“Esta ciudad creció mucho tiempo en forma desordenada y ya no puede seguir así. Debemos tener una prospectiva, una perspectiva a 20 años que nos permita pensar cómo queremos esta ciudad, cómo la encontramos ahorita y cómo tenemos que ir caminando gradualmente con una visión muy clara, que no dependa de ocurrencias de los gobernantes en turno, sino que tenga una visión de mediano plazo”, afirmó el diputado Ricardo Ruiz Suárez.
Al inaugurar el segundo día de actividades del foro Desarrollo y planeación democrática para la Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino explicó que la planeación, junto con el derecho a la ciudad de la población, son dos temas centrales para la capital y pilares de la Constitución local. “Estamos en el proceso de construcción de la Ley de Planeación, que tenemos que dictaminar y aprobar muy pronto, y estos foros son fundamentales”.
“Se trata de hacer una ley que técnica y jurídicamente sea impecable en todos sentidos, también que sea una ley que tenga legitimidad social, que haya realmente una visión de los habitantes de esta ciudad”, expuso el legislador de la fracción parlamentaria de MORENA, durante la mesa Elementos para la planeación del desarrollo.
Por su parte, el diputado Federico Döring Casar, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo, aseguró que uno de los grandes retos del Congreso local es elaborar una Ley de Planeación del Desarrollo que plasme con el más alto rigor técnico una visión a 20 años, incorpore los conocimientos y experiencias de los expertos, y garantice a la población el derecho a una ciudad.
El legislador del grupo parlamentario del PAN se pronunció por una legislación que defina claramente cuál es el suelo edificable y no edificable en la Ciudad de México, a través de la regulación precisa del uso de suelo.
“El suelo edificable hace eso: reconoce que el suelo es un derecho colectivo, que es el bien público y el espacio público por excelencia de la ciudad, y que no es apropiable ni privatizable, para tratar de cambiar la dinámica en la que vive la ciudad”, expresó.
Sugirió cambiar el esquema legal actual para que no sea el mercado el que defina cómo y hacia dónde crece la ciudad. “El suelo nos pertenece a todos y no es apropiable ni enajenable, mucho menos a billetazos”.
En su participación, la investigadora Beatriz Cárdenas se refirió a la importancia del cuidado de la calidad del aire, y recordó que en el país existen normas ambientales para diversos contaminantes como partículas suspendidas PM10 y PM2.5, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre y plomo, que representan riesgos para la salud humana, la biodiversidad, el suelo y los cuerpos de agua.
En este sentido, reconoció que la calidad del aire en la Ciudad de México está bien monitoreada y que actualmente ésta es mejor que hace 30 años.
María Elena Martínez Carranza, experta en planeación, gestión y seguridad urbana, movilidad y administración pública, aseguró que la Ley de Planeación del Desarrollo es un reto que no puede abstraerse de la coordinación metropolitana entre la capital, el Estado de México e Hidalgo. “Lo que pasa en la Ciudad de México tiene impacto en todo lo demás”.
Detalló que muchos de los problemas principales de la Zona Metropolitana y su núcleo tienen origen en la inequidad de la distribución de la infraestructura, servicios, transporte, agua potable, manejo de residuos sólidos y espacio público.
Informó que 40 por ciento de la población cruza al menos una barrera municipal para llegar a su trabajo y que estos largos trayectos incentivan largos tiempos de traslado, compra de vehículos, tráfico, baja calidad de vida y riesgos en el transporte público, por lo que aseguró que la estrategia de movilidad urbana debe basarse en un transporte público masivo, eficiente e incluyente.
Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, presentó una serie de observaciones a las iniciativas de Ley de Planeación del Desarrollo desde una visión para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, a fin de reducir desastres futuros y mitigar amenazas.
Mencionó al uso de suelo como uno de los temas centrales en una ciudad de alta exposición a amenazas por efectos de sitio y vulnerabilidad social, física y estructural. “En esta ciudad no hay probabilidad sísmica, hay certeza sísmica”.
Enrique Ortiz Flores, académico y conferencista internacional, señaló que la participación social debe incidir en la toma de decisiones y no sólo servir para legitimar lo que ya se decidió.
Además, destacó que esta ley debe elaborarse en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la Constitución local.
Indicó que el derecho a la ciudad de los habitantes de la capital es la articulación de todos los derechos reconocidos y por reconocer en la ciudad, como un derecho colectivo y complejo. “Es el derecho de todos a lo que la ciudad genera”, incluido el derecho a participar en la planeación de la ciudad.