La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, con 439 votos, el dictamen que modifica la Ley de Migración respecto de los derechos de los alojados en las estaciones y establecer las causas para sancionar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), a fin de no limitar derechos, evitar violaciones y aplicar multas más estrictas a funcionarios.
La presidenta de la Comisión de Migración, Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), dijo que la reforma que modifica los artículos 109 y 140 de la citada ley y que fue remitida al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, establece que todo presentado tendrá plenos derechos desde su ingreso hasta la estación migratoria.
Agregó que los servidores públicos serán sancionados con la destitución e inhabilitación, con lo que se garantizará y promoverá el total respeto de los derechos humanos.
En cuanto a la temporalidad de la inhabilitación, subrayó, es importante referirse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que clasifica a las faltas como no graves o graves, y para ambas prevé inhabilitación.
Respecto de faltas no graves establece la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras, la cual no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
En cuanto a las graves, añade, la invalidación será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa no excede 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y de 10 a 20 años si el monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrá imponer de tres meses a un año de inhabilitación.
Agregó que de los desafíos más importantes es lograr una política migratoria de Estado acorde con la normatividad nacional y a los compromisos internacionales suscritos por México en la materia, en específico a los objetivos del Pacto Mundial para la Migración, segura, ordenada y regular.
Vences Valencia puntualizó que informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalan como responsables de dichas violaciones a las autoridades federales, estatales y municipales, así como al INM.
“Es necesario que las personas cuenten con la protección de todo el marco legal aplicable en sus casos, atendiendo a la complementariedad de las normas y al principio pro persona garantizado en la Constitución”, señaló.
El diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) puntualizó que su grupo parlamentario está a favor porque es relevante responder a las necesidades de las personas en tránsito y refugiadas. México, por su ubicación geográfica, ha sido un país que cuenta con una de las mayores afluencias migratorias, de ahí, la importancia de responder a sus necesidades.
Afirmó que se debe tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de aplicar el castigo al servidor público.
Del mismo partido, la diputada María Teresa Rosa Mora Ríos explicó que la reforma integra el diseño de una plataforma jurídica que atiende el fenómeno migratorio. Aseguró que dicho sector es uno de los más afectados por las políticas neoliberales. En tal sentido, se pronunció por atender la responsabilidad y los compromisos éticos y humanistas con estas personas.
“No podemos soslayar que México figura en la lista de las naciones que violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Ese fue el legado de administraciones pasadas, el cual se tiene que erradicar.
El diputado Evaristo Lenin Rivera (PAN) consideró que una manera de garantizar que los derechos humanos no sean violentados es señalando de manera explícita que los migrantes tienen la protección de todas las leyes del país. “Debe de hacerse de su conocimiento que el marco legal está de su lado, así como la Constitución y las demás leyes que de ella emanan”.
Es necesario, consideró, mejorar el presupuesto que se disminuyó a 56 por ciento, porque no será suficiente solo la legislación y la protección del marco jurídico si no se cuentan con los elementos para la protección de los migrantes.
La diputada priista Hortensia Maria Luisa Noroña Quezada externó su apoyo al dictamen porque se respeta y defiende a este sector, y porque el PRI apoya toda reforma que consolide la política migratoria y ofrezca garantías, seguridad y protocolos que privilegian la dignidad e integridad.
“Apoyamos el detener y sancionar todos los abusos de autoridades. No queremos ni una sola violación a los derechos de migrantes. Quienes integramos el grupo parlamentario estamos comprometidos con mejorar las leyes”.
El legislador Javier Julián Castañeda Pomposo (PES) expresó que la reforma es relevante porque incide en la protección de los migrantes, por ello, su grupo parlamentario apoya lo planteado.
Afirmó que no se debe ser insensible a la realidad de estas personas. “Nuestro país es de tránsito y destino, por eso es importante tener controles verídicos”.
La legisladora Maricruz Roblero Gordillo (PT) afirmó que al aprobar este dictamen se manda una señal clara a la sociedad de que el Poder Legislativo es un firme defensor de los derechos humanos de quienes ingresan al territorio, independientemente de la forma en que lo hagan, sea pacífica o regular.
El grupo parlamentario considera que “la reforma beneficiará a quienes están en las estaciones migratorias al establecer que las conductas violatorias de los funcionarios serán consideradas como causal de falta administrativa grave”, mencionó.
La diputada María Libier González Anaya (MC) dijo que su grupo parlamentario apoya el dictamen porque garantiza el respeto de los migrantes y porque se debe ser más severo al aplicar sanciones para quien viole sus derechos y eliminar la prepotencia y autoritarismo con la que se desempeñan algunos servidores públicos.
Con esto se armoniza la ley en la materia con el marco jurídico internacional atendiendo al principio pro-persona. “Recordemos que el respeto pleno de los derechos humanos de esta población es el principio fundamental en que se sustenta la ley”.
El legislador Raymundo García Gutiérrez (PRD) subrayó que es primordial que los actos u omisiones cometidos en detrimento de los migrantes, por funcionarios en ejercicio de sus funciones, estén vinculados con procedimientos y sanciones concretas.
“Es importante que los servidores públicos se apeguen en todo momento a lo dictado en la Constitución y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
Para hablar en pro, subió a tribuna la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (PT), quien expresó que el INM debe conocer los agravios de los que son víctimas los migrantes y turistas por parte de los servidores públicos y refirió que es momento de frenar estos abusos.