La senadora Alejandra León Gastélum solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se sirva tomar medidas extraordinarias a fin de evitar el desfalco de la Hacienda Pública del Estado de Baja California en el último año de gobierno.
En su proposición con punto de acuerdo, exigió a la ASF inicie el procedimiento de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el gobierno de Baja California al patrimonio de dicha entidad, lo anterior derivado de los resultados del Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 así como de los Informes Especiales por auditorías practicadas.
La legisladora del Partido del Trabajo señaló que de las revisiones, acciones y auditorías, se desprende que el gobierno de Baja California ocupa el noveno lugar en cuanto a observaciones recibidas por parte de la Auditoría Superior de la Federación, esto es, 22 entidades federativas y la Ciudad de México fueron mejores en el manejo de los recursos públicos.
El Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado, verificado también por ASF, Baja California en el ejercicio 2016 fue de 77.7, por abajo de entidades como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, Colima, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Sin duda, explicó León Gastélum, la ineficacia en el ejercicio de las ministraciones provenientes de los distintos ramos que integran el Presupuesto de Egresos de la Federación inciden en el deterioro del nivel de vida del pueblo de Baja California, e impiden aprovechar las ventajas comparativas con que cuenta la entidad derivadas de su envidiable ubicación geográfica en el extremo occidental de la frontera norte de la República Mexicana.
Por otra parte, en relación con las Observaciones con Impacto Económico Pendientes de Solventar de 2012 a 2016, en el concepto de Gasto Federalizado Programable, considerando el importe de procedimientos resarcitorios en desahogo 2012-2013 y el monto de denuncias de hechos, se tiene que para Baja California el monto pendiente de solventar, derivado del Pliego de Observaciones a las Cuentas Públicas 2012-2015, asciende a la cantidad de $4,661.4 millones de pesos.
En cuanto a las Participaciones Federales 2016, respecto de Baja California se registraron Observaciones con Impacto Económico pendientes de solventar por $583.9 millones de pesos, de los cuales $235.7 corresponden a gobiernos municipales de la entidad.
La senadora por Baja California también solicitó en su propuesta que se dé vista a las autoridades competentes con el propósito de que el gobierno de Baja California cumpla con sus obligaciones a fin de observar los límites y modalidades de la deuda pública contratada, en términos de lo dispuesto por el artículo 53 en relación con el 70 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Asimismo demandó que en razón de que, derivado de los desvíos y demás irregularidades encontradas a través de las acciones, revisiones y auditorías a que se refiere el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2016 así como de los Informes Especiales, existe la presunción seria y grave de que en el último año del gobierno del estado de Baja California proliferen los hechos de corrupción, se sirva promover, con base en los elementos de prueba hasta ahora recabados, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, presentándolo ante la autoridad competente según la autoridad y/o servidores públicos que resulten probables responsables, como medio para proteger los recursos públicos destinados al pueblo de Baja California, en particular los relativos a infraestructura y programas sociales para los grupos vulnerables.
La propuesta fue turnada a las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.