Insisten senadores
La creación de la Guardia Nacional viola la resolución sobre la intervención de institutos castrenses en materia de seguridad pública emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 15 de noviembre y, previamente, por la Suprema Corte de Justicia, aseguró el senador Samuel García Sepúlveda.
El legislador participó este miércoles en las audiencias públicas: “Los municipios ante la problemática de la inseguridad” que se llevó acabo en la Cámara de Diputados, donde señaló que la Guardia Nacional no supera los 4 puntos del test de proporcionalidad jurídica al respecto.
“Primer punto, dijo, por ningún motivo puede ser permanente, tiene que ser extraordinaria, excepcional y restringida a un ámbito de espacio. Con lo que hay en el dictamen este punto no es superado. Segundo; debe ser subordinada y complementaria a labores de corporaciones civiles, y nunca podrán extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, no está superado, es más textualmente le da facultad de hacer investigación penal o auxiliar”.
“Tercero; regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios proporcionalidad y absoluta necesidad, no lo va a cumplir porque ya no es a un caso, es generalizada la necesidad. Cuarto, siempre debe ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, tampoco lo supera”, dijo.
Por lo anterior, el senador advirtió que se deja la puerta abierta a los delincuentes para salir libres por la vía del amparo.
“De manera directa o auxiliar, cuando la Guardia Nacional haga detenciones, con la mano en la cintura se los firmo en un amparo salen libres, alegando inconvencionalidad o alegando los tres casos al respecto (de la CIDH), el juez está obligado a liberarlo porque se están violando los derechos reconocidos en los tratados internacionales”, indicó.
Movimiento Ciudadano afirmó que es indiscutible que la Guardia Nacional es de carácter militar, por un lado porque está reclutando a jóvenes en instituciones castrenses, se compondrá de militares y navales, y está bajo el mando de la Sedena, por lo tanto le aplica los criterios de la Corte y será inconvencional.
Además, cuestionó a los alcaldes que se han pronunciado a favor del dictamen, teniendo en cuenta que el Séptimo transitorio de manera ilegal les retendrá sus participaciones, cuando en un principio ya están mermadas, ya que en la actualidad les dan 4 por ciento de la riqueza que se produce en los municipios.
“No les han dado los recursos para fortalecerse, capacitarse, incluso para certificarse, es muy probable que no cumplan en seis meses de diagnóstico con los estándares que pide el Gobierno Federal, además de la retención del fondo federal, ya sería la estocada final al federalismo con un centralismo a ultranza y militarizado”, agregó.