Se suma a las estancias infantiles
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, expresó la preocupación por el envejecimiento demográfico de México y por la pretensión de suprimir instituciones como el INAPAM. “Si hay irregularidades o ilícitos investiguen y sancionen, pero no priven a las personas mayores de recibir asistencia y apoyos”.
Al presentar el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer 41 propuestas generales para optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y procesos para la protección efectiva de ese grupo poblacional, entre las que sobresalen el llamado al Ejecutivo federal para firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores e incorporarla al orden jurídico nacional, así como armonizar las leyes federales con su contenido y destinar el presupuesto adecuado para su puntual cumplimiento.
La CNDH expresó su preocupación por el envejecimiento de la población mexicana y los retos que representa para el cumplimiento de los derechos humanos, como lo demuestra el hecho de que en los últimos años esa población paso de 6.8 millones a casi 13 millones de personas, que equivale al 10% de la población total del país.
Además, debe considerarse que el Informe Especial aporta elementos objetivos de ponderación sobre la condición de las personas mayores en nuestro país, siendo una de las necesidades que se hicieron evidentes el fortalecer los mecanismos e instancias de atención y apoyo establecidos para tal efecto y no desaparecerlos, como pareciera desprenderse de los anuncios hechos el día de ayer sobre esta materia.
Si existen irregularidades o se cometieron ilícitos deben investigarse y sancionarse, y si los procesos operativos no producen los resultados deseados, deben revisarse y plantearse, pero la opción no es privar a millones de personas mayores de recibir asistencia y apoyos prestacionales que difícilmente pueden monetizarse como alternativa de solución.
La revisión y evaluación del desempeño, utilidad y atribuciones de cualquier organismo público no deben inhibir, condicionar o eliminar el cumplimiento de las obligaciones convencionales, constitucionales y legales del Estado mexicano para con las personas en condición de vulnerabilidad; tales revisiones deben realizarse con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, ciclo de vida, transversalidad y transparencia, con base en información y evidencia objetiva, buscando en todo momento preservar y defender los derechos fundamentales de la población.
En su Informe, la CNDH pide incluir en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos específicos para la protección y garantía integral de los derechos de la población mayor de 60 años y concretar una propuesta de política pública nacional en materia de vejez, envejecimiento y atención de esas personas, con acciones diferenciadas para los grupos más vulnerables, un plan de ejecución transversal, y perspectiva de ciclo de vida a fin de diseñar una ruta crítica para atender los problemas del Sistema de Salud.
En él se afirma que, ante el acelerado proceso de envejecimiento que enfrenta la sociedad mexicana, se requiere invertir y distribuir recursos suficientes para fortalecer las acciones de formación de capital humano especializado en atención de la población mayor, investigación geriátrica y gerontológica, infraestructura de servicios públicos y en acciones encaminadas a promover la preparación para la vejez de los sectores más jóvenes de la sociedad.
Las 41 propuestas de ese Informe tienen como objetivo optimizar, reestructurar, potenciar y desarrollar mecanismos y procesos para la protección efectiva de las personas mayores, y están dirigidas a las y los titulares de dependencias federales, integrantes de la Cámara de Senadores, titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las 32 entidades federativas, INAPAM, INEGI, el Sistema DIF Nacional y Sistemas DIF estatales, instancias de procuración de justicia, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y autoridades de impartición de justicia.
La CNDH propone optimizar los sistemas de recopilación estadística sobre personas mayores, invertir en la capacitación del personal en derechos humanos de las personas mayores y los estándares internacionales en la materia, incrementar el presupuesto del INAPAM y del Instituto Nacional de Geriatría, y se sugiere que el Estado tome un nuevo curso de acción para garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de sus prerrogativas y asegurar a cada generación la posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo personal y bienestar durante el envejecimiento, y que la edad no represente un factor de desigualdad en la calidad de vida.
De no hacerlo, existe la posibilidad de que el bono demográfico comprometa y ponga en riesgo el acceso al goce y ejecución de los derechos de las poblaciones más jóvenes.
Subraya que el Estado mexicano carece de políticas públicas integrales para responder a los retos del cambio demográfico; prevalece la ausencia del enfoque de derechos humanos y de la participación de las personas mayores en los planes y programas dirigidos a ese sector poblacional; hay desarticulación en la actuación del Estado, la comunidad y las familias para la realización y protección de los derechos de las personas mayores, y se requiere asignar recursos presupuestales con enfoque diferenciado y transversal a las instituciones que trabajan con ese grupo vulnerable.
Este Organismo Nacional observó que, se carece de un Diagnóstico Nacional con enfoque diferenciado que considere a las personas mayores como una categoría formada por muchos subgrupos sociales, cuyas oportunidades para el acceso a sus derechos están determinadas por factores como el género, la edad, el estado de salud y el origen étnico, e identificó como necesidad apremiante que los programas y acciones dirigidas a esas personas incluyan, tanto en el diseño como en la ejecución, enfoque de género, medidas afirmativas y enfoque diferenciado para asegurar la igualdad real en el acceso a prestaciones y servicios que otorguen.
Para la elaboración de este Informe, la CNDH formuló 148 solicitudes de información a diversas autoridades federales y locales: 9 Secretarías de Estado; 6 organismos descentralizados; al Sistema Nacional DIF y a los 32 Sistemas Estatales DIF, a la entonces Procuraduría General de la República y a las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia locales, Direcciones Generales del Registro Civil y a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de las entidades federativas.
Resultado del análisis de las respuestas que dependencias e instancias dieron a las solicitudes de información de la CNDH, se identificaron problemáticas tales como que 6.9% de personas entre 60 y 74 años y 3.8% de quienes tienen 75 años o más carecen de inscripción de nacimiento.
La Secretaría de Salud señala que las enfermedades de más alta incidencia durante el envejecimiento son hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardiacas, derrame cerebral y elevados niveles de colesterol o grasa en la sangre.
En cuanto a las personas mayores residentes en centros de asistencia social, se observó que las autoridades carecen de datos precisos y desagregados para identificar cuántas son y dónde se encuentran.
El INAPAM informó tener registro de 627 albergues, 1,171 clubes de personas mayores, 328 residencias y 220 instalaciones para usos diversos, e indicó tener a su cargo 3,335 centros de distintas modalidades de servicios, en tanto que los Sistemas estatales DIF tienen 1,707 centros en todo el país, de los cuales 399 ofrecen servicio de pernocta y 1,308 son casas de día.
De los registros de personas mayores en los centros y albergues públicos y privados, se identificó a 4,513 personas, de las cuales 42% son mujeres, 28% hombres, y sobre el resto no se alude al sexo.
La presentación del Informe Especial fue encabezada por el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien estuvo acompañado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; María de los Ángeles Fuentes Vera, presidenta del Comité de Derechos Humanos Ajusco; Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH, y Cinthya Harumi González Téllez Girón, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia.
En su oportunidad, el magistrado Rafael Guerra dijo que el Informe permite priorizar el envejecimiento en las políticas públicas y gestionar los elementos para generar los medios especiales que deberán ser puestos en marcha.
Subrayó que se trata de un esfuerzo que requiere recursos humanos, materiales y financieros a corto y largo plazo, y añadió que estimaciones de Naciones Unidas son contundentes al indicar que entre el 2015 y 2030 habrá un aumento sustancial de personas mayores de 60 años; en especial, en países en vías de desarrollo, el famoso bono demográfico pasará de ser una ventaja a un reto sin precedentes, un reto cuya respuesta no puede esperar.
A su vez, María de los Ángeles Vera apuntó que el informe propone una clara ruta de transversalidad en la política pública para hacer vigentes los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país.
Dijo que permite ubicar una gran agenda pendiente que evidencia la deuda del Estado mexicano con las personas mayores, además de visibilizar la discriminación que vive este grupo etario, cuyos derechos son poco o nada respetados y que se refleja en la falta de políticas públicas claras y de presupuestos formales en favor de los derechos de las personas mayores.
El Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INFORME_PERSONAS_MAYORES_19.pdf