Señalado como responsable de la desaparición de 5.7 millones de pesos, al haber recibido 14 millones de pesos para construir juzgados orales y presentar gastos sin comprobar, el magistrado Carlos Vargas Martínez es investigado y podría ser sujeto de acción penal.
Ya se venció el plazo para que el magistrado explique donde quedó el faltante de los recursos federales que no fueron utilizados en la construcción de juzgados orales penales, cuando él fungía como Oficial Mayor del Tribunal Superior de justicia de la ciudad de México.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), abrió una investigación para deslindar responsabilidades y determinar el por qué el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, no regresó ese monto que corresponden a partidas federales que fueron entregados en el ejercicio 2015 como parte del Fondo de Capitalidad, Ramo 23, atribuibles directamente al magistrado Carlos Vargas Martínez.
SE GASTÓ TODO. ENTREGÓ UN CENTAVO DE SOBRANTE
Según el expediente CG DGAJR DRS 0142/2018, se entregaron un total de 14 millones a la ciudad de México, de los cuales más de cinco millones, 700 mil pesos fueron comprometidos para la construcción de juzgados orales penales en los reclusorios Norte y Oriente. La inversión representó el 69.3 por ciento del monto total que se destinó a la capital del país.
El Tribunal Superior de Justicia, determino que para la construcción de los juzgados orales se ocuparon 5.7 millones de pesos destinados bajo un esquema de financiamiento bianual (2015-2016); además, como parte de lo planteado en el Ramo 23, el órgano jurisdiccional sólo tenía que comprobar el ejercicio de los recursos con facturas y una serie de requisitos fiscales.
Sin embargo, el oficial mayor, Carlos Vargas Martínez, reporta un saldo de reintegro sobre los recursos del Fondo de Capitalidad de 0.01 pesos, motivo por el que la Auditoria Superior de la Federación le dio como plazo hasta mañana 15 de enero para entregar los comprobantes y facturas que demuestren que el recurso del ramo 23 se ejerció de manera correcta.
Cabe señalar que el magistrado Vargas Martínez, tiene un negro pasado, fue el encargado de realizar el trabajo sucio a Édgar Elías Azar, entonces presidente del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, por lo cual, desde entonces, se solicitó que fuera sometido a auditoría por los antecedentes de los malos manejos que había del dinero del erario, irregularidades y fraudes en contra de la institución.
De acuerdo con la notificación que le envió la Contraloría General de la CDMX, Vargas Martínez tendrá que comparecer hoy y explicar su dicho, respecto a estos 5.7 millones de pesos que andan perdidos y que pasaron por sus manos.