Durante la cuarta sesión del Foro Ciudadano por la CDMX, especialistas en desarrollo social coincidieron que el combate a la pobreza y la desigualdad, son dos de los principales retos de la política social del Gobierno de la Ciudad, que se evidenciaron tras la presencia del COVID-19.
En el foro, organizado por las dirigencias de los partidos Acción Nacional, de la Revolucion Democrática, Revolucionario Institucional y del Verde Ecologísta de la Ciudad de México, los especialistas destacaron que es necesario dejar de ver la política social como un tema electoral y empezar a entenderlo como uno de desarrollo e igualdad.
Durante su participación, el Doctor Alfonso Rivera, afirmó que la política social tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos para lograr su bienestar, sin embargo, hay programas que simplemente atenúan o disminuyen los problemas, pero no los resuelven.
“Los programas sociales en mayor o menor medida se han diseñado solo para dar, para otorgar y eso no soluciona el problema solo contribuye a perpetuar la pobreza a crear grupos cautivos, a generar clientelismo político, pero no atacan el problema de raíz, pocos son los que van a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.
Dijo que si bien los programas emergentes de apoyo social por la emergencia sanitaria son positivos por su temporalidad, es necesario diseñar programas que permitan a quienes realmente lo necesitan, salir de la pobreza y no sólo recibir “una dádiva que le ayuda, pero que no le ayuda a resolver su situación y a mejorar condiciones de vida”.
Al respecto, el Dr. Ricardo Velázquez Leyer comentó que si bien la política social se ha ampliado en los últimos años y ha permitido a muchas familias acceder a algunos recursos, no ha sido del todo óptima e incluso se han visualizado fallas en esta emergencia sanitaria tanto a nivel federal como local.
En su opinión, podría mejorarse el diseño e implementación de la política social a través de la universalidad de los programas y la participación de la sociedad civil para continuar con el combate al clientelismo político y al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los funcionarios “de calle”, pues son éstos los que llevan a cabo las estrategias.
Explicó que el universalismo de la política social permite a un Estado, a través de la aportación de los impuestos de las clases medias, a contar con mayores recursos públicos para destinarlos a los programas sociales y eso resulta en mayores beneficios para los sectores más pobres o vulnerables.
“Cuando las clases medias empiezan a recibir prestaciones y servicios, comienzan a contribuir con más impuestos para tener mayor financiamiento para la política social y entonces, puede tener mayor éxito en los gobiernos en el combate a la pobreza y la desigualdad”.
Agregó que “los programas universales promueven una auténtica construcción de solidaridad social y ciudadanía, el universalismo es una herramienta para promover la solidaridad social”, de ahí la importancia de incorporar la voz de la sociedad civil organizada y no organizada para identificar cuáles son las causas de los problemas sociales y cuáles deben ser los objetivos del gobierno para atenderlas y poder diseñar los instrumentos para alcanzar esos objetivos.
Asimismo, se pronunció por la claridad en las reglas de operación, a la evaluación de la política pública y el reconocimiento a los funcionarios de primer contacto con los ciudadanos, toda vez que ellos son los que realizan la labor más importante porque materializan la acción de un Estado.
En su oportunidad, el Dr. Gonzalo Hernández señaló que los derechos sociales son el hilo conductor de la política social, por ello el acceso a un ingreso laboral permite reducir la desigualdad en medio del avance de los procesos de evaluación.
Reconoció que el incremento del salario mínimo en la Ciudad de México compensó la pérdida de empleo formal, sin embargo, la pandemia por el Covid 19, pega a todos los sectores y por ello la pobreza será mayor este año, por lo que el índice de desigualdad de la población vulnerable también se incrementará.
“A pesar de que la Ciudad de México Eno es la entidad más desigual del país, es la que más aporta a la desigualdad nacional. Hay un reto para el país y para la ciudad el poder tener elementos sociales económicos que reduzcan la desigualdad porque si se reduce en la ciudad de México, se reduce fuertemente en el país”.
Dijo que los programas y estrategias sociales de la Ciudad de México para fortalecer el acceso efectivo a los derechos son insuficientes e incluso, casi no hay evaluaciones que refieran la efectividad de esta política.
“El acceso efectivo de los derechos va más allá de la transparencia monetaria, eso es insuficiente. Con una beca para la escuela sin que ésta mejore, no estamos dándole un acceso efectivo sino una lanita para que vaya a la escuela, pero si la escuela es de mala calidad, el acceso efectivo no se da; si el servicio de salud es de mala calidad, el acceso efectivo no está; si hay lana para mujeres con hijos y luego no hay guarderías, no hay estancias, se quedan con la lana pero no hay acceso efectivo”.
Por ello considera que preservar el acceso efectivo a los programas solo puede darse a través de la evaluación, de la transparencia, pues en la medida que el gobierno conozca información útil, por más cruda que ésta sea, podrá establecer acciones que permitan reducir la desigualdad.
La cuarta mesa del Foro Ciudadano por la CDMX estuvo organizada por los dirigentes del PAN, Andrés Atayde; del PRD, Nora Arias; del PRI, Israel Betanzos y del PVEM, Jesús Sesma y Leonel Luna, respectivamente.