Por Violeta Contreras García
(dpl news) Una de las dolencias casi generalizadas en América Latina en materia de política digital es el espectro caro. Históricamente, los gobiernos han visto en la asignación del espectro una oportunidad para recaudar recursos que permitan financiar sus proyectos y muy pocas veces estos se destinan a la conectividad y el desarrollo digital.
Los precios del espectro son, en promedio, hasta tres veces más costosos en la región ―en su mayoría compuesta por naciones en desarrollo―en comparación con los países desarrollados, como Estados Unidos o Nueva Zelanda, de acuerdo con el estudio El impacto de los precios del espectro en los consumidores de la GSMA.
Sin embargo, existen algunos casos de países que ya se han dado cuenta de la relevancia que tiene el espectro radioeléctrico en el cierre de la brecha digital, la expansión de más y mejores servicios de Internet de banda ancha, y el despliegue de nuevas tecnologías que promuevan el crecimiento socioeconómico.
México podría aprender algunas lecciones de buenas prácticas de otros mercados en la región, con los que en cierta medida comparte desafíos en materia digital (cobertura en zonas rurales, asequibilidad, habilidades digitales y digitalización de los sectores productivos, por ejemplo).
Brasil es el ejemplo por excelencia en la región de un país con una política digital no recaudatoria. A finales de 2021, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) llevó a cabo la subasta por múltiples bandas de frecuencias para 5G, con condiciones de pago que fomentan las inversiones a largo plazo.
La licitación capturó alrededor de 9 mil 150 millones de dólares, de los cuales el 15.7 por ciento lo representan las ofertas directas de las empresas en el proceso y el resto (84.3%) lo comprenden las inversiones que los operadores deben realizar de manera progresiva hasta 2029.
Es decir, la mayor parte del valor de la subasta 5G la representan las inversiones en infraestructura. Precisamente, esta condición de acceso al espectro de forma asequible ha sido el factor clave que ha llevado a Brasil a ser líder regional en el despliegue de las redes 5G, y a llevar la delantera en la implementación de la arquitectura independiente ―que ya no se ancla de 4G.
Incluso, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoce que el de Brasil es un caso de éxito en la fijación de tarifas del espectro con una visión de transformación digital, pues el país comprende que se trata de un insumo esencial para transformar su economía y los sectores productivos, ya que su uso para tecnologías de nueva generación permitirá digitalizar ámbitos como el campo, la manufactura, el gobierno o la salud.
Panamá también ha dado un paso importante en la reducción de los costos del espectro. En abril de 2022, el Consejo de Gabinete aprobó que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) asignara espectro adicional en la banda AWS con un precio 60 por ciento más barato respecto a licitaciones anteriores en el país.
Tras dicho anuncio, la asociación de operadores móviles GSMA consideró que esta decisión permitiría al país revertir el actual escenario de baja disponibilidad de frecuencias radioeléctricas en el país. Panamá sólo ha brindado 250 MHz para los servicios móviles, una cantidad muy por debajo de los 1,720 MHz recomendados por la UIT para satisfacer la demanda de servicios hacia el 2020.
Pero el proceso licitatorio en el país se detuvo, y hasta ahora no se ha concretado la subasta. El mercado se mantiene como uno de los últimos de América Latina en cuanto a espectro móvil asignado, por debajo de Venezuela, Honduras y Ecuador.
De todas maneras, el proyecto que había adelantado el Consejo de Gabinete mostraba un escenario alentador en cuanto a buenas prácticas en la gestión del espectro. Una cuarta parte de la recaudación se pretendía utilizar en el desarrollo de cobertura de servicios móviles y otro 25 por ciento en el despliegue de soterramiento de cable.
Ecuador, por otro lado, ya dio un paso adelante en la disminución del precio del espectro. El año pasado, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones publicó un reglamento que fija las tarifas por el otorgamiento y renovación de espectro.
A través de dicha normativa, la institución cambió la fórmula utilizada en el cálculo de las tarifas por uso de espectro, con el fin de ajustar los costos a la realidad del mercado y a los objetivos de política pública de conectividad universal. La modificación habilita una disminución progresiva de los precios hasta del 83 por ciento.
Pese a este avance, el país aún tiene una deuda pendiente en la renovación de licencias de uso del espectro. Claro y Telefónica están a la espera de que se les renueven las concesiones que vencen este año, pero el gobierno no ha establecido los valores que se deberán cubrir por las reasignaciones.
Otro caso interesante en América Latina es el de Colombia. Sólo superado por México, es uno de los mercados con el espectro más caro de la región. Si bien el país no ha reducido los costos de este recurso, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pretende seguir el modelo brasileño para su subasta 5G que arrancará este mismo año.
Las autoridades de ambos países ya han mantenido reuniones para dialogar acerca del modelo que siguió Brasil en su exitosa licitación. De concretarse, supondría una significativa disminución en las tarifas de las frecuencias, puesto que el valor del espectro en el país ha sido hasta dos veces más alto en comparación con el promedio regional, de acuerdo con la GSMA.
Aunque a un ritmo lento y a veces con tropiezos, cada vez más las autoridades de los diferentes países se han convencido de que el espectro asequible habilita las inversiones y, por lo tanto, la expansión de la banda ancha de alta capacidad. Sólo con una política no recaudatoria los gobiernos podrán cumplir con sus ambiciosas metas de conectividad social y economía digital.
Brasil, que representa el caso más emblemático de la región, es uno de los mercados con mayor índice de conectividad debido a que ha impulsado el espectro como una herramienta de inclusión social. La tecnología 4G ya equivale al 78.6 por ciento de los accesos en los servicios móviles, mientras que el 3.5 por ciento de las conexiones son 5G.
La nación ha sentado un precedente importante para el resto de países en América Latina, donde las autoridades han vuelto la mirada a este modelo y sus resultados en marcha con la aspiración de replicarlo. En contraste, el caso mexicano se cita como un ejemplo de un escenario desafortunado, en el que la brecha digital es profunda, las licitaciones de frecuencias quedan desiertas y los operadores devuelven el espectro comprado.