El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que, desde la perspectiva de los estándares internacionales, la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.
Consideró que “el Congreso debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta; más que discutir la eventual extensión, tendría que estar planteando la eliminación de ese tipo de reclusión”.
Al participar en la Mesa 2 “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa”, de las Audiencias Públicas sobre este tema, explicó que el planteamiento no es derogar la prisión preventiva justificada, ni dejar a todas las personas imputadas libres, pero hay que entender que la prisión oficiosa es automática, obligatoria y supone la privación de garantías procesales básicas.
Añadió que este tipo de reclusión aumenta el riesgo de tortura y no abona a superar la impunidad. “El denominador común de la arbitrariedad y del encarcelamiento injusto de inocentes es la mala investigación, y es importante señalar que esta medida no abona a que la indagación mejore”.
Jan Jarab dijo que determinar la prisión preventiva oficiosa sólo depende de la autoridad investigadora y de cómo califica el supuesto delito; es decir, decide si el imputado va a pasar largo tiempo recluido en espera de sentencia. Sin embargo, en un Estado de derecho, es el Poder Judicial el que tendría que resolver, de manera individual, si el imputado debe ser privado de su libertad bajo criterios de legalidad y proporcionalidad.
Agregó que la impunidad en México coincide con la alta presencia de personas inocentes que esperan su liberación de las cárceles, y no pueden aguardar su sentencia en libertad, porque el delito que se les imputa –en muchas ocasiones de manera indebida– está en la lista de prisión preventiva oficiosa.
Recomendó estipular en la Constitución un catálogo de delitos en los que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva.
Al dar la bienvenida a los participantes, el diputado Héctor René Cruz Aparicio (PES), moderador de esta mesa, destacó que se trata de un tema relevante por el contexto social que conlleva la minuta, por lo que hoy se busca conocer las posturas de expertos que contribuyan en la discusión.
“De eso se trata el parlamento abierto; que su opinión lleve a los diputados a tomar una decisión en favor de los mexicanos”, expresó.
Subrayó la importancia de la participación de los especialistas y sus aportaciones en estas mesas de trabajo, “pero necesitamos las propuestas que ustedes nos hagan para sacar adelante una reforma que ayude a combatir la criminalidad, pues los delitos van a la alza en todo el país”.
El ciudadano exige respuestas y estamos obligados a dárselas, por eso estas mesas de trabajo son adecuadas y les pedimos que nos ayuden y “tengan la seguridad de que tomaremos la decisión más responsable”, enfatizó.
Maricarmen Color Vargas, Investigadora de la Comisión Mexicana y Promoción de los Derechos Humanos, coincidió en que esta práctica es ilegal y arbitraria, por lo que no debe ser oficiosa, sino que debe mediar en su aplicación la racionalidad y la necesidad.
“No debe ser generalizada, deben analizarse alternativas previas a la reclusión, como el brazalete electrónico. No se observan las normas internacionales sobre juicio justo, pero es algo que puede ser aplicable en los casos de feminicidio, si es necesario”.
El magistrado Pablo Héctor González Villalobos, del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, aseguró que legislar para incorporar más preceptos en la prisión preventiva “es divorciar la justicia del derecho”.
“Hay legítimas preocupaciones en materia de seguridad que se cree que se pueden resolver con esto, pero ni siquiera desde el punto de vista de la necesidad hay justificación. La gente que quede detenida no tendrá estándares mínimos, las instituciones del Estado van a perder la superioridad moral; no vamos a distinguir entre una cárcel y la casa de seguridad de unos secuestradores”, manifestó.
José Antonio Caballero Juárez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que la prisión preventiva oficiosa es un falso debate, porque los derechos de las víctimas no se oponen a la medida y, además, lo que oculta esa figura es un sistema indolente, negligente, corrupto y clasista.
“Es un subsidio absurdo, ridículo, a la ineficacia”, que provoca que la negligencia con que operan muchos funcionarios públicos se mantenga oculta. Agregó que la reforma constitucional no podrá resolver esos problemas y pidió no pensar “en fórmulas mágicas” ni caer en ingenuidades.
El director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Recaredo Arias Jiménez, se sumó a la iniciativa para acotar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pidió que se considere el robo de vehículos y transporte, pues en los últimos años este crimen incrementó 47.4 por ciento, al pasar de 66 mil 500 autos robados en 2015, a 99 mil 300 a diciembre de 2018. “Lo más grave es que de cada 10 robos, seis son con violencia y eso vulnera de manera importante a la población”.
Por lo que hace al robo de vehículos de carga pesada y mercancías en tránsito, señaló que se ha duplicado en los últimos cinco años. “En 2014 eran cerca de seis mil unidades robadas, en la actualidad son 12 mil 500, 32 al día. Si se considera que sólo 25 por ciento de ese tipo de vehículos está asegurado, la cifra real podría ser cuatro veces mayor”.
Además, ocho de 10 robos llevan uso de violencia, lesiones y daños a las víctimas y se acompaña de otros impactos negativos, como la menor recuperación, que en 2014 era de 50 por ciento y en la actualidad es de 35 por ciento.
La investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Sofía Magdalena Cobo Téllez, dijo que sin la reforma propuesta, las estadísticas nacionales y estatales del sistema penitenciario reflejan un abuso en la prisión preventiva. Según el Cuadernillo Mensual de Información Estadística Penitenciaria de diciembre del año pasado, la población privada de la libertad, a nivel nacional, es de 197 mil 988 internos, de los cuales 165 mil 213 (83.45 por ciento), son por delitos del fuero común, y 32 mil 775 (16.55 por ciento) corresponden al fuero federal.
Agregó que están procesados 60 mil 653 (36.71 por ciento) internos del fuero común, y 14 mil 377 (43.86 por ciento) del ámbito federal. Es decir, que más del 40 por ciento de las personas privadas de la libertad se encuentran sin sentencia.
Subrayó que al aumentar el catálogo delictivo crecería la cantidad de internos e internas -si se considera que de 308 centros penitenciarios en el ámbito nacional, 103 están sobrepoblados, o sea 33.44 por ciento- y sin una correcta clasificación procesal colapsaría el sistema penitenciario.
Arturo Enrique Mendicuti Narro, vicepresidente de Seguridad de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), apoyó la propuesta del Poder Legislativo para incrementar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa con la reforma al artículo 19 constitucional. Pidió reconsiderar que no se contemplen únicamente las conductas graves que vulneran la seguridad el Estado, sino también a los ciudadanos y sus actividades productivas. Se requieren más herramientas legales para tener la ola de crimen, cuando aún es posible.
Solicitó que se incluya el robo a casa habitación, a negocio, vehículos y al transporte en todas sus modalidades, y extorsión o cobro de piso, que afectan el legítimo derecho a ganarse el sustento sin ser victimizado por el delincuente y revictimizado por el sistema judicial deficiente, para que ya no se empodere la delincuencia mediante el temor y la intimidación, sin permitir que continúe el cierre de negocios y el abandono de casas y poblaciones por falta de garantías.
José Refugio Muñoz López, presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención del Delito de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se pronunció a favor de que el robo al autotransporte de carga se considere grave y se imponga la prisión preventiva oficiosa. La afectación patrimonial por ese delito ascendió a 92 mil 500 millones de pesos, equivalente a 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Sostuvo que se requiere un plan integral que atienda las causas y ataque los efectos de la inseguridad. Es evidente que falta un marco jurídico adecuado, porque es insuficiente considerar el robo de transporte de carga como delito federal. Propuso diseñar una estrategia para que el Sistema Penal Acusatorio funcione en favor de las víctimas y no, como ocurre hasta hora, en favor de los delincuentes.
José Antonio Mendoza Prieto, maestro en Derecho Penal, sostuvo que de incrementar el catálogo de delitos y aplicar la prisión preventiva, “estamos mal en el orden jurídico, porque significaría que todos estamos expuestos a que los derechos fundamentales sean vulnerados”.
Explicó que esta figura es una medida cautelar y sirve para garantizar la presencia del imputado en el proceso judicial. Sin embargo, “si se detiene sin investigar, estamos mal”. La gente reclama combatir la impunidad y la prisión preventiva oficiosa “no lo va a hacer, va a continuar la impunidad y fomentar la corrupción”, donde el ejercicio del derecho penal se ha prestado a ello. Aumentar el catálogo de delitos es incrementar la corrupción, advirtió.
Armando López Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Leyes y Reglamentos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), solicitó que el robo al autotransporte de pasajeros se considere como un delito grave y se ejerza la prisión preventiva oficiosa a fin de reducir la impunidad. Aclaró no estar en contra de la presunción de inocencia ni del debido proceso, pero la vida de los usuarios y conductores se debe salvaguardar y frenar a la delincuencia.
Destacó el papel estratégico de este sector para la economía nacional, al trasladar a 95.8 por ciento de los mexicanos, generando 2.54 por ciento del PIB en 2017 con un crecimiento de 300 por ciento en el último año. Por ello, debe protegerse y frenar la incidencia del delito. La prisión preventiva oficiosa tiene que considerarse como un elemento que no extinga el reconocimiento de otros delitos, porque actualmente los delincuentes que asaltan a los usuarios del autotransporte reinciden y cada vez con más violencia ante la falta de un Estado de derecho.
