Es necesario que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los avances y, en su caso, problemas detectados para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de las medidas que a su juicio considere se puedan ejecutar para impulