El otro México violento
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la recurrencia de delitos patrimoniales, violencia familiar y lesiones de que son víctimas las personas mayores, y urgió medidas legislativas de protección que equilibren la desventaja en que se les ha colocado por creencias y estereotipos que asocian la edad con un declive progresivo de las capacidades físicas y cognitivas.
Abusos, abandono y negligencia en su contra les impiden el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Por ello, la importancia de que el Estado mexicano ratifique la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, para incorporarla a nuestro sistema jurídico interno y avanzar en el cumplimiento del artículo 1° constitucional sobre la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos y, en el caso específico de las personas mayores, establecer los mecanismos para su satisfacción, cumplimiento, restitución y acceso a una reparación del daño efectiva.
También exhortó a armonizar el marco jurídico en esta materia, desde el reconocimiento del derecho al trato preferente y el principio de no discriminación; garantizar el acceso a la justicia mediante la capacitación del personal de las procuradurías de justicia y fiscalías estatales; elaboración de protocolos de atención especializada; desarrollo de programas de sensibilización para servidores públicos, personal médico, cuidadores e integrantes de las familias, y fomentar una cultura de convivencia intergeneracional que implique la transferencia de conocimientos y experiencias de personas mayores a jóvenes.
Lo anterior fue señalado por el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al participar en el Foro “Personas mayores. Hacia el reconocimiento, pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual manifestó que ante la situación que enfrenta ese sector de la sociedad se requiere trabajar articuladamente para que los servicios paliativos y de cuidado a largo plazo sean tema primordial en la política nacional, debido a la prevalencia de enfermedades crónico degenerativas y a las condiciones externas que impiden que esa población acceda a ellos en condiciones igualitarias.
Al destacar, con base en datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), que en México hasta el año pasado residían 12,973,411 personas de 60 años y más, de la cuales el 53.9% son mujeres, urgió a generar las condiciones para su mayor bienestar físico y mental, mediante la implementación y evaluación de medidas que incluyan la perspectiva de género y, en general, la prevención del abandono, maltrato y violencia en su contra, lo que requiere recursos suficientes y una metodología de trabajo entre las instancias de atención.
Acompañado por Álvaro Augusto Pérez Juárez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y ante jueces, magistrados, consejeros, académicos y representantes de la sociedad civil, Eslava Pérez indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, en 2016 el 41.1% de la población mayor de 65 años vivía en condiciones de pobreza; de esa cifra, 34.6% sufría pobreza moderada y 6.6% pobreza extrema, además de enfrentar múltiples carencias sociales como rezago educativo (57.1%), falta de acceso a servicios básicos en vivienda (18.4%) y alimentación (17.4%).
Subrayó que la ENADIS 2017 reveló que 56.8% de mujeres y 56.7% de hombres participantes en dicha encuesta consideraron que los derechos de esta población se respetan poco o nada en el país; mientras que mujeres y hombres mayores de 60 años indicaron que el principal problema que les afecta es la vulnerabilidad financiera ya que, por ejemplo, 21.9% carece de una pensión; 24.8% manifestó haber sufrido la negación injustificada de al menos un derecho en los últimos 5 años, y el 18.3% percibió haber sido discriminado en el último año.
Dijo que ante la falta de información precisa que permita conocer la frecuencia de agresiones y de qué manera variables como género, discapacidad u otras inciden en su frecuencia y/o gravedad, así como la inexistencia de datos para conocer las causas por las que la población de edad avanzada ingresa a los centros asistenciales o la periodicidad con la que se registra el abandono de sus familias, deben generarse indicadores para mejorar las políticas públicas para las personas mayores.
Tras manifestar su deseo de que este encuentro propicie el intercambio de experiencias, facilite la realización de adecuaciones normativas y de política pública en beneficio de las mujeres y hombres mayores, señaló que el progreso y bienestar económico, social, político, así como la democracia, la solidaridad y la paz no serán realizables si no se garantiza que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y existan las condiciones institucionales financieras y de seguridad que les permitan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus aspiraciones individuales.
En este acto, Eslava Pérez compartió el presídium también con Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y María de los Ángeles Fuentes Vera, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C.