Para prevenir y combatir la corrupción, al evitar que queden impunes conductas infractoras y dañinas a la hacienda pública de la capital por parte de servidores públicos, el Congreso capitalino analiza una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
“Ningún esfuerzo será suficiente para combatir la corrupción. Con esta pequeña, pero significativa reforma se fortalecerá la actuación de las autoridades en los procedimientos en los que no se imponga sanción por motivo de lo previsto en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México”, explicó la diputada Lilia Rossbach Suárez en su presentación en tribuna ante el pleno del Congreso.
Esta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el párrafo cuarto y adiciona un párrafo quinto al artículo 50 de dicha ley, fue suscrita por las diputadas Lilia Rossbach y Valentina Batres Guadarrama, ambas integrantes del grupo parlamentario de MORENA.
“La presente iniciativa busca robustecer la actuación de las autoridades resolutoras en la aplicación de dicha ley. El servicio público requiere que quienes lo desempeñen honren con su conducta el encargo del que son objeto, ya que esa es la forma más directa de combate a la corrupción”, afirmó la legisladora.
Informó que esta iniciativa tiene como finalidad garantizar que los servidores públicos cumplan en su labor con los principios de transparencia, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público, evitando que queden impunes conductas infractoras y dañinas a la hacienda pública de la capital.
Lilia Rossbach indicó que las reformas planteadas establecen que las autoridades resolutoras -como la Secretaría de la Contraloría General y los órganos internos de control-, “dejen de abstenerse de imponer sanciones por faltas administrativas no graves, conforme al artículo 75, sin que se verifique plenamente el resarcimiento o recuperación del daño y en su caso perjuicio a la Hacienda Pública, y siempre que este no exceda de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”.
Agregó que se propone que las autoridades resolutoras de los procesos administrativos “cuenten con el sustento normativo suficiente para garantizar y llevar a cabo el debido proceso y tengan la obligación legal de emitir la resolución de cada caso concreto”.
En este sentido, Rossbach Suárez aseguró que la legislación actual es omisa de la ruta procesal que deba darse a los expedientes que caigan en el supuesto del párrafo 4 del artículo 50, dando lugar a posibles irregularidades en los procedimientos contra servidores públicos.
Esta iniciativa, a la cual se sumaron la diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) y los diputados Alfredo Pérez Paredes (MORENA) y Miguel Álvarez Melo (PES) fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.