¿Mensaje para AMLO?
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, advirtió que la corrupción se alimenta y nutre de la impunidad; es necesario atacar de raíz los problemas económicos, el ejercicio del gasto, de diseño del presupuesto, las áreas de opacidad, porque no hacerlo impide avanzar en la lucha contra este flagelo.
El papel del Poder Legislativo en el combate a la corrupción tiene gran importancia porque elabora y emite leyes, las cuales deben integrar en su definición el insumo que ofrece la fiscalización superior, y los que aporten las otras instancias que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Afirmó que falta mucho por hacer en este Sistema, está incompleto, existen nombramientos pendientes en el Senado que “ojalá se resuelvan en el corto plazo”.
Al participar en el foro “Lucha Anticorrupción: la Experiencia Internacional”, organizado por la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, el auditor destacó la importancia de conocer lo que realizan otros países en la lucha anticorrupción porque la información, prácticas y conocimiento diseñados en otros lugares, constituyen una referencia invaluable para fortalecer las estrategias en esta materia.
El también presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), subrayó que en la actualidad, el ejercicio de la fiscalización superior enfrenta desafíos derivados de la existencia de un sector público que tiene una naturaleza cambiante y compleja.
La labor de la auditoría gubernamental debe mantenerse al margen de consideraciones políticas y partidarias. El entorno político, desarrollo económico, avances tecnológicos, la dinámica social, e inclusive el contexto internacional, tienen un impacto positivo y significativo en la manera de operar de las instituciones gubernamentales. Un ejemplo, agregó, es que si cambia la política económica, se tendrá que cambiar el programa y el estilo de la elaboración de las auditorías.
Colmenares Páramo mencionó que para que la Auditoría cumpla sus atribuciones y su rol dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó mejorar la contribución de la auditoría de gobernanza pública mediante la identificación de vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control interno y de gestión de riesgo de las entidades auditadas, que propician casos de fraude y corrupción.
“Como referencia de las áreas de oportunidad de la Auditoría Superior, se cuenta con los resultados del informe sobre la gobernanza pública del sistema nacional de fiscalización elaborado por la OCDE en el que se destacan los temas primordiales que la Institución debe abordar para cumplir con sus nuevas atribuciones de la auditoría”.
Asimismo, rediseñar procesos y estructura de áreas organizacionales para garantizar el equilibrio entre capacidades y nuevas responsabilidades, en particular, actividades estratégicas, flexibilidad de recursos y unidad de liderazgo.
La OCDE sostiene que se debe adecuar la metodología de planeación y programación de auditorías para priorizar la asignación de recursos a temas relevantes, y considerar reducir el volumen de revisiones realizadas.
Se recomendó mejorar los procesos internos de control de calidad con el fin de garantizar relevancia y solidez técnica de los productos institucionales para contribuir en el fortalecimiento de la labor legislativa, y reforzar las estrategias de comunicación sobre la relevancia del impacto del trabajo entre los grupos de interés, incluidos el Congreso, las comisiones legislativas, los entes auditados y los ciudadanos.
Adelantó que este año, se pretende conformar la auditoría especial de obra pública, infraestructura y adquisiciones. “Esto nos permitirá visualizar el Sistema Nacional Anticorrupción como una política del Estado mexicano, cuyo objetivo es crear las condiciones que permitan reducir la recurrencia de prácticas irregulares, conductas inapropiadas y actos alejados del interés público, a partir de un enfoque basado en la cooperación intergubernamental”.
“Lo primordial de esta estructura a la que aspiramos es que permite establecer puntos de contacto y colaboración entre autoridades del orden federal y local, lo que significa que ambas partes estarán al tanto de las problemáticas que afectan al sector público del país y consecuentemente las alternativas de solución surgirán de un intercambio plural de las propuestas”.
El titular de la ASF consideró que la Auditoría Superior como órgano técnico de la Cámara de Diputados, debe generar una nueva dinámica encaminada a incentivar que sus resultados se conviertan en insumo primordial para sus labores.
“Siempre será útil examinar los instrumentos y políticas que han tenido un impacto positivo en la reducción de prácticas irregulares, ya que permite visualizar qué elementos deben ser considerados para mejorar los ambientes institucionales y, al mismo tiempo, influir en el establecimiento de una cultura sólida”.