Cristina Reyes, colaboradora de México Unido contra la Delincuencia, exhortó a la Cámara de Diputados a que no se apruebe el dictamen del Senado. “Nos parece un gran absurdo que se pretenda continuar subsanando la incapacidad de argumentar en audiencia las razones por el cual un caso amerita las medidas”.
Insistió en que esta medida no ha contribuido en la disminución de la corrupción y la criminalidad, a pesar de que es una herramienta incluida en la Constitución y que lleva funcionando desde 1917, aunque con diferentes nombres.
A favor del dictamen, Salvador Gonzáles Reyes, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y otros órganos de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, AC (Conatram), aseguró que la falta de esta figura es de vida o muerte, pues en todo el país los operadores de automotores son asaltados, vejados y asesinados, por lo que esta acción daría certeza a las inversiones; el robo a transporte se ha convertido en algo frecuente, algo está fallando.
“Tuvimos un caso en Guanajuato en que salió el Ministerio Público a amenazar al teléfono de quien estaba denunciando; la reincidencia se da por la falta de un modelo que someta a los responsables, pues de 120 imputados únicamente 62 se encuentran en prisión, a pesar de que son atrapados junto a los camiones robados y la mercancía”.
Francisco Gaitán, coordinador del Comité de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), dijo que el tema es que la prisión preventiva oficiosa es una pena adelantada; es decir, se sanciona al ciudadano previo a que se sentencie por un delito. “La presunción de inocencia debe prevalecer porque es un precepto constitucional”, enfatizó.
Pidió apuntalar la prisión preventiva justificada y “echarle ganas a las investigaciones”, pues en caso de que alguien ponga en peligro la integridad de una persona o de la sociedad, que pueda fugarse o que pueda obstruir la justicia, se le deberá de aplicar. “En esta oportunidad histórica los invito a que actúen bien”, expresó.
Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que no se oponen al uso de la prisión preventiva, sino que sea de manera oficiosa no justificada, además que desvía el tema central de la seguridad e impunidad, porque “parece que hay un concurso de gravedad de delitos”.
“Esto se combate con investigaciones serias, con procuración de justicia preparada, policías capacitados, no con cambios legislativos. Esta propuesta afecta a las personas pobres e inocentes, pues en todos los casos de encarcelamiento injusto, además de la tortura y el abuso sexual, hubo prisión preventiva”.
Rubén Quintino Zepeda, miembro de la Comisión Redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que debe capacitarse a los distintos intervinientes del sistema acusatorio mexicano.
“El agente del Ministerio Público debe identificar cómo intervino el sujeto activo, ya sea como autor o como partícipe, pero si llega a tener esta herramienta jurídica a su alcance podría cometer errores garrafales”, planteó.
Por su parte, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) sostuvo que en el Revolucionario Institucional buscan una solución que mejore el sistema de justicia penal; sin embargo, dijo la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta.
“Todos queremos un mejor México y un país más seguro, pero reformar el 19 no es la solución; consideramos que podría ser que cambie la manera en que el Ministerio Público, unilateralmente, lleva o no a los imputados, procesados, detenidos en flagrancia ante el juez para que sea quien diga si esa medida se debe de tomar”.
La diputada Verónica Juárez (PRD) sostuvo que los delitos que ya están en el 19 Constitucional y que ya tienen prisión preventiva oficiosa, como la violación o el homicidio doloso, no han disminuido; es más, siguen incrementando. “Por ende esto nos podría llevar a pensar que ésta no es la solución que estamos buscando”.
Explicó que lo que se busca es cómo lograr que las personas que están cometiendo los delitos lleguen ante el juez para que él les pueda decretar su medida de prisión, o de quitarles el pasaporte, o de ponerles una pulsera para que no evadan la justicia.
El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) adelantó que en breve se estará presentando un paquete de iniciativas de reformas a la legislación penal, porque hay delitos graves como el caso de aquellos que atentan contra mujeres e infantes, por lo que deben endurecerse las penas. “Habrá que mandar una señal contundente de que no estamos dispuestos a permitir que ese tipo de conductas se sigan presentando”.
“Lo que necesitamos es perfeccionar a partir de la recuperación de los valores, y a partir, fundamentalmente, de que la gente de manera sencilla conozca cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno”.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses (Morena) resaltó que las personas ya no van al Ministerio Público, ni acuden a las fiscalías. Aseguró que de 100 por ciento de delitos, menos de 10 por ciento se denuncian. “Va uno al MP y la verdad, hasta da tristeza la forma en que te atienden”.
“Hay que profesionalizar, hay que buscar las soluciones en las fiscalías, por esa también corrupción que existe”.