Por Violeta Contreras García
(dpl news) Ante un mundo digital cada vez más cambiante, surge un nuevo entramado de regulación, conceptos y nomenclaturas que buscan nombrar y abordar los desafíos del mundo digital, que ya no pueden ser pensados desde los marcos legales propios de la revolución industrial.
Jorge Fernando Negrete, presidente de DPL Group, resaltó que la revolución digital trae consigo un nuevo derecho digital, una nueva categoría de análisis jurídico que se está desarrollando desde distintos enfoques en América Latina y el resto del mundo.
En ese camino hacia plantear una nueva regulación, el discurso “ciberfatalista” está penetrando de forma peligrosa en varios países e instituciones, generando riesgos para la libertad, la equidad y la democracia, advirtió Pablo García Mexía, director de Derecho Digital en Herbert Smith Freehills Madrid, durante el 1er Congreso Iberoamericano de Derecho Digital, organizado por DPL Live.
Italia, por ejemplo, prohibió el uso de dispositivos móviles en las aulas de clases, debido a que el Senado considera que utilizar estos aparatos pueden ser igual de dañinos para los menores de edad que el consumo de cocaína.
“Hoy en día lo políticamente correcto es decir que las tecnologías digitales son dañinas”, cuando la realidad está lejos de ser esa. Por el contrario, ese discurso fatalista menoscaba el mundo libre y la innovación generada por las tecnologías digitales, señaló.
El especialista explicó que, aunque esa premisa se ha aceptado casi de manera generalizada, es muy débil, porque parte de la ignorancia del entorno digital, de la tecnología y de la naturaleza humana. Lo que hace Italia al equiparar la cocaína con la tecnología es llamar descerebrados o esclavos digitales a los jóvenes, menospreciando su inteligencia.
La popularidad de este discurso conlleva riesgos para la equidad y la innovación, aseguró. García Mexía comentó que, por un lado, se encuentra el peligro de dejar a la población más vulnerable fuera del nuevo entorno digital y de sus oportunidades. Por otro lado, en el afán de regular, regiones como Europa han dejado de lado promover la competitividad de la economía digital.
Tan es así que la Comisión Europea es líder en la regulación digital, pues ha desarrollado y emitido importantes reglamentos y marcos normativos; sin embargo, puntualizó que Europa sólo tiene tres de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, ya que se ha olvidado de priorizar la innovación.
Pablo García Mexía subrayó que en la búsqueda de una nueva regulación y marcos normativos relacionados al mundo digital hay que entender que “la innovación tecnológica está detrás de los propios derechos, está detrás de la propia democracia”, y también los hace posibles.
Además, es necesario poner al ser humano al centro del debate y comprender cómo funcionan las tecnologías, como la Inteligencia Artificial o el Internet de las cosas. Mercedes Aramendía, presidenta de la Unidad Reguladora de Comunicaciones de Uruguay, señaló que la regulación debe partir de entender que las fronteras entre países y regiones se difuminan en el mundo de Internet.
Por esa razón, la funcionaria dijo que es un paso importante que más de 60 países del mundo hayan firmado la Declaración para el Futuro de Internet en mayo de 2022. Se trata de un documento que promueve un Internet abierto, libre, global, interoperable, confiable y seguro, entendiendo que son los principios básicos del entorno digital.
Andrés Barreto, presidente de la Red Iberoamericana de Agencias de Protección de Datos, coincidió con Aramendía en que las decisiones del nuevo derecho digital deben tener un carácter global e institucional, pero apuntó que la regulación no debe pensarse desde la punitividad.
En tanto, Alfredo Deluque Zuleta, senador de Colombia, agregó que los países no pueden tener una normativa independiente, que al final del día se encuentre alejada de la realidad, sino que se requieren regulaciones uniformes que tomen en cuenta el camino global.
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Por ejemplo, en el caso de la tasa digital que Colombia discutía en el marco de la reforma tributaria, los congresistas decidieron establecer que dicha tasa estuviera supeditada a la reglamentación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en la materia, la cual comenzará a regir este año.
Deluque Zuleta también advirtió que la regulación del entorno digital debe superar debates “absurdos” que niegan la realidad de nuevos modelos de negocios propios de la economía digital, como las plataformas digitales de la economía colaborativa. Colombia aún analiza si se deben regular o no, sin comprender que ya son una realidad y parte de la vida cotidiana.
En su intervención, la ministra TIC de ese país latinoamericano, Sandra Urrutia, reconoció que el mundo digital trae consigo un conjunto de nuevas interacciones que demanda repensar el marco normativo. El objetivo del nuevo gobierno de Colombia, dijo, es propiciar la relación de la ciudadanía en un entorno de conectividad e impulsar que las personas se apropien de la tecnología.
Para Artur Coimbra, consejero de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, otro de los desafíos de la revolución digital es para los Estados.
Frente a un ecosistema que evoluciona a paso acelerado, las instituciones comienzan a perder eficacia al intervenir y ahora necesitan reconsiderar cómo lo hacen.
Antes el trabajo del Estado se enfocaba en vigilar las transacciones de bienes físicos, tangibles, pero ahora con lo digital los bienes ya no tienen ese carácter. Hoy, por ejemplo, cuando se habla de derechos de autor no se abordan únicamente obras físicas, sino también activos intangibles, virtuales.
Coimbra acotó que “lo digital cambia todo en pocos años”. Tan sólo en los últimos tres años de la pandemia por la Covid-19, se observó una acelerada digitalización que dejó en claro que lo digital ya no es opción sino una necesidad, afirmó Javier Juárez Mojica, presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México.