En la Conferencia Magistral “Corrupción, políticas públicas y ciudadanía”, Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de la República de Costa Rica en el periodo 2010-2014, externó su felicitación al Congreso mexicano por la normativa aprobada para combatir esta práctica y castigar la impunidad.
Indicó que las reformas recientes son de gran calado y devuelven esperanza al ciudadano, pero queda pendiente la adecuada implementación de las reformas procesales y penales, pues “en tanto no haya avances, México seguirá arrastrando dificultades para que los fiscales trabajen de manera más efectiva y expedita”.
Asimismo, la independencia que deben alcanzar las instituciones encargadas de la persecución penal, desde el nombramiento de los fiscales hasta los mecanismos para su destitución, así como los instrumentos que garanticen su financiamiento y la administración de la Fiscalía o Procuraduría.
Chinchilla Miranda mencionó que la corrupción e impunidad son los mayores lastres que tienen las naciones de América Latina. De acuerdo con el Indicador de Transparencia Internacional, en la región sólo hay tres países que se salvan: Uruguay, Chile y Costa Rica. En tanto, México ocupa la penosa posición 135 de 180 naciones.
América Latina es una de las tres regiones con mayores niveles de deshonestidad a nivel global, y en los últimos tres años se ha confirmado esta aseveración, al conocer casos gigantes como el de Odebrecht, FIFAgate y Paradise Papers.
Precisó que estos escándalos, que involucraron a figuras del ámbito económico y político, permitieron establecer una acción policial y judicial. Con ello, prosiguió, “América Latina empezó a ver detrás de las rejas y en el banquillo de los acusados a los corruptos de sus países, y se dio una refundación de las instituciones entre 2015 y 2018”.
No obstante, Laura Chinchilla advirtió que se enfrentan varios riesgos: el descrédito en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y en la administración de justicia; los golpes en la reducción de presupuestos para que jueces y auditores no cumplan su misión. De la misma forma, dijo, la contrarreforma.
“El clientelismo –afirmó- es la partera de la corrupción política de América Latina y sigue pesando fuertemente en las naciones. El desafío que tenemos está en las reformas a los sistemas electorales, y el gran talón de Aquiles sigue siendo el financiamiento de las campañas electorales; si no seguimos trabajando, habrá clientelismo en la política latinoamericana”.
Subrayó que los medios de comunicación son fundamentales para hacer frente a la deshonestidad y la ciudadanía es el mejor garante de la lucha contra la impunidad. “Debemos casarnos con la propuesta de un gobierno abierto, particularmente en tres áreas que son focos de corrupción: las aduanas, las adquisiciones de bienes y la distribución de las ayudas sociales”, apuntó.
Jan-Michael Simon, coordinador general Académico de la Escuela de Doctorado en Derecho Penal Comparado del Instituto Max Planck y de la Universidad Alberto Ludovico, de Friburgo, Alemania, destacó que no existe un tipo único de estrategias o camisas de fuerza para enfrentar la impunidad y corrupción.
El éxito de las acciones, dijo, dependen de la voluntad del Estado que solicita la ayuda para que investigue, juzgue y sancione esos delitos; de la fuerza de la sociedad civil para hacer propuestas sobre su diseño y del apoyo de la comunidad internacional para auxiliar a sortear los desafíos que una nación enfrenta por la impunidad, a fin de que los funcionarios y el aparato de justicia realmente actúen.
Expresó la necesidad de “establecer dientes afilados”, a la misión internacional contra la impunidad para cooperar y colaborar en las acciones que garanticen un estado de Derecho, a través de fortalecer la posición de los funcionarios, de la sociedad y organizaciones civiles que buscan equilibrar el poder y contrarrestar esos fenómenos.
Señaló que cuando un Estado entra en la corrupción e impunidad pone en peligro los fundamentos de su propia razón de ser, ya que alienta la criminalidad organizada que permea los ámbitos social, administrativo y hasta penal a través de una “impunidad estructural derivando en una sistémica”, con actos ilícitos desviando las normas básicas de convivencia en un Estado democrático y de Derecho.
