En México, a partir del año 2002, se comenzaron a implementar políticas públicas de transparencia a nivel federal, local y municipal. No obstante, “el país vive en una transparencia artificial que, si bien permite el acceso a la información, no logra disminuir la corrupción ni ejercer una profunda rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno”, consideró Rodrigo Sandoval Almazán, especialista en administración pública, transparencia, gobierno abierto y gobierno electrónico.
Una definición de gobierno abierto, propuesta por el investigador junto con su colega J. Ramón Gil-García, es que es una estrategia tecnológica e institucional que transforma la información gubernamental para uso de los ciudadanos, quienes pueden proteger, reutilizar, colaborar o interactuar con la información y los datos; pueden escudriñar las decisiones y acciones de los funcionarios públicos para aumentar la transparencia y rendición de cuentas, y proponer diferentes alternativas para los servicios públicos y otras acciones.
“El gobierno abierto significa abrir los datos, decisiones y procesos gubernamentales a la ciudadanía para que colaboremos y se pueda crear una especie de cogobierno participativo. El fin de esto es tener un Estado más abierto en donde las decisiones no sean de un grupo o élite sino un proceso de cara a la sociedad”, añadió el investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Sandoval Almazán realiza anualmente desde hace 10 años un Ranking de Portales Estatales de Transparencia (RPET) en el que evalúa la calidad de la apertura gubernamental. Con base en ello, consideró que hay un gran atraso en el país pues los portales se encuentran en la etapa de establecer políticas de gobierno electrónico en los tres niveles, y que para tener un gobierno abierto se requiere digitalizar, clasificar, ordenar y actualizar la información gubernamental.
En otros países no existen dependencias como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). “El gobierno abierto, transparencia o gobierno electrónico es una política que se absorbe al interior de las entidades”, añadió el doctor en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Otras deficiencias del caso mexicano, de acuerdo con el integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, tienen que ver con que no existe una red o un internet del gobierno que conecte a todos los municipios del país, todos los estados y todas las dependencias federales. Además, no se cuenta con un jefe de información gubernamental o un secretario de innovación y tecnología responsable de implementar y operar las políticas de tecnología en el gobierno.
“Este perfil de funcionario ayudaría a proteger los datos gubernamentales, muchos de estos de seguridad nacional que están vulnerables por falta de resguardo oficial. Es necesaria una autoridad que regule, actualice, genere o produzca. Es fundamental sentar esas bases para después fomentar otras políticas públicas que ayuden a implementar el gobierno electrónico y enseguida se podrían hacer políticas para ir, ahora sí, en dirección al gobierno abierto”, expuso el académico.
Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2018
Sandoval Almazán destacó que los principales resultados de la evaluación de 2018 son que las 32 plataformas en el promedio general alcanzaron 37.79 puntos, cayeron más de 12 unidades en comparación con 2017, 11 con 2016 y 6 con 2015, lo cual se puede deber a que el presente año fue de campañas electorales y para los políticos la prioridad fue tratar de ser menos abiertos en lo que pasaban las elecciones, a diferencia de años anteriores en los que iban subiendo poco a poco en las mediciones.
Este retroceso se reflejó en menos componentes en los portales de transparencia. De las 32 entidades federativas, 13 (40.6%) quedaron por arriba del promedio; el resto (19, es decir, 59.3%) está muy por debajo de la media. El estado de Jalisco encabezó el ranking al obtener 86.92 puntos, seguido por Guanajuato (77.29) y Estado de México (66.52).
Las entidades peor calificadas fueron Yucatán (14.28 puntos), siendo uno de los estados que cayó 23 posiciones en comparación con 2017; San Luis Potosí (-25) y Oaxaca (-27). En contraste, Chihuahua subió 27 lugares y Jalisco, que estaba en la posición 22, llegó al primer sitio. Querétaro es el único que se mantuvo en el lugar 10 por segundo año consecutivo. Estos resultados se encuentran publicados en el artículo “Ranking de Portales Estatales de Transparencia 2018” en la revista U-Gob. Tecnología en gobierno.
El investigador comentó que para esta clasificación se evaluaron cinco componentes: 1) arreglos institucionales (cumplimiento de normatividad), 2) datos abiertos (información sobre las compras, precios, licitaciones, acuerdos y registros, convenios, contratos, presupuestos y otros), 3) colaboración vertical (evaluación del uso y desempeño del portal), 4) colaboración horizontal (uso de redes sociales, blog y chat para impulsar la participación ciudadana), y 5) interfase (si es agradable y eficiente hacer búsquedas).
Con base en estos componentes, el especialista y su equipo de trabajo diseñaron 63 reactivos que responde a la hora de consultar los portales. Los resultados de esta medición son tomados en cuenta por las autoridades estatales para mejorar sus plataformas, compararse entre sí y dar a los ciudadanos mayor calidad de la información.
En México existen dos estudios similares a la investigación realizada por Sandoval Almazán, el primero fue desarrollado en 2017 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas con el título “Métrica de Gobierno Abierto”, fue patrocinado por el INAI, y evaluó tanto el gobierno abierto a nivel nacional como la participación ciudadana en este mismo campo.
Un segundo estudio, realizado por DataLab Mx, EQUIDE y la Universidad Iberoamericana, fue presentado el 7 de noviembre, es el “Índice de Gobernanza Digital Estatal 2018”, el cual analiza en cada entidad cuatro de sus portales web (general de gobierno, finanzas, salud y seguridad), así como el uso de redes sociales. Ambos estudios complementan al RPET y promueven la importancia del gobierno abierto como política de Estado, destacó el profesor-investigador de la UAEM.