Siguen las verdades de la CNDH
El organismo protector del pueblo sigue documentándolos grades defectos, irregularidades, deficiencias y hasta escándalos en que incurren los tres órganos de gobierno, por falta de interés, indiferencias e irresponsabilidades que afecta a la gran mayoría de los mexicanos, algunos en desgracia severa.
Y así ha documentado que los saldos de los sismos de septiembre del 2017 son marcada descoordinación entre instancias de gobierno, opacidad e inconsistencia en la información y en el manejo de recursos, así como resultados insuficientes en las tareas de reconstrucción y en las acciones preventivas.
La fecha fue ocasión para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera un informe para acusar que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y 1,372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209,334 viviendas, 983 unidades médicas y 16,795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.
Esta situación afecta directamente a la población damnificada de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México que solicitaron la declaratoria federal de desastre.
Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro.
Tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación sobre las causas reales que motivaron los daños o el colapso de los inmuebles afectados por los sismos, ni respecto al desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades correspondientes en caso de que las hubiera. Muestra de ello es el caso de la Ciudad de México, donde el entonces Jefe de Gobierno señaló públicamente la existencia de 204 carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con relación a estos hechos, y que no obstante haber sido solicitada información sobre las mismas por la CNDH se recibió como respuesta la existencia de 21 carpetas.
Destaca, igualmente, que la Coordinación Nacional de Protección Civil se mostró renuente a colaborar con la CNDH al no aceptar las dos solicitudes de medidas cautelares que le fueron emitidas durante la emergencia y responder por escrito que carecía de facultades legales para implementar las medidas requeridas en materia de auxilio y rescate de personas e investigación en los inmuebles colapsados, no obstante que es cabeza del Sistema Nacional de Protección Civil y que durante el desarrollo de la emergencia concentró y proporcionó públicamente información al respecto.
En materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209,344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60,366 presentaron daño total y 148,978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172,026 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la SEDATU.
Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.
En eventos de tanta complejidad como los que se analizan, resulta fundamental que la Comisión Nacional cuente oportunamente con toda la información con la que disponen las autoridades; sin embargo, en algunas ocasiones las respuestas oficiales a las solicitudes de información no siempre fueron oportunas ni incluyeron todo lo requerido, por lo cual la CNDH se vio obligada a dirigirse de nueva cuenta a la autoridad correspondiente para insistirle el envío de la información.
Esta Comisión Nacional inició 375 expedientes, 4 de oficio y 371 derivados de las quejas presentadas de manera individual y colectiva por padres de familia y organizaciones de la sociedad civil.
Como estrategia y metodología para abordar este asunto, la CNDH determinó hacer una investigación integral que comprende los siguientes tópicos o líneas de investigación: protección civil; procuración de justicia; autorizaciones, licencias y permisos en materia de construcciones y uso de suelo; inscripción registral de inmuebles; empresas; corrupción; asignación de recursos públicos a personas afectadas; transparencia y rendición de cuentas en la recepción de ayuda humanitaria.
Para esta Comisión Nacional, tampoco ha habido transparencia ni rendición de cuentas en la administración y destino de los recursos públicos; ejemplo de ello son las irregularidades advertidas en la entrega de tarjetas de recursos del FONDEN por parte de BANSEFI, consistentes en la multiplicidad de tarjetas emitidas a nombre de una sola persona.
BANSEFI informó que en esos casos se hizo entrega de una sola tarjeta y que el resto permanecía bajo resguardo en la bóveda de ese banco; sin embargo, cuando la CNDH solicitó tener a la vista esas tarjetas, BANSEFI adujo el secreto bancario para evitar el acceso, lo cual es inaceptable tratándose de recursos de apoyo a la población en un asunto de trascendencia nacional.
De igual manera, la CNDH solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que dentro de sus facultades valore 130 casos para su ingreso al Registro Nacional de Víctimas; y en respuesta esa Comisión Ejecutiva señala la falta de una determinación de parte de la CNDH que sustente la calidad de víctima de violaciones a derechos humanos de esas personas.
Al respecto, la CNDH ha subrayado la necesidad de que, con independencia del pronunciamiento que este Organismo Nacional emita respecto de las quejas que tramita por violaciones a los derechos humanos, la CEAV ejerza sus facultades y con base en ellas realice su propia valoración de los casos planteados, procediendo a la inscripción de aquellos que sean procedentes, de conformidad con la Ley General de Víctimas.
En el caso de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, se observa que cuenta con más de 6,855 millones de pesos en 2018 (que incluye las donaciones de particulares) y que en la plataforma pública de esa Comisión se detalla el monto aprobado para su futuro ejercicio.
Sin embargo, no se especifica el monto efectivamente ejercido por rubros y destino, por lo cual no se ha cumplido su finalidad ni se ha transparentado su ejercicio de manera clara y precisa. La misma situación de opacidad se advierte respecto de las donaciones que recibieron por parte de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.
En materia educativa, las entidades federativas afectadas señalaron que 16,795 escuelas fueron afectadas; de ellas, 1,521 presentaron daño total y 15,274 daño parcial, mientras que el Gobierno Federal señaló que 14,976 escuelas fueron afectadas, de ellas 200 con daño total y 14,776 con daño parcial.
Llama la atención que mientras los estados reportaron escuelas con daño total, daño parcial y daños menores (la CNDH agrupó estos dos últimos en sólo uno), el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa incluyó el concepto de daño severo, lo que provoca que se tengan parámetros diferentes para determinar los daños sufridos en las escuelas.
Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advierte avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre, tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto.
Es preciso asumir que nuestro país enfrenta riesgos constantes de desastres naturales, en particular de sismos, y que la prevención de los mismos trasciende simulacros o el diseño de mecanismos de respuesta inmediata, siendo preciso ver la prevención como una pauta necesaria de conducta que debe incidir en nuestra convivencia cotidiana.
Este Organismo Constitucional Autónomo también hace un enérgico llamado a las autoridades involucradas para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a esta Comisión Nacional la información que les ha solicitado, misma que será utilizada para sustentar el pronunciamiento que en su oportunidad emitirá en los expedientes que sobre estos hechos integra.
La CNDH continuará su puntual seguimiento a las acciones de atención de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a las personas damnificadas, así como de reconstrucción de viviendas, unidades médicas y planteles escolares.