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La Comisión de Gobernación y Población analiza un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, a que, a la brevedad, actualicen y fortalezcan sus protocolos y medidas de auxilio y protección a las mujeres, ante el incremento de presuntos intentos de secuestro.

La diputada Claudia Pastor Badilla, promotora de la propuesta, señaló que es necesario que los funcionarios informen sobre las acciones emprendidas y sus resultados, entre ellas, el mantenimiento a las cámaras de vigilancia y los botones de pánico, a partir de diversas denuncias de personas que presuntamente fueron objeto de intento de secuestro en estaciones o inmediaciones del Metro.

Pastor Badilla destacó que en las últimas semanas han incrementado las denuncias de mujeres que aseguran haber sido objeto de agresiones y conatos de rapto en el Sistema de Transporte Colectivo, presuntamente por organizaciones del crimen organizado dedicadas a la trata de personas.

De acuerdo con testimonios, en este medio de transporte operan con impunidad durante el día, bandas delictivas que amedrentan a las mujeres en vagones, andenes y torniquetes, o bien, en sus inmediaciones. Las intentan subir a vehículos particulares contra su voluntad, intimidándolas y amenazándolas de muerte si gritan o piden algún tipo de ayuda, mencionó.

Subrayó que pese a que las autoridades capitalinas sostienen que hay denuncias y que por ello no pueden investigar, diferentes medios de comunicación han documentado más de 150 casos “dejando claro la falta de interés y compromiso para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público e identificar y sancionar este ilícito que pone en peligro la integridad de niñas, adolescentes y jóvenes”.

Advirtió que las áreas de transbordo son de alta vulnerabilidad para estos delitos que no sólo acontecen en la noche: han denunciado principalmente en las estaciones Martín Carrera, Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita.

También se han identificado abusos en las estaciones Puebla, Eduardo Molina, Tacubaya y transbordo de la línea 3.

“Los intentos de secuestro, robos, asaltos, extorsiones y acoso sexual en el Metro dejan de manifiesto que la actual estrategia de seguridad es fallida, por lo que urge actualizar los protocolos, mejorar las medidas de apoyo a las víctimas y desarticular las bandas delictivas”, destacó.

Consideró que la disminución de estas violaciones no se dará sólo con el incremento de elementos de vigilancia; se requiere el uso de tecnología, herramientas de inteligencia y sanción del personal que esté involucrado con organizaciones del crimen.

También debe haber mejor capacitación, adiestramiento y equipamiento para que las autoridades puedan enfrentar a los criminales, pues muchas de las víctimas, cuando acuden a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, han sido objeto de una revictimización, ya que enfrentan la negativa de las autoridades para levantar su denuncia por el tipo penal correspondiente e iniciar las investigaciones para castigar conforme a derecho a los responsables.

“Estas denuncias evidencian la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre el funcionamiento del Metro y transparentar, entre otros aspectos, los montos asignados para el personal de seguridad, los servidores públicos sancionados por su colusión con bandas delictivas y los resultados de las estrategias de protección a los usuarios”, concluyó.

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