“El panorama es poco esperanzador porque no es una ficción, ya que las causas estructurales de la corrupción son múltiples, y la sanción penal no es lo plus ultra para resolverla. Por ello, el sistema penal juega un rol esencial para que nadie se encuentre por encima de la ley”, afirmó.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, de “México Evalúa”, mencionó que la corrupción sistémica es concebida debido a que las instituciones trabajan a su favor, es decir, las leyes, los reglamentos y la normativa “abren los espacios necesarios para que esta práctica sea permanente”.
Advirtió que de no atender el diseño y la fortaleza de las instituciones no se podrá terminar con la impunidad. Combatirla en el país requiere implementar estrategias que caminen paralelamente al desarrollo de la gobernanza y para ello es fundamental la participación ciudadana.
Expuso que México se caracteriza por tener un sistema presupuestario de contratación pública discrecional, convirtiendo a este rubro en “la joya de la corona”; por ello, es fundamental definir límites a esta tarea.
En este sentido, dijo que la nación debe actualizar la ley en la materia, ya que no contiene las prácticas internacionales para cerrar los espacios al mal manejo de la contratación de servicios. “La mayoría se adjudican de manera directa sin una licitación, toda vez que está ultima se estipula en la Constitución”.
Agregó que si bien es cierto la Auditoría Superior de la Federación realiza las observaciones en el rubro de adquisiciones éstas se concretan cuando ya se hizo una afectación al bienestar o el desvío de recursos.
Aseguró que se ha querido combatir la corrupción discutiendo leyes de adquisición y adjudicación de los contratos, pero hay un problema mayor: la política de infraestructura, que no está planteada en una ley y el resultado es que existe un sistema politizado.
Mariana Campos propuso que en la segunda fase de discusión del Sistema Nacional Anticorrupción se aborde la contratación pública, desde una perspectiva que incorpore procesos que fomenten la competencia, la profesionalización del servicio público y el uso de la tecnología que garantice la fiscalización y evite el desvío de los recursos públicos.
De la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el comisionado Iván Velásquez Gómez, explicó que las actividades de esta dependencia están vinculadas a la investigación criminal, así como incidir en proponer políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales que permitan erradicar o que reaparezcan los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Subrayó que el diseño de esta comisión de apoyo internacional a la lucha contra la impunidad garantiza la actividad humana de quien ostenta la titularidad de la acción penal en el país; es decir, la CICIG no es un mecanismo de sustitución de autoridades nacionales sino contribuye con la fiscalía general en la investigación de estructuras criminales; pero, aclaró, la titularidad de la acción penal continúa en el Ministerio Público.
Enfatizó que la independencia de la CICIG contribuye en la consolidación o el proceso de formación de un verdadero Estado de Derecho, pues carece de vínculos e intereses con actores nacionales y sólo se guía por los elementos probatorios recaudados en una investigación. Aseguró que lo que pretende fundamentalmente con esta cooperación internacional, es poder “construir en nuestros países la cultura de la legalidad”.
Consideró que para que acciones y colaboraciones de la comunidad internacional como las de la CICIG tengan sus frutos adecuados, se requiere el compromiso estatal fuerte en la conformación de un poder judicial realmente independiente y que sólo criterios de idoneidad, capacidad y honradez sean los que determinen la selección de estos funcionarios. Además, continuó, es indispensable, que el sistema de justicia en general pueda dar efectivamente respuesta a la criminalidad.
Al clausurar este foro, la presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a los Procesos y Resultados de las Compras del Gobierno Federal, la diputada Claudia Corichi García destacó que la cultura de la legalidad es la aspiración de todos los pueblos y, para ello, es fundamental combatir la impunidad y la corrupción.
Se congratuló por los aportes de los ponentes y resaltó que una coincidencia es cerrar la discrecionalidad en el sector público en el tema de las reformas al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obra Pública.
Otro tema, dijo, es el dinero público en las campañas, ya que es delicado, importante y debe profundizarse. Además, destacó la labor de la ASF en su función para combatir la opacidad.
Corichi García hizo ver la importancia de las reformas en el Poder Judicial, no solamente en América Latina sino en México, es decir, “la necesidad de un ente que actúe de manera pronta, expedita y con independencia”.