Por Violeta Contreras García
(dpl news) Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, se hizo evidente la importancia de las redes de comunicaciones y la necesidad de establecer un protocolo para alertas de emergencia en México.
En situaciones críticas como esas, la información en tiempo real puede ser clave para mantenerse con vida, buscar ayuda, resguardarse o comunicarse con los seres queridos.
Aunque los sismos son fenómenos naturales que no se pueden predecir, la prevención es una parte fundamental para evitar pérdidas humanas, y también materiales.
En cuestión de telecomunicaciones, desde el 15 de diciembre del año marcado por los movimientos telúricos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) abrió una consulta pública sobre los lineamientos para establecer el Protocolo Común de Alertas de Emergencia.
Sin embargo, a la fecha aún no se emite el proyecto mediante el cual se deben indicar los elementos para la coordinación entre el sector público, a través de la Dirección General de Protección Civil, y los operadores de distintas tecnologías.
El año pasado, el regulador mexicano dijo que el protocolo aún seguía en revisión, debido a que los diferentes sectores de la industria habían manifestado preocupaciones diversas según el tipo de servicio que ofrecen: banda ancha móvil, televisión u otros, en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones reformada en 2015.
A su vez, existe el Protocolo Digital de Emergencias, puesto en marcha por primera vez hace un año para organizar la respuesta inmediata del gobierno ante la contingencia, por medio de un chatbot del sitio gob.mx, para acceder a documentos de identidad y de seguridad social, así como a través de la página de Facebook oficial.
Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las redes y los sistemas de alerta temprana pueden salvar vidas, al igual que mitigar los efectos de las catástrofes. Desde hace más de una década, el organismo ha hecho varias recomendaciones al respecto.
La resolución UIT-T X.1303 (2007) señala a los países que es necesario determinar e implementar un Protocolo de Alerta Común. Otros resolutivos también urgen a gestionar las redes en operaciones de socorro, al igual que el uso del espectro radioeléctrico en situaciones críticas.
Aunque en gran medida depende de las características geológicas, la magnitud e intensidad, especialistas como Margarita Velázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostienen que intervienen aspectos sociales como la realidad socioeconómica y la prevención.
Por ejemplo, en 2010 Chile fue sacudido por un sismo de 8.8 grados y murieron 800 personas, mientras que ese mismo año en Haití ―uno de los países más pobres de América y con menor desarrollo de redes móviles― se presentó un terremoto de magnitud 7, acabando con la vida de alrededor de 200 mil habitantes. La desproporción de la tragedia es enorme.
El ejemplo chileno
Chile es el país más sísmico del mundo y también uno de los más preparados de América Latina para afrontar ese fenómeno. Parte de ello es la cultura de protección civil que ha desarrollado y la normativa de construcción aplicada, pero también el país destaca por sus acciones en materia de telecomunicaciones de emergencia.
En la nación andina, la gestión de la comunicación se centra en el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares en caso de terremoto, a través del cual se emite un mensaje de texto de manera automática a una zona georeferenciada. La congestión de las redes en esas situaciones no afecta la entrega del aviso, ya que se utilizan otros canales de frecuencia.
El SAE tiene una plataforma denominada Centro de Distribución de Alerta Integrada, basada en estándares de comunicación del Protocolo de Alerta Común OASIS V.12. Hasta ahora, sólo se ha implementado en redes celulares.
Todos los teléfonos y las redes móviles están sujetos al SAE, así que los dispositivos deben contar con un sello que indica bajo cuáles bandas el operador hace funcionar el servicio.
De acuerdo con el Plan de Reacción de Comunicaciones en Situaciones de Emergencia del IFT, en México los sistemas de alerta tienen como eje los medios de comunicación y la información por medio de altavoces en sitios públicos. A través del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano (Sasmex) se difunden avisos en estaciones de radio, en televisión, Twitter y otros receptores.
Existen también aplicaciones móviles como SkyAlert, pero son iniciativas privadas que se basan en datos de los organismos del Estado, por lo que no tienen un carácter oficial, como indica 5G Americas.
Además, Chile adoptó el sistema japonés de televisión digital, que al país asiático le ha permitido aprovechar parte del espectro liberado por el apagón analógico para enviar información a televisores y teléfonos que capten señales compatibles.
No obstante, aunque los diferentes países de América Latina pueden aprender del ejemplo de naciones vecinas, o incluso de otro continente, también se debe reconocer las particularidades que condicionan la implementación de una u otra tecnología en la prevención y alerta de emergencias.
Según el Centro Sismológico Nacional de Chile, en el país no es del todo viable desarrollar un sistema como el Sasmex en terremotos como el del 19 de septiembre de 2017, debido a la diferencia en la distancia entre el epicentro y la zona que recibe el aviso.
A diferencia de la capital de Santiago, en la Ciudad de México la fuente sísmica suele ubicarse a una distancia mayor, lo que brinda más tiempo de reconocimiento y de viaje para las ondas, es decir, un tiempo mayor antes de que ocurra. En cierta medida, esto explica la priorización de redes móviles.
Emergencias y brecha digital
Un elemento fundamental en lo que sí deben trabajar todos los gobiernos, en conjunto con la industria, es en la expansión de servicios de conectividad para toda la población.
Según cifras de 2018 de 5G Americas, Chile se ubicó en el número 5 en penetración de banda ancha móvil en América Latina, por encima de México y Brasil. Hasta el primer trimestre del año, en el país existían 25 millones 700 mil abonados de líneas de telefonía móvil, alcanzando una penetración de 135.3 suscripciones por cada 100 habitantes, de acuerdo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
En tanto, en México las cifras del IFT señalan que al cierre de 2018 se contabilizaban poco más de 120 millones de líneas móviles, lo equivalente a una teledensidad de 96 abonados por cada 100 habitantes.
A medida que se cierra la brecha digital, se expanden los servicios de telecomunicaciones y mejoran su calidad, y más personas podrán actuar de manera rápida y ordenada ante situaciones de emergencia.
Estudios de diferentes organismos, como 5G Americas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y la UIT, coinciden en la relación que existe entre la digitalización de un país y su desarrollo socioeconómico.
Tras los terremotos de septiembre de 2017, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) hizo hincapié en que los estragos fueron más fuertes en zonas más pobres y con mayor insuficiencia de servicios de telecomunicaciones.
En un país como México, donde han ocurrido seis de los 19 sismos más significativos y devastadores de América Latina hasta 2010 (una tercera parte del total), de acuerdo con Earthquake Disasters in Latin America, es imprescindible no dejar a nadie desconectado.