Diarrea legislativa
En la sesión de este jueves diputados de todas las fracciones parlamentarias presentaron nueve iniciativas para reformar diversos ordenamientos legales relativos a requisito para ser diputado, interés superior de la niñez, derecho a contraer matrimonio, certeza jurídica a partidos políticos, ley para los Jóvenes, incentivos fiscales, impuestos y violencia de género.
Disminuir a 18 años edad para ser diputado
El legislador Rubén Cayetano García (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Constitución Política, con el objetivo de disminuir la edad requerida para ser diputado y establecer que debe tener 18 años cumplidos el día de la elección, y no 21 como actualmente se señala.
Subrayó que si las leyes reconocen a los jóvenes de 18 años su capacidad para votar, “resulta contradictorio y hasta discriminatorio que se les impida tomar decisiones en nombre de los demás”. Refirió que actualmente en la lista nominal, con corte al 24 de agosto de 2018, un millón 496 mil 546 jóvenes tienen 18 años de edad, mientras que en el padrón electoral están registrados un millón 604 mil 670.
Se pronunció por reformar este artículo para permitir a los jóvenes asumir responsabilidades políticas, “pues con educación y convicciones democráticas profundas podrían ser mejores representantes populares que muchos otros”. Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Plantean que PND observe principio interés superior de la niñez
Por el PAN, la diputada Martha Elena García Gómez presentó dos iniciativas; una modifica diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para establecer que las dependencias de la administración pública consideren el interés superior de la niñez en el Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque transversal.
Asimismo, se propone que la incorporación de los principios de igualdad de género y del interés superior de la niñez como enfoques transversales en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo; la promoción de indicadores que faciliten diagnosticar el impacto de los programas y su evaluación, y facultar a la Secretaría de Hacienda para coordinar la inclusión de los enfoques transversales en el plan nacional.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señala que la incorporación del principio del interés superior de la niñez como uno de los ejes rectores de la planeación democrática nacional permitirá salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Considerar presupuestos suficientes para atención de niñez y adolescencia
La segunda propuesta de la diputada García Goméz plantea cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que no se reduzcan a los programas presupuestarios ni las inversiones dirigidas a la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, que los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos, que deberán privilegiar a niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
La legisladora destacó la relevancia de que el gobierno entrante, en sus políticas públicas y acciones gubernamentales, considere prioritariamente presupuestos suficientes y adecuados en materia de niñez y de adolescencia, toda vez que el Estado mexicano está obligado a dar cabal cumplimiento a la Constitución General, la ley y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Se canalizó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio
Para garantizar que todo ciudadano tenga derecho a contraer matrimonio, el diputado del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdez impulsa reformas a los artículos 4 y 117 de la Constitución Política, a fin de prohibir cualquier tipo de discriminación por condiciones de género, preferencia sexual, religión o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
Argumentó que el concepto de matrimonio ha evolucionado y en la actualidad no está asociado a la procreación como fin último, y guarda estrecha relación con diversos derechos y obligaciones como la filiación, el nombre, los alimentos, el patrimonio y derechos sucesorios. Se busca impactar la relación civil de las personas para asegurar la certeza jurídica a quienes han decidido libremente emprender un proyecto de vida conjunta sin importar su preferencia sexual.
La propuesta, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, busca prohibir a las entidades federativas expedir o mantener en vigor leyes o disposiciones que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio, y accedan a otros beneficios como a la autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad a la vida privada y a la familia.
Dar certeza jurídica a partidos políticos y garantizar voz a minorías
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (PES) presentó, a nombre de su compañero de bancada Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, iniciativa para establecer que la votación válida emitida en una elección a cargos populares, será aquella que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos, los correspondientes a candidatos no registrados y “a los candidatos independientes”.
La reforma al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene el objetivo de apoyar la democracia y dar certeza y certidumbre jurídica al sistema de partidos políticos, garantizando que las minorías tengan voz y que no serán acalladas por criterios inadecuados.
