Los sistemas de pensiones en México son excluyentes y desiguales. Siete de cada 10 adultos mayores no tienen la protección que otorgan los sistemas previsionales: seis de cada 10 hombres y ocho de cada 10 mujeres no cuentan con una pensión, subrayaron integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
Los expertos indicaron que se requiere revisar el padrón de los programas sociales y eliminar los que tienen duplicidades, así como contar con uno que logre mayor inclusión, reducir las desigualdades y dar mejores recursos a la población en edades avanzadas. Es necesario crear sistemas de pensiones no contributivos, unificarlos en uno solo y ya no abordarlos desde la perspectiva asistencial, sino de derechos humanos, dijeron.
En la rueda de medios “Pensión universal: estrategia para favorecer la equidad”, Isalia Nava explicó que en el caso de ellas, la mayoría recibe pensiones por viudez, mientras que entre los varones predominan las jubilaciones o tiempos de servicio.
Las mujeres participan poco en el mercado laboral: de 60 a 64 por ciento en las edades más productivas (de 30 a 64 años), en comparación con el casi 100 por ciento de los hombres en ese mismo rango de edad.
Eso se debe, entre otras causas, a dinámicas socioculturales en las que ellas hacen más trabajo doméstico y de cuidados, lo que a la larga repercute en su cotización y en la condición para acceder a una pensión contributiva. Por ello, consideró Gabriel Badillo, es necesario que en cualquier sistema de pensiones se tome en cuenta la dinámica del mercado laboral.
Actualmente, los trabajadores pensionados perciben montos diversos, abundó Berenice Ramírez. La pensión promedio del IMSS en 2017 fue de cuatro mil 700 pesos, y del ISSSTE de 12 mil pesos. Junto con otras dependencias gubernamentales, 60 por ciento de los pensionados recibe menos de 15 mil pesos, cuando cerca de 40 dependencias del sector público otorgan montos superiores a los 50 mil pesos mensuales; incluso, nueve pensiones van de los 200 mil a los 299 mil pesos, y una es de 300 mil, cifras que contrastan con la realidad salarial del país.
La experta recordó que para aliviar la falta de ingresos en la vejez, se iniciaron pensiones financiadas exclusivamente con recursos públicos, conocidas como ‘no contributivas’, como la Ley de pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años, el programa Oportunidades, 70 y más, y los instrumentados por los gobiernos de los estados.
No obstante, opinó Badillo, dichos programas no han funcionado adecuadamente porque se basan en un “cálculo político, en la rentabilidad electoral. Si se observa por estados, duran poco tiempo y no tienen financiamiento apropiado, por lo que están destinados a desaparecer al final de la administración que los implementa.
Ante ese panorama, abundó Berenice Ramírez, la construcción de una nueva propuesta de modelo previsional debe considerar el doble principio de inclusión e igualdad. Se requiere una evaluación completa de los efectos de dispersión y baja cobertura de los actuales regímenes de pensión, y situarlos como resultados de políticas redistributivas reales. Si se pretende favorecer la equidad y disminuir los extremos, la pensión debe darse en un primer momento a quien carece de ella, o cuando el monto es menor a la línea de bienestar.
El escenario más optimista de una pensión para la población que no la recibe, o para quienes reciben una muy baja (de cuatro mil 38 pesos, monto medio del IMSS), correspondería a 2.3 por ciento del producto interno bruto. “Sería apenas el inicio del establecimiento de una base de equidad”, subrayó Isalia Nava.
Ramírez concluyó que otro elemento a considerar es que 57 por ciento de la población ocupada está en la informalidad. Al respecto, Badillo dijo que la gente entra y sale del mercado laboral, por lo que interrumpe su cotización, situación que impacta en la posibilidad de contar con una pensión, y en la edad de retiro.