Como parte de un proceso de construcción legislativa colectiva, impulsado desde el Congreso de la Ciudad de México, el diputado local José Luis Rodríguez Díaz de León encabezó este lunes el foro Corrupción, derechos humanos y responsabilidad de los servidores públicos.
“Este Congreso sólo puede tener resultados si se abre a la ciudadanía, si genera un esquema de construcción legislativa diferente, donde la voz de los ciudadanos tenga eco en esta tribuna, y se genere un esquema parlamentario diferente, con la rendición de cuentas como uno de sus ejes fundamentales”, afirmó.
El legislador, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, explicó que con este foro se pretende construir un espacio de diálogo y reflexión que contribuya a desarrollar políticas públicas que permitan una mejor rendición de cuentas.
Informó que en los últimos cinco años se han realizado 916 auditorías en la capital, con un costo cercano a los 3 mil 700 millones de pesos, que han arrojado menos de 100 procedimientos resarcitorios.
Rodríguez, integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, destacó la importancia de realizar la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos públicos desde una óptica de derechos humanos. “Es muy importante vincular la rendición de cuentas con una perspectiva de derechos humanos, porque impacta de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad, en su desarrollo y en oportunidades de mejores condiciones de vida”.
La moderadora del foro, abogada América López Pelcastre, comentó que la corrupción es considerada el segundo problema más grave que enfrenta México, sólo después de la delincuencia e inseguridad.
Señaló que la organización Transparencia Internacional calificó a México en 2010 con 31 puntos en el Índice de Percepción a la Corrupción; en 2012 con 34, y en 2018 con 28, -en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia-, lo cual significa un marcado retroceso en la lucha contra la corrupción durante los últimos seis años. Agregó que actualmente México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
Durante su intervención, Omar González Vega, titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, destacó que todo acto de corrupción conlleva la transgresión de uno o varios derechos humanos, por lo que su combate debe ser una prioridad de todo gobierno, mediante la generación de una conciencia en los servidores públicos de que su actuación debe girar en torno a la responsabilidad, la honradez, la honestidad, eficacia, la buena aplicación del presupuesto y correcta ejecución de los programas sociales.
Aseguró que “la democracia es el gobierno en el que todos somos responsables”, por lo que es necesario que exista una corresponsabilidad entre gobierno y gobernados, éstos últimos encargados de exigir resultados y participar dentro de las acciones democráticas del país. “Los países con menores índices de corrupción tienen una sociedad más responsable, es decir, que exigen cuentas y son críticos ante los gobernantes”.
En su intervención, Rosa María Sabal Cortés, fundadora del proyecto Agencia Barrio y con más de 15 años de experiencia en el diseño de políticas urbanas con perspectiva social, lamentó que la corrupción se ha vuelto parte de la cotidianidad y de la convivencia normal en esta ciudad.
“La corrupción es estar fuera de la ley para obtener un beneficio propio, que perjudica al bien común y a los derechos de todos. Combatir la corrupción desde una esfera administrativa implica obligar al corrupto a resarcir el daño”.
En tanto, Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, indicó que la corrupción no sólo implica el abuso del poder por parte de quien la ejerce, sino violaciones de derechos humanos.
Dentro de los actos de corrupción, el académico indicó que de todas las acciones de corrupción, las que más afectan a la sociedad son los sobornos, el desvío de recursos, pero en especial, la captura estatal a favor de particulares; “es el peor tipo de corrupción ya que el Estado trabaja para los intereses de unos pocos y afecta a los más vulnerables, ya que implica la distorsión del diseño de las políticas públicas”. También aseguró que las mujeres son quienes sufren más actos de corrupción.
En su mensaje final, el diputado José Luis Rodríguez resaltó la importancia de realizar foros abiertos a la población, que permitan a la ciudadanía incidir en la creación de leyes, contribuyan en el cambio de pautas de conducta y la convivencia colectiva, para erradicar esquemas de corrupción e impunidad.
“No tenemos por qué aceptar como sentencias la corrupción ni la impunidad, tenemos que cambiarlas. Una ciudadanía informada va a ser una ciudadanía consciente y que no va a permitir que regresemos a modelos de corrupción e impunidad”, concluyó.