Se ha identificado que los programas gubernamentales han perpetuado las brechas de desigualdad que hieren a niñas y niños en primera infancia, por lo que es necesario que la legislación aplicable oriente a la administración pública para ello, dijo la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.
Por ello y con el fin de garantizar a la primera infancia el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral, educación, protección, participación y una vida libre de violencia, el Grupo Parlamentario del PT planteó reformas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y al artículo 40 de la Ley General de Educación, (LGE).
En la Iniciativa, la legisladora de la Sierra Arámburo explicó que el Ejecutivo Federal, a través de las dependencias y entidades, debe garantizar que la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de cuidado cariñoso, sensible y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica
Señaló que se deben atender las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, género y situación migratoria, para dar oportuna estimulación temprana y tengan acceso a material lúdico y de lectura apropiado para su edad y desarrollo.
Nancy de la Sierra dijo que con el fin de monitorear el estado de cada niño y niña en esta etapa de desarrollo, así como para evaluar el impacto y pertinencia de los programas enfocados a este grupo poblacional se debe utilizar evidencia y dar seguimiento, evaluación e incluir indicadores específicos sobre la primera infancia.
A la luz de este panorama normativo, apuntó, es importante que la primera infancia ocupe mayor espacio en el marco jurídico aplicable, sin que la política pública en la materia dependa únicamente de un artículo en la LGE que omite mencionar los principios y directrices mínimas que debe regir a la política pública en esta materia.
La legisladora de Puebla aseguró que se ha identificado que los programas gubernamentales han perpetuado las brechas de desigualdad que hieren a niñas y niños en primera infancia, por lo que es necesario que la legislación aplicable oriente a la administración pública para ello.
En el Senado de la República, dijo, hemos dado un paso a favor de esto, ya que el 14 de septiembre de 2019 se aprobó el Dictamen relativo a la Iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Algunos de los puntos más destacables de esta importante reforma son: se reconoce a la primera infancia como el periodo comprendido de los 0 a los 5 años; se establece la obligación de la federación, estados y municipios de crear políticas públicas para la atención a la primera infancia, asegurando que la madre reciba la nutrición adecuada y completa para la salud del feto, puntualizó.
Así como garantizar el apoyo y asesoría para quienes tengan bajo su cuidado a niños en primera infancia, para hacer posible una adecuada estimulación temprana y se establece, agregó, el deber del Sistema Nacional de Protección Integral de crear un Programa Nacional de Primera Infancia, para lo cual se establecerán presupuestos en los tres órdenes de gobierno.
El proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y el artículo 40 de la Ley General de Educación, fue turnada directamente a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.