Por Violeta Contreras García
(dpl news) Como parte del Código Fiscal 2022, el gobierno de la Ciudad de México quiere que las plataformas digitales de entrega de comida, paquetería, víveres o cualquier tipo de mercancía ―como DiDi Food, Amazon y Mercado Libre― paguen 2 por ciento del monto total por cada servicio realizado (antes de impuestos).
La iniciativa de decreto para el paquete fiscal, enviado al Congreso por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, busca incrementar los impuestos a las plataformas colaborativas que operan en la capital, “por concepto de aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura” pública, como los componentes de la viabilidad y la movilidad urbana.
El Código Fiscal plantea añadir el artículo 307 TER para aumentar las obligaciones de tributación para las aplicaciones de reparto, con el objetivo de conseguir una fuente de ingresos adicional para el presupuesto del próximo año.
Pero en lugar de velar por el máximo bienestar público, la medida afectará a los consumidores, repartidores, las pequeñas y medianas empresas, los comercios locales y a los emprendedores, que han encontrado en las plataformas un medio para mejorar sus ganancias, generar ingresos, sobrevivir a la crisis económica provocada por el coronavirus e incluso evitar contagios durante la pandemia.
Aquí te explicamos los tres riesgos en caso de que se apruebe sin modificaciones el Código Fiscal 2022 de la CDMX.
- Perjudicará a consumidores y repartidores en el peor momento
En la iniciativa de decreto para el Código Fiscal el gobierno señala que busca establecer políticas impositivas, en materia fiscal, regulatoria y de movilidad que beneficien a los usuarios de la economía digital. Pero en la práctica, los primeros afectados por un nuevo impuesto serán los consumidores y repartidores de las aplicaciones.
A través de su cuenta de Twitter, la organización #NiUnRepartidorMenos escribió: ““No es cierto. A los repartidores nos van a cobrar un 2% de impuesto por pedido. Dónde está el enfoque social (…). Usuarios y repartidores pagaremos esos impuestos. Rectifiquen ahora que pueden”.
Imponer una mayor recaudación a las plataformas de entrega de comida, paquetería, víveres o cualquier tipo de mercancía provocará un aumento en los precios de los productos o alimentos en sí, además de un encarecimiento de los servicios de entrega o un menor margen de ingresos.
Todas las partes involucradas en los negocios digitales asumirán una parte de la nueva carga fiscal, mermando la capacidad de ofrecer precios competitivos y frenando el crecimiento de la economía digital.
Además, elevar los impuestos a las plataformas digitales de reparto se plantea en un mal momento para la economía. De acuerdo con el Inegi, durante la primera quincena de noviembre se registró la peor inflación anual que ha tenido México en más de 20 años (7.05%).
Insumos básicos en la economía mexicana como el tomate, el pollo y los chiles frescos subieron de precio en la primera mitad del mes pasado. Este aumento en los precios afecta la economía de los hogares, los restaurantes y los comercios de comida. Se espera que la inflación siga una tendencia al alza para los primeros meses de 2022 lo cual, aunado a un nuevo impuesto para las plataformas de entrega, castigará aún más el bolsillo de los repartidores, consumidores y la economía de miles de familias cuyos ingresos dependen de colaborar con las plataformas.
- Afectará a las pymes, ecosistema digital y comercio electrónico cuando más se necesita
Otro de los problemas de la iniciativa de decreto para reformar el Código Fiscal es que, nuevamente, las pequeñas y medianas empresas (pymes), los comercios e incluso los negocios familiares serán algunos de los más afectados.
Desde 2020, en México las plataformas digitales están obligadas a retener 16 por ciento por concepto del IVA en todas las transacciones que se hacen a través de ellas y el ISR (Impuesto sobre la Renta) aplicable en el comercio electrónico. Es decir, las plataformas ya pagan impuestos como cualquier otra empresa en México. El gravamen de 2% sería adicional y encarecería el comercio electrónico, cuando su principal ventaja es reducir los costos de transacción.
Las disposiciones establecidas en la Miscelánea Fiscal 2020 aplica a las plataformas de intermediación (como Uber y Amazon), las plataformas de streaming (Netflix), plataformas de educación a distancia y sitios o clubes de citas en línea.
Tras la implementación de los cambios fiscales, además de las empresas de Internet, las pymes experimentaron impactos negativos. Para los jugadores más pequeños, como vendedores independientes y emprendedores, la cantidad de impuestos ya era muy alta y difícil de sostener.
Ahora, al integrar un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega se corre el riesgo de trasladar parte de los efectos a los pequeños negocios, que han encontrado en las plataformas colaborativas una manera de mejorar o sostener sus ingresos en medio de la crisis por la Covid-19 y avanzar en la digitalización de sus comercios.
En 2020, el Inegi estimó que cerraron definitivamente más de un millón de micro, pequeños y medianos establecimientos de los casi 5 millones que existían previo a la pandemia por el coronavirus. Además, ocho de cada 10 empresas observaron una disminución de sus ingresos.
Frente a esta problemática, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que las pymes han tenido que avanzar en la digitalización de sus procesos para sostenerse en el mercado. Una de las vías de cambio ha sido subirse a las plataformas digitales para ofrecer y vender sus productos y servicios.
Las plataformas de entrega a domicilio tienen un impacto positivo en la reducción de los costos de transacción, lo cual genera mayores ingresos y valor agregado para las personas repartidoras y los restaurantes, destaca el estudioLas plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana, presentado en noviembre por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los beneficios en la generación de riqueza no sólo se concentra en los restaurantes o establecimientos, sino que se extiende al crecimiento y la resiliencia de la economía general. “La pandemia si ocasionó cierres de restaurantes y pérdidas de empleos, pero principalmente en aquellos que no estuvieron afiliados a alguna de las plataformas que operan en la economía”, resalta el CIDE.
En 2020, cuando entraron en vigor las retenciones de IVA e ISR, algunas plataformas como DiDi Food anunciaron que absorberían esos cobros en apoyo a los restaurantes. A pesar de ello, los establecimientos resintieron el aumento de impuestos. En ese sentido, añadir nuevas cargas fiscales terminará por afectar a las pequeñas y medianas empresas y comercios otra vez, cuando la recuperación apenas iniciaba.
- Impuestos adicionales no han funcionado y la infraestructura deja mucho que desear
La principal “justificación” del gobierno para aumentar la recaudación entre las plataformas tecnológicas es que aprovechan la infraestructura de la CDMX, incluidos los elementos de viabilidad y para el desplazamiento de bienes y personas.
Bajo esa lógica, “deben contribuir a esta entidad, misma que proporciona la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus actividades”, señala el documento.
Queda claro que el propósito es alimentar las arcas fiscales, pero no aclara adónde se dirigirán los recursos. Lo natural sería que el dinero se usara para, precisamente, mejorar la infraestructura del transporte público, las vialidades y la movilidad en la capital.
Pero en la Ciudad de México, desde 2016, se creó un fideicomiso privado denominado Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, para obtener ingresos y mejorar la infraestructura de transporte público. En 2020 se eliminó ese fideicomiso y ahora el fondo pertenece a la Secretaría de Movilidad y los recursos ingresan a la Secretaría de Finanzas. Las plataformas contribuyen con 1.5 por ciento de cada viaje, como una forma de pago por el uso del espacio público y las externalidades negativas que pudieran ocasionar
Hasta ahora, la evidencia muestra que los impuestos especiales de este tipo no han cumplido con su cometido de contribuir al mejoramiento de la infraestructura urbana. Por el contrario, castigan la operación y los beneficios de las plataformas colaborativas y el comercio electrónico.
Un estudio del Instituto Mexicano del Cemento y Concreto revela que 82 por ciento de las personas en la Ciudad de México piensa que las vialidades están en mal estado y que eso se debe en un 90 por ciento de los casos a la aparición de baches.
En su Programa Integral de Movilidad 2020 a 2024, la misma Secretaría de Movilidad capitalina identifica que la infraestructura deteriorada es uno de los grandes desafíos para la movilidad pues, entre varios pendientes, falta incorporar parámetros de diseño inclusivo y seguridad vial y programas estables para el mantenimiento de la infraestructura.
Precisamente, la falta de mantenimiento y de modernización de la infraestructura está relacionada con el congestionamiento del tráfico, la pérdida de tiempo y eficiencia en los desplazamientos, los incidentes, la inseguridad al transitar por el espacio público y con afectaciones directas a la calidad de vida de la población.
Según el índice de congestionamiento TomTom (empresa que cada año publica un índice de tráfico para 416 metrópolis del mundo), en 2020 la Ciudad de México redujo su carga vehicular con respecto a 2019, pero aún así se ubicó en los primeros lugares de las urbes con el peor tráfico.
Los repartidores de las distintas plataformas digitales también han padecido los problemas de infraestructura. En un estudio de El Colegio de México, algunos repartidores observaron que “son perjudicados por el mal estado de las calles de la ciudad” y dijeron que esperan que el gobierno mejore “las condiciones de la ciudad para el trabajo, como el estado de las calles y la seguridad”, además de que reduzca el cobro de impuestos.
De acuerdo con la investigación académica, que recoge testimonios de repartidores y empresas, las plataformas colaborativas evalúan que ha habido un incremento en incidentes de tránsito, principalmente, debido a “algunas vías y calles de la CDMX de mala calidad (baches) o no aptas a una circulación segura en motocicleta o bicicleta” y a una “infraestructura deficiente”.
Además, vale recordar que no toda la infraestructura que utilizan las aplicaciones colaborativas de entrega a domicilio es pública. Las plataformas digitales, las redes de telecomunicaciones y los establecimientos mercantiles como restaurantes, cocinas, supermercados o farmacias, forman parte de una infraestructura privada que permite a repartidores, negocios y usuarios intermediar e interactuar.