La propuesta, turnada a la Comisión de Gobernación para dictamen, indica que la ley en su redacción actual hace que los votos emitidos por ciudadanos que son candidatos independientes sean considerados como si fueran votos por partidos políticos, a fin de asignar votación válida a favor de los institutos políticos.
Proponen Ley General de Derechos de los Jóvenes
El diputado Jesús Fernando García Hernández (Morena) presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Derechos de los Jóvenes, a fin de reconocer a este segmento poblacional como sujeto de derecho y actor en el desarrollo del país.
Señaló que, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hay 37.5 millones de mexicanos entre 12 y 29 años de edad, por lo que el principal reto es proporcionarles educación de calidad y darles una transición a la ocupación laboral, con buenos empleos y salarios de calidad.
Aseguró que “los jóvenes representan un potencial que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de la sociedad”. Se turnó a la Comisión de Juventud para su dictamen y a la Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Plantean incentivos fiscales a quien contrate trabajadores del campo
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, propuso reformas a diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de implementar un estímulo fiscal para quienes contraten a trabajadores del campo, equivalente al 30 por ciento del salario efectivamente pagado.
Mencionó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay más de cinco millones de trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, pesca y demás, con salarios de 15.5 pesos por hora, mientras que los que laboran por su propia cuenta reciben apenas 11 pesos por hora. “De cada 100 trabajadores, 31 reciben el salario mínimo; 25, de uno a dos salarios mínimos; 10, más de dos salarios mínimo, y el resto no recibe pago alguno”, advirtió.
A esto, dijo, se suma que sólo 11 de cada 100 campesinos son mujeres y 24 de cada 100 son indígenas, quienes laboran en el campo alrededor de 12 horas por día, sufriendo un desgaste físico para un salario menor que el mínimo. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Iniciativa que expide Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales
El diputado Javier Salinas Narváez (PRD) presentó una iniciativa por la que se expide la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, a fin de que queden obligadas al pago de este cargo las personas físicas y morales del país y residentes del extranjero con establecimiento permanente, que obtengan ingresos por estos servicios, independientemente del lugar en donde se generen.
Al presentar la iniciativa turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión, señaló que “es necesario gravar los crecientes ingresos provenientes de los servicios digitales prestados por las empresas globales más importantes del mundo, las cuales no tributan en nuestro país, a pesar de contar con ingresos ingentes por la venta de servicios.
La reforma precisa que se procederá a dicho pago cuando se genere la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios; cuando se genere la puesta a disposición de usuarios de una interfaz digital multifacética que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.
Asimismo, llevar a cabo la transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales. Dicho impuesto se calculará aplicando la tasa del 3 por ciento a la cantidad que resulte de disminuir la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades referidas y las deducciones autorizadas en esta Ley.
Proponen castigar hasta con 300 días de multa y dos años de prisión a quien provoque violencia de género
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) presentó una iniciativa que adiciona el artículo 21 Bis y la fracción IX del artículo 24 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de imponer una sanción de 50 a 300 días de multa y de seis meses a dos años de prisión a quién provoque violencia de género.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Gobernación, establece que se entenderá como violencia política por razón de género cuando el acto u omisión se base en elementos de género, es decir, se dirija a una mujer por ser mujer, se tenga un impacto diferenciado y desventajoso contra ellas; cuando se tenga por objeto o resultado menoscabar o anular su reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o bien cuando ocupen un cargo público.
La reforma propone que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales desarrolle mecanismos en coordinación con la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de sus demarcaciones territoriales, para identificar y sancionar los casos donde se presente violencia política de género.
“No queremos más Juanitas ni simulaciones, estamos conscientes que la violencia política en razón de género está presente en nuestro país y de esa manera, en nuestro grupo parlamentario asumimos el compromiso de legislar buscando su total eliminación, haciendo los cambios necesarios para ampliar la protección de los derechos políticos de las mujeres”, afirmó.