Tiene como clientes a servidores públicos
En la presentación de la iniciativa “Corrupción y empresas fantasma: propuestas de reforma legal para su combate eficaz”, por parte de la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal Ladrón de Guevara, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar aseguró que se está ante un sistema de robo de dinero de los contribuyentes, de desvío de los recursos públicos y de un régimen consolidado para la evasión fiscal.
Indicó que el tema es relevante e, incluso, el presidente electo ha sugerido una serie de propuestas y, con este acto, “queremos darle forma a iniciativas en materia fiscal y penal para erradicar uno de los fenómenos más nocivos que se ha presentado con mucha fuerza a lo largo de este sexenio”.
Sin exagerar, añadió, “podemos decir que este es el sexenio de las empresas fantasma y de la facturación falsa; hay una gran demanda, la cual ha cobrado bastante ímpetu a nivel de gobernadores, secretarios de Estado, instituciones educativas, instancias legislativas, es decir, la demanda por la facturación falsa cobró mucha fuerza en distintas áreas de la Administración Pública “.
Ramírez Cuellar mencionó que datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) marcan, de manera informal, una alerta y obligan a actuar, principalmente “por el daño tan grande que representa para las finanzas públicas, tanto en materia de evasión fiscal como el robo del presupuesto”.
Sostuvo que más del 50 por ciento de la facturación falsa tiene como clientes a servidores públicos, y con un peso muy significativo en entidades federativas y diversos órdenes de gobierno. “Tenemos que llegar al fondo de la erradicación de este nuevo sistema que se ha fortalecido y que es dañino para las empresas y los contribuyentes formales y, sobre todo, para las finanzas nacionales”.
Planteó una reunión con especialistas y empresarios para la primera quincena de octubre, con la finalidad de profundizar en el análisis de esta iniciativa y estar en la posibilidad de que legisladores de todos los grupos parlamentarios la presenten formalmente y sea resuelta antes de la llegada del paquete económico 2019.
La diputada de Morena, Martha Olivia García Vidaña, expresó que es un tema que a todos compete; por ello, dijo, es fundamental que esta iniciativa se consolide y se regularicen todas las facturaciones. “Estamos en la mejor disposición para trabajar por el bien de México. La corrupción es lo que queremos quitar en todos los ámbitos”.
Al dar detallar la propuesta de reforma a las leyes de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR), el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, aseguró que a quienes les servirán primero estas reformas no son las autoridades fiscales, sino los contribuyentes y pagadores de impuestos.
Destacó que las empresas fantasma son verdaderas redes delincuenciales y, en muchas ocasiones, tienen prestanombres, quienes, al revisar la información, suelen tener origen modesto e, incluso, son personas que ni siquiera saben que son miembros de esas sociedades, “dado que hay un mercado negro de venta de datos personales y de identidad”.
Con esta propuesta, puntualizó, se busca que el sistema sea eficaz, ya que es necesario inhibir conductas ilícitas. Actualmente, dijo, hay ocho mil 570 empresas en el listado de contribuyentes que caen en el supuesto que marca el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, relativo a la simulación de operaciones y emisión de facturas apócrifas.
La intención es que las personas morales y las físicas con actividad empresarial queden obligadas a retener las dos terceras partes del IVA que se cause cuando paguen servicios independientes prestados, tanto por individuos como por empresas.
Mencionó que no únicamente serán sujetos obligados las personas de derecho privado, sino del derecho público. “Recientemente hemos conocido casos de personas de gobierno que han simulado que se les prestan servicios de asesoría, de diseño de imagen institucional o administrativos, y los pagan, sacan el dinero del erario y después viene la cadena de facturas a uno y otro”.
La titular de Prodecon afirmó que todos los servicios que presten personas físicas o morales a la Federación, Ciudad de México, estados y municipios quedarían obligadas a retener dos terceras partes del IVA que se cause en esos casos.
Explicó que se propone exceptuar a las retenciones de los servicios prestados a las entidades del sector financiero, pues “éstas ya tienen múltiples regulaciones, que hace que sea prácticamente inexistente el fenómeno de la facturación falsa en este ámbito”. Para no perjudicar el flujo de efectivo, el impuesto retenido podrá ser acreditado por el sujeto que prestó el servicio, mencionó.
Con la modificación a la Ley del ISR, se busca que las personas físicas y morales de derecho privado, así como la Federación y demás entidades públicas estén obligadas, cuando les presten servicios, a retener el 10 por ciento de la contraprestación pagada.
En tanto, se sugiere elevar en el Código Fiscal de la Federación la penalidad de quien realice estas conductas de simulación, ya que actualmente es de tres meses a seis años y se busca incrementarla de dos a 10 años de prisión.
Además, se busca incorporar en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la emisión, utilización y compra de comprobantes fiscales digitales falsos, “pues la experiencia nos dice que son redes”.
Bernal Ladrón de Guevara precisó que se autorizará el acreditamiento del impuesto retenido en el mes que se integre la retención al SAT, disminuyendo el impacto en el flujo de efectivo, es decir, en el mes inmediato siguiente.
En caso de saldo a favor, se podrá compensar contra cualquier gravamen federal a cargo e, incluso, los retenidos a terceros. Los contribuyentes podrán acreditar el monto retenido contra todo y solicitar la devolución del saldo.
“Actualmente, representa un negocio redondo, porque la comisión es pequeña frente al monto de lo que puede evadirse y robar. La retención que se propone resulta mayor a la comisión que ilícitamente están cobrando las factureras falsas”, añadió.
Jorge Covarrubias Bravo, socio de la firma Parás, Asesores Fiscales S.C, calificó la propuesta como altamente eficaz, pues hoy se tiene un esquema descontrolado y, por ello, el Legislativo tiene que actuar a través de la retención de impuestos.
De aprobarse, dijo, la práctica quedará totalmente eliminada, pues con el esquema de retención el negocio ilegal de las facturas falsas y del outsourcing simulado no podrá subsistir, ya que son un problema serio y generalizado.
El presidente de Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro, externó su preocupación por la emisión de facturas por servicios que no se dan y que afectan a la Federación y benefician indebidamente a los compradores.
Sin embargo, dijo, las acciones que está tomando hoy la autoridad hacendaria para resolver el problema, afecta a las empresas serias y, por ende, a la economía y al país. “No se debe seguir afectando a las empresas formales por el problema que tienen las fantasmas. Urge la devolución oportuna del IVA y de otros impuestos”, añadió.
Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), resaltó que la iniciativa ataca el problema de la facturación falsa y genera un desincentivo para usar esa figura. Añadió que más de la mitad de las facturas que se comercializan en el país, no las usa la iniciativa privada, sino el sector público, principalmente en las entidades federativas.
Mencionó que si bien se pueden generar efectos colaterales en los contribuyentes que están dentro del marco constitucional y con operaciones normales, “si se acota e incentiva con una mecánica de devolución adecuada, es una propuesta idónea y debe ir acompañada de una fiscalización oportuna y precisa”.
Alejandro Marín Contreras, integrante de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales Jalisco A.C, señaló que la entidad ocupa el segundo lugar nacional en la venta de facturas falsas y, a pesar de las medidas impuestas para reducir estos actos, “actualmente no se ha logrado desincentivar su uso; al contrario, es más común que los contribuyentes recurran a esta compra como una estrategia para bajar el pago de sus impuestos”.
Resaltó que la demanda está fuera de control. No sólo se usan a los asesores fiscales, sino a terceros que han visto en esta práctica la manera de hacerse millonarios fácilmente. Por ello, calificó como de gran relevancia la propuesta de Prodecon, ya que busca inhibir la venta de facturas en el sector privado y público.