Avanzar en el marco jurídico de protección a víctimas, priorizar la atención a niños, personas vulnerables y víctimas de delitos de alto impacto, y buscar mecanismos efectivos de reinserción social para los infractores, son las principales propuestas que este jueves presentaron especialistas participantes en la mesa “Violación a Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario” durante el Foro por las Víctimas del Sistema Penal Mexicano, organizado por el Congreso de la Ciudad de México.
El diputado Emmanuel Vargas Bernal, presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, sugirió revisar los modelos de atención a víctimas de América Latina y aterrizar las mejores prácticas en nuestro país, adaptadas en forma adecuada a la realidad nacional.
Asimismo, el legislador de MORENA propuso asignar mayor presupuesto a la readaptación social y fortalecer las condiciones que existen actualmente en los centros de reclusión.
“La reinserción social es el eje del nuevo sistema penal, y muchas veces por falta de presupuesto o espacios no se cumple cabalmente el artículo 18 constitucional, que habla del derecho a la educación, a la salud, el deporte y la capacitación al trabajo, que es muy importante, porque al momento que las personas salen de estos centros de readaptación, salen sin poderse reincorporar a la vida cotidiana, porque no se les cumplieron sus derechos”, comentó.
Jorge Ponce Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia local (TSJCDMX), señaló que la reinserción social debe verse como uno de los principios más importantes de la ejecución penal y entenderse desde la perspectiva de los derechos humanos.
Recordó que el concepto de readaptación social viene de los años sesentas, ya que antes se hablaba de la “regeneración” de un sujeto “degenerado”; posteriormente, de un “desadaptado”, que debía ser “adaptado”; mientras que ahora se habla de una persona que debe ser reinsertada, con la devolución de todos sus derechos y la restitución de las libertades que le fueron reducidas o suprimidas.
En su participación, Leticia Rocha Licea, magistrada del TSJCDMX, compartió vivencias personales en casos prácticos, útiles para mejorar la atención a las víctimas en el actual Sistema Penitenciario Mexicano, el modelo acusatorio y la normatividad jurídica.
“La víctima ha sido reconocida con un mayor marco jurídico para la protección de sus derechos, a partir de la reforma de 2008. La víctima viene a empoderarse en este sistema de justicia”, aseguró.
En este sentido, llamó a establecer mecanismos idóneos para evitar la revictimización de niños, personas vulnerables y víctimas de delitos de alto impacto, y darles una atención adecuada. Asimismo, se pronunció por evitar la liberación anticipada de los infractores que representan un riesgo para las víctimas, en especial si éstas son niños o personas vulnerables.
El Comisionado de Búsqueda de la Ciudad de México, Fernando Elizondo García, advirtió que todos podemos ser víctimas del sistema penal, independientemente de la posición en que estemos, ya sea como imputados, ofendidos o familiares.
Informó que a nivel mundial existen 10.7 millones de personas en algún tipo de detención, y que en México hay alrededor de 211 mil personas detenidas, lo que representan una cifra por encima de la media internacional. De la cantidad total de detenidos en nuestro país, cinco por ciento son mujeres y 68.1 por ciento son jóvenes de entre 18 y 39 años.
Destacó que México es el país que más ha reducido los índices de personas detenidas entre 2015 y 2018. “Tenemos que quitarnos la idea de que la cárcel resuelve todo, y buscar formas alternativas a la detención”.
Elizondo García resaltó la importancia de invertir en programas de reinserción social y sensibilizar a la población en cuanto a los derechos humanos de las personas detenidas, para evitar el fenómeno de las cárceles como “escuelas del crimen”.
Gabriela Ortiz Rascón, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió a la progresividad de los derechos humanos, la cual incluye a las personas detenidas. “Todos estamos involucrados como sociedad y a todos nos interesa que las personas que están detenidas puedan volver, cuando cumplan su pena, como ciudadanos productivos a la sociedad”, afirmó.
Carlos Sosa Salazar, director ejecutivo de Jurídico y de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, informó que en la capital existen 12 centros penitenciarios, un centro de sanciones administrativas, conocido como El Torito y la institución abierta Casa de Medio Camino, con un total de 25 mil 631 personas privadas de su libertad.
Finalmente, Denisse García Pérez, directora de Relaciones y Coordinación Interinstitucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob expuso el tema Derechos Humanos y Tortura en el Sistema Penitenciario. Expresó que la tortura es injustificable y afecta no solo a las víctimas directas sino a sus familias, y que es instrucción del Presidente de la República erradicarla en todas sus formas.