Carta abierta a António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “Las organizaciones abajo firmantes le pedimos que ponga fin al acuerdo de asociación estratégica recientemente firmado entre las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial (FEM).
Estamos muy preocupados de que este acuerdo FEM-ONU deslegitimará a las Naciones Unidas y proporcionará a las empresas transnacionales un acceso preferencial y deferente al sistema de las Naciones Unidas. Este sistema ya se encuentra bajo una gran amenaza por parte del Gobierno de los Estados Unidos y de aquellos que cuestionan un mundo multilateral democrático.
Sin embargo, esta corporatización de las Naciones Unidas plantea una amenaza mucho más profunda a largo plazo, ya que reducirá el apoyo público a la ONU en el Sur y en el Norte.
Estamos firmemente convencidos de que este acuerdo está fundamentalmente en contradicción con la Carta de las Naciones Unidas y con las decisiones intergubernamentales sobre el desarrollo sostenible, la emergencia climática y la erradicación de la pobreza y el hambre.
Esta asociación público-privada relacionará permanentemente a la ONU con las empresas transnacionales, algunas de cuyas actividades esenciales han causado o empeorado las crisis sociales y ambientales a las que se enfrenta el planeta.
Sabemos bien que los agronegocios destruyen la biodiversidad y los sistemas alimentarios sostenibles y justos, que las empresas petroleras y de gas ponen en peligro el clima mundial, que las grandes farmacéuticas debilitan el acceso a los medicamentos esenciales, que las empresas extractivas dejan un daño duradero a las ecologías y los pueblos de los países, y que los fabricantes de armas se benefician de las guerras locales y regionales, así como de la represión de los movimientos sociales. Todos estos sectores son actores importantes dentro del FEM.
Las disposiciones de la asociación estratégica establecen efectivamente que los líderes corporativos se convertirán en asesores de los jefes de los departamentos del sistema de las Naciones Unidas, utilizando su acceso privado para abogar por "soluciones" con fines de lucro basadas en el mercado para los problemas mundiales, a la vez que socavan las soluciones reales arraigadas en el interés público y los procedimientos democráticos transparentes.
El acuerdo del WEF con la ONU, y todas las demás formas de captura corporativa, socava gravemente el mandato de la ONU, así como la independencia, imparcialidad y eficacia de este organismo multilateral, particularmente en relación con la protección y promoción de los derechos humanos.
Por ejemplo, en las discusiones actuales sobre un Tratado para regular las actividades de las empresas, la captura corporativa de la ONU, o la interferencia indebida de las corporaciones en la ONU, se está debilitando y comprometiendo su capacidad como organismo de gobierno multilateral para hacer que las empresas rindan cuentas.
Del mismo modo, las empresas cada vez más amenazan financieramente a los gobiernos y a la ONU cuando trabajan sobre responsabilidad corporativa, el mandato del ACNUDH de la base de datos de la ONU sobre negocios en / con asentamientos israelíes es un ejemplo.
La aceptación por parte de la ONU de este acuerdo mueve al mundo hacia las aspiraciones del FEM de que el ‘multistakeholderismo’ se convierta en el reemplazo efectivo del multilateralismo.
El FEM en su Iniciativa de Rediseño Global (GRI) de 2010 argumentó que el primer paso hacia su visión de gobernanza global es "redefinir el sistema internacional como un sistema más amplio y multifacético de cooperación global en el que los marcos jurídicos y las instituciones intergubernamentales están integrados como un componente central, pero no único y a veces no el más crucial".
El objetivo era debilitar el papel de los Estados en la toma de decisiones a nivel mundial y elevar el papel de un nuevo conjunto de "partes interesadas" (stakeholders), convirtiendo nuestro sistema multilateral en un sistema de multistakeholder, en el cual las empresas son parte de los mecanismos de gobierno.
Esto reuniría a las empresas transnacionales, a determinados representantes de la sociedad civil, a los Estados y a otros actores no estatales para tomar decisiones globales, descartando o ignorando las preocupaciones críticas en torno a los conflictos de intereses, la rendición de cuentas y la democracia.
Al contrario de esto, pedimos que se fortalezca la soberanía de los pueblos, se profundice el multilateralismo democrático y se contrarreste la mayor expansión del multistakeholderismo.
Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de posiciones intergubernamentales sobre una amplia gama de asuntos relacionados con las crisis mundiales en los últimos 75 años.
Para fortalecer el apoyo público al sistema de las Naciones Unidas en sus próximos 75 años, creemos que su oficina, así como las oficinas ejecutivas de los organismos especializados, deberían celebrar consultas públicas sobre el futuro papel institucional y el mecanismo de participación con las comunidades y organizaciones más afectadas del pueblo, incluidas, entre otras, las mujeres, les trabajadores, les campesinos, les pescadores, los pueblos indígenas, les defensores de los derechos humanos, les educadores, les jóvenes, les LGBTQ y les académicos.
Estas comunidades, y no las corporaciones multinacionales, están comprometidas a construir un sistema de gobierno internacional más fuerte, independiente y democrático.
La ONU debería adoptar mecanismos efectivos que puedan prevenir casos de conflicto de intereses de manera consistente en todo el sistema. Cualquier política a este respecto debe tener en cuenta los diferentes roles del interés privado y de los titulares de derechos que se ocupan de los bienes y beneficios comunes.
Aquellos intereses privados cuyas actividades están en conflicto con las metas y objetivos de las Naciones Unidas no deben participar en los organismos intergubernamentales o en la Secretaría, cuyo enfoque debe estar siempre en la protección de los bienes comunes y en proporcionar beneficios públicos globales.
Señor Secretario General, la elección de construir una alianza entre la Secretaría y las empresas transnacionales para salvar al sistema de las Naciones Unidas de la disminución de la financiación pública y de quienes son hostiles al multilateralismo, destruirá al sistema de las Naciones Unidas, no lo salvará.
Copiado al Presidente de la Asamblea General, al Presidente del Consejo de Seguridad y al Presidente del Grupo de los 77, con la solicitud de que la presente carta se distribuya a todos los gobiernos como documento oficial”.