, resaltó.
Al conocer las reservas hechas por integrantes del grupo parlamentario de MORENA, aseguró que éstas muestran “que el dictamen no tiene sustento, no tiene discusión, la cantidad de reservas evidencia la falta de profesionalismo del grupo mayoritario. Sería más sensato retirar el documento y revisarlo”.
Por la bancada del PAN, la diputada Margarita Saldaña recordó que la Asamblea Constituyente incluyó en el articulado de la Carta Magna local que la planeación de la ciudad tendría que ser democrática, participativa, transparente, entre otros.
“Ahí mismo se habló del Instituto de Planeación, se dijo que debería ser público, con autonomía técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Fue una petición de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Constituyente, todos estábamos en favor de que debería ser autónomo para garantizar que la planeación de la ciudad fuese de largo plazo”, indicó.
En el desarrollo del debate, y para razonar su voto el diputado Miguel Ángel Salazar (PRI) argumentó que el dictamen en discusión tiene carencias e incumple con los ordenamientos constitucionales. “No se enlistan las observaciones de los ciudadanos, sólo se dice que se recibieron, pero no sabemos cuáles o qué parte de estas observaciones fueron retomadas”.
El diputado Jorge Gaviño (PRD) también subió a tribuna y aseguró que la ley en discusión presenta errores, ya que indica que aprobación de la Dirección General del Instituto de Planeación se realizará con la mayoría calificada de los miembros presentes en el pleno del Congreso local; sin embargo, la Constitución capitalina establece que será mayoría calificada del Congreso. Otro error, dijo, se refiere a los Comités: Técnico de selección y de selección. “Lo que se quiere es dictaminar dos comités, uno que maneje el Ejecutivo y otro que sea nombrado por el Congreso”.
En lo general, el dictamen fue aprobado en votación dividida, con 42 votos a favor y 18 en contra. Asimismo, se recibieron diversas reservas a este dictamen que se votaron en lo particular. Con las modificaciones, el dictamen se aprobó con 39 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
Se aprobaron las reservas de la diputada Donají Olivera (MORENA) a los artículos 22 y 27; Gabriela Osorio (MORENA) al artículo séptimo transitorio; Marisela Zúñiga (MORENA) a los artículos 43, 51 y 14 transitorio; América Rangel (PAN) al artículo 19; Paula Soto (MORENA) 9, 19, 21, 28 y 72; Valentina Batres (MORENA) quinto transitorio; y Circe Camacho (PT) 43, 65 y octavo transitorio.
Asimismo, se desecharon las reservas del diputado Federico Döring (PAN) a los artículos 21, 10, 28 y 29, 7 transitorio, 16 transitorio y 13; y América Rangel (PAN) al artículo 13. Después de argumentar que no había un debate real, las fracciones parlamentarias del PRD y del PAN retiraron sus reservas, que habían presentado los diputados Jorge Triana, Christian Von Roerich, Gabriela Salido, Mauricio Tabe, Margarita Saldaña y Patricia Báez, del PAN, y Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, del PRD.