Unos días antes de las sentencias contra los nueve políticos independentistas catalanes en prisión preventiva desde el otoño de 2017, las autoridades españolas han lanzado una operación para criminalizar al independentismo y desmovilizar a los manifestantes catalanes.
El 23 de septiembre, nueve activistas catalanes fueron arrestados por la policía española, acusados de terrorismo y rebelión. Algunas de las pruebas son ollas de cocina y material de pirotecnia utilizado en las fiestas de la ciudad.
El 26 de septiembre, siete de los acusados fueron enviados a prisión preventiva sin fianza. La Audiencia Nacional en Madrid, heredera directa del Tribunal de Orden Público franquista, ha solicitado la operación.
Estas nueve personas no han cometido ningún delito. Se las acusa de la posible intención de querer cometer delitos, cuando su único crimen es defender el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña.
Este es otro intento de intimidar y criminalizar al movimiento independentista en la víspera de la sentencia de los nueve presos políticos catalanes, que muy probablemente serán condenados a la pena máxima por convocar protestas pacíficas y por ejercer sus prerrogativas de convocar un referéndum para la independencia de Cataluña, que prevé medidas para alcanzar un estado catalán, siguiendo la voluntad popular.
Como ocurre con muchos otros casos de uso de la ley antiterrorista, no parece que haya indicios claros de que se planificaran acciones violentas. España vuelve a utilizar el derecho penal para coaccionar a la minoría catalana para no manifestar sus opiniones políticas.
En abril del 2018, el relator especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión instó a las autoridades españolas a abstenerse de perseguir la acusación penal de rebelión contra políticos y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana implicados en el referéndum de independencia.
A principios de 2019, el relator especial de las Naciones Unidas en cuestiones de minorías afirmó que "la disidencia política no violenta de las minorías no debería dar lugar a acusaciones penales" y se unió a "la preocupación" del relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión.
Contra estas advertencias, este junio, en su investigación relacionada con los juicios de los líderes independentistas catalanes, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias declaró que “el objetivo de la acusación penal y el juicio resultante es coartar a los presos por las opiniones políticas que han expresado", y pidieron al gobierno español su puesta en libertad inmediata.
El uso indebido de la ley antiterrorista y de otros delitos graves tiene un efecto estremecedor en la participación pública. España vuelve a utilizar el derecho penal para coaccionar a la minoría catalana para que manifieste sus opiniones políticas.
Como consecuencia, muchos catalanes tienen cada vez más miedo de participar en la vida pública.
El deterioro de los derechos civiles y políticos de un estado miembro de la Unión Europea es un hecho que daña toda la legitimidad del proyecto de integración europea, ya que va directamente contra uno de sus fundamentos principales: el respeto a la democracia y los derechos fundamentales. Por lo tanto, establece un precedente peligroso para todos los ciudadanos europeos.
La situación en España y la inacción de las instituciones europeas ataca a la credibilidad de la Unión Europea como proyecto democrático y, por tanto, su capacidad para proyectar influencia más allá de sus fronteras.
Asamblea Nacional Catalana
Barcelona, 27 de septiembre de 2019