El Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para someter a proceso penal al presidente de la República, no sólo por traición a la patria –como se establece ahora-, sino también por hechos de corrupción y delitos electorales, entre otros, luego que en el Pleno fueran discutidas y aprobadas dichas reformas con 111 votos en favor y uno solo en contra.
En tales reformas, fueron incluidos los delitos señalados en el segundo párrafo del artículo 19, que son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Las modificaciones al capítulo “De las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y patrimonial del Estado”, también serán aplicables a los integrantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
En todos los casos se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 111 constitucional, que establece que para proceder penalmente contra el presidente, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110, referente al juicio político. En este supuesto, el Senado resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Oscar Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la reforma es un mecanismo que pretende inhibir la corrupción en las esferas del gobierno, porque este fenómeno es la principal causa de la desigualdad que padece el país.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera, refirió que el objetivo de modificar la Constitución es ampliar el catálogo de supuestos para que el presidente de la República pueda ser juzgado penalmente ante la Cámara de Senadores.
El senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que esta reforma termina con un régimen de excepción y de impunidad que protegía al presidente de la República. También, dijo, se sientan las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, como lo demanda la sociedad.
En los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, consideró que el fuero no debe ser un impedimento para sustanciar procesos penales contra funcionarios públicos, pero al mismo tiempo permite la no persecución indebida por el libre ejercicio de las facultades de un funcionario público. Por ello, la declaración de procedencia se mantiene.
Indira Rosales precisó que el Grupo Parlamentario del PAN está en favor de todo lo que abone a la transparencia, combate a la corrupción y para que todos tengan piso parejo en materia legal. Agregó que hay nueve iniciativas presentadas para la verdadera eliminación del fuero. Sin embargo, reconoció que con este dictamen se da el primer paso. “Estamos a favor de iniciar una discusión seria en el tema”.
Nuvia Mayorga, del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que el dictamen robustece el régimen de responsabilidades y de rendición de cuentas. No se elimina el fuero, aclaró, pero se amplía el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, particularmente del presidente y de los legisladores.
La senadora Alejandra León Gastélum, del PT, aseguró que la propuesta pretende que todos los funcionarios involucrados en actos ilícitos sean procesados penalmente. A partir de ahora, el presidente, las y los integrantes del Congreso, podrán ser imputados y juzgados por hechos de corrupción.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dijo que a través de este dictamen se quiere “engañar a México”. Se está creando un doble fuero. Quieren votar una farsa, ya que el documento no plantea su eliminación, dijo.
Eduardo Murat Hinojosa, senador del PVEM, indicó que es evidente que hoy debemos impulsar mayor protección a los ciudadanos, a través de una mayor rendición de cuentas de los servidores públicos. Este dictamen es el inicio para establecer lo que por años ha exigido la ciudadanía: sancionar cualquier acto de abuso de autoridad, impunidad y mal ejercicio de cualquier cargo público.
Al pronunciarse en favor, el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, afirmó que con este dictamen se da un mensaje a la ciudadanía: que no estamos en dos raseros distintos. Tanto el presidente, como las y los legisladores podremos ser juzgados. No habrá distinciones, dijo.
En nombre de Encuentro Social, la senadora Sasil De León afirmó que con esta modificación a la Constitución, el Senado tiene la oportunidad histórica para que, en congruencia con el escenario político actual, construya un país más democrático y con instituciones fortalecidas.
En la discusión en lo general participaron los senadores Emilio Álvarez Icaza (sin partido) y Fernando Castañón (MC), quienes rechazaron el dictamen por no eliminar el fuero. Subrayaron que sólo se modifica el régimen de excepción para el presidente de la República.
En favor de la reforma expusieron los senadores Nancy de la Sierra (PT) y Salomón Jara (Morena), que señalaron que las modificaciones representan la construcción de un nuevo régimen político para juzgar al presidente de la República y se elimina la opacidad.
Las modificaciones aprobadas a la Constitución fueron remitidas a la Cámara de Diputados.