Desde el Congreso del Estado de Jalisco, la diputada federal Candelaria Ochoa denunció la persistencia de operaciones sin autorización de las empresas extractoras de arena en el Río Verde, dentro de la comunidad de Temacapulín.
Dijo que ya se interpuso una denuncia en la PROFEPA que derivó en la cancelación de uno de estos puntos: “La CONAGUA debe suspender cualquier permiso de extracción de arena, pues hasta ahora solo se ha clausurado 1 punto de 23. Por lo que se debe ordenar la suspensión a lo largo de todos los kilómetros en donde hay excavaciones” comentó la diputada ciudadana.
Pese a que no existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental de la PROFEPA, la CONAGUA sigue otorgando permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. “La responsabilidad es de la CONAGUA, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa el Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción”, señaló la legisladora.
Entre las irregularidades, las empresas están extrayendo la arena con un motivo distinto por el que se les dio permiso, pues sería para la construcción de la presa El Zapotillo, misma que está detenida desde el 2014. Por lo que las supuestas actividades de desazolve encubren la extracción para venta de arena, algo que no tienen permitido. “Salen 20 camiones al día, es un conflicto de hace 15 años y los defensores han sido encarcelados, es un atropello a las personas que usaban el río para recreación y obtención de alimento” sentenciaron.
Candelaria Ochoa señaló que las empresas deben de reconstruir el camino y reparar los daños al Río. Comentó que la Universidad de Guadalajara aceptó hacer un estudio de impacto ambiental para tener información actualizada del daño causado y que los concesionarios puedan demostrar si es verdad que pueden seguir explotando la zona.
Por su parte, el diputado Augusto Valencia reiteró el llamado a la Fiscalía y al Gobierno de Jalisco para que detengan los actos de intimidación a los defensores del medio ambiente, pues las carpetas de investigación continúan abiertas y ya se demostró que no incurrieron en ningún delito al defender sus territorios.
Lo grave de las excavaciones indiscriminadas en el río, es que han alterado su cauce y originado pozos en zonas en las que los que habitantes realizaban actividades recreativas y de pesca, derivando en accidentes que han generado muertes por ahogamiento.