La senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román presentó una iniciativa con el objetivo de crear el Registro Nacional de Agresores Sexuales, el cual puede ser una opción viable en la prevención de este tipo de delitos.
La propuesta de la legisladora plantea que el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y contendrá la información de aquellas personas que han sido sentenciadas por algún delito de naturaleza sexual.
Sugiere que el infractor aparezca en el Registro mientras se encuentre cumpliendo la pena que le haya sido impuesta por la autoridad judicial mediante sentencia firme, y que, una vez cumplida la pena, deje de aparecer en dicho Registro con calidad de sentenciado.
Además de que las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas, los municipios, así como las autoridades penitenciarias, mantengan permanentemente actualizado el Registro Nacional de Personas Agresoras Sexuales, con la siguiente información del infractor:
Nombre completo; fotografía; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; CURP; delito por el cuál cumple sentencia el infractor; Centro Penitenciario donde se encuentra cumpliendo la pena; antigüedad y estado del cumplimiento de la pena.
Cuando el sentenciado haya cometido el delito sexual en contra de quien se encuentre bajo su patria potestad, propuso Rosales San Román, la Fiscalía podría solicitar la pérdida de ese derecho sobre la víctima.
Pero cuando el delito sea cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, sea inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.
Rosales San Román asentó que la creación de este registro ayudará a contar con mejores herramientas de control de la incidencia delictiva en nuestro país, sobre todo, aquellas personas reincidentes, en las que definitivamente, el sistema penitenciario no les funcionó como inhibidor de la comisión de algún delito.
Asimismo, puntualizó la legisladora panista, pretende que las autoridades y la sociedad tengan al alcance los datos de las personas que han sido sentenciadas por algún delito sexual, la pena que a la que ha sido acreedor, y el estatus del cumplimiento de la misma.
La iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un Capítulo VII a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue turnada a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera.