Diputados, urbanistas y organizaciones sociales coincidieron en que es preciso detener la gentrificación de la Ciudad de México a través de la recuperación e impulso del Instituto de Vivienda (Invi), de reducir el costo del suelo y desincentivar las megaconstrucciones que han afectado a miles de familias en la capital del país.
El diputado Fernando Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, destacó la importancia de hacer efectivo el derecho a la ciudad, el derecho que tienen los capitalinos de permanecer en el lugar donde nacieron y se desarrollaron, pues actualmente se está dando el fenómeno de construir megadesarrollos en las zonas industriales, como el caso de las colonias Granada y Vallejo.
Los habitantes de los barrios populares, lamentó Aboitiz, han tenido que ir abandonando sus viviendas por los altos costos que representa vivir en esas zonas y el encarecimiento de los servicios de luz, agua, predial, por lo que propuso invertir más recursos en el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) para la construcción de más vivienda social, así como generar un programa de recuperación de cartera vencida para que se pueda apoyar a más personas.
La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso capitalino y la organización social Coordinación Integral de la Ciudad de México, organizaron el foro Políticas de vivienda en la Ciudad de México para analizar los problemas en torno a la vivienda social en la capital.
Durante la primera mesa de análisis, el urbanista Enrique Soto denunció: “Los pobres no caben en la ciudad en las condiciones en las que están actualmente los mercados inmobiliarios”, pues el costo del suelo en la capital es muy caro. “Donde está más económico es suelo de conservación, barrancas y terreno peligroso, que es donde se están dando los asentamientos irregulares”. Por eso planteó la necesidad de buscar alternativas para disminuir el coso del suelo o “cuando menos estabilizarlo o capturar la plusvalía”.
En tanto, Jaime Rello, integrante del Movimiento Urbano Popular, se manifestó en contra de las modificaciones del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, recientemente aprobadas en el pleno. “Trabajamos mucho en el artículo de la Ley de Derechos Humanos, que decía que a las víctimas de desalojos forzosos el gobierno tenía la obligación de realojarlas”, tal como está establecido en el protocolo de la Organización de las Naciones Unidas, dijo.
El problema surgió, destacó Rello, cuando los capitales inmobiliarios y los tribunales empezaron a hacer una campaña en los medios de comunicación para que se modificara la redacción original, con el argumento de que se ponía en riesgo la propiedad privada.
Esto no era así porque la medida únicamente aplicaba a desalojos forzosos, “que sin ningún juicio lleguen a tu casa, como están llegando las mafias, y están llegando todo mundo, y llegan a sacarte de tu vivienda, o hay un proceso legal viciado de corrupción”, denunció el integrante del Movimiento Urbano Popular.
Durante la segunda mesa, titulada “Normatividad en la Vivienda”, las representantes de vivienda indígena, Petra Ignacio Matías y Josefina Flores, hicieron un llamado al gobierno para que las comunidades indígenas sean incorporadas en las políticas de vivienda, con un presupuesto especial, además de crear espacios para que desarrollen su cultura, la medicina tradicional, así como sus usos y costumbres.
Detallaron que han vivido en predios de alto riego que cuidaron hasta por 40 años, los que, al fallecer los dueños, “el monstruo millonario”, es decir, las grandes inmobiliarias, hacen los arreglos necesarios para lograr desalojos inhumanos en contra de familias pobres que habitaron esos sitios, para después vender a precios a los que no podrán acceder sus comunidades o las personas de más bajos recursos.
Sostuvieron que son producto de la migración que genera la pobreza al interior del país y que el único objetivo no es sólo darle de comer a sus familias, sino darles la oportunidad de que tengan una mejor calidad de vida.
El director general de seguimiento de programas de la SEDATU, Arberto Martínez Flores, dijo por su parte que uno de los retos que afronta la CDMX es el rezago de la producción de vivienda social, por lo que sugirió explorar la posibilidad de tener fuentes de financiamiento alterno.
Detalló que 78 por ciento de la vivienda que se generó a través de la Norma 26 en los últimos años no cumplió con los requisitos del precio de venta. Por lo anterior, se manifestó en favor del establecimiento de un control del precio de suelo en el centro de la capital del país.
Finalmente, la subdirectora de Protección al Patrimonio de Salvamento Arqueológico del INAH, Cecilia Susana Lam García, señaló que el instituto no tiene un presupuesto destinado para que quienes detectan la existencia de vestigios puedan continuar sus obras, es decir, que son los habitantes quienes deben aportar recursos e iniciar los trámites correspondientes,
Sin embargo, afirmó que de un tiempo a la fecha se han logrado abatir los tiempos de respuesta para que las familias tengan certeza de sus viviendas.