En un día histórico para el Congreso de la Ciudad de México, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia avalaron por primera vez una reforma constitucional federal para modificar los artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de dominio.
Los legisladores locales integrantes de ambas comisiones aprobaron en forma unánime el dictamen que se llevará mañana al pleno del Congreso capitalino para ser votado, el cual reforma el artículo 22 y la sección 30 del artículo 73, lo que permitiría al Estado retirar la propiedad de inmuebles por motivo de delitos de corrupción, entre otros ilícitos.
El diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, explicó que a partir de las recientes reformas políticas efectuadas en la Ciudad de México, el Congreso local obtuvo la facultad de participar de la aprobación de reformas a la Constitución Política Federal.
“Desde 1824, por primera vez la Ciudad de México participa en una reforma constitucional”, destacó el diputado Ricardo Ruiz Suárez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.
El diputado Eduardo Santillán Pérez, de MORENA, coincidió en que esta es la primera vez que el Congreso de la Ciudad de México toma parte en la aprobación de reformas a la Constitución federal. “Este es un gran momento para el Congreso de la Ciudad de México”, expresó.
El legislador panista Diego Garrido López adelantó que la extinción de dominio por motivos de corrupción contribuiría al combate contra el crimen organizado.
Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del PRD, expresó que por primera vez el Congreso de la Ciudad de México usa sus facultades legislativas para aprobar o rechazar una reforma constitucional.
Gaviño Ambriz acotó que a pesar de sus limitaciones, el uso de esta facultad representa un avance importante para la capital y sus habitantes, así como en el combate contra diversos ilícitos, como la corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, recursos de procedencia ilícita, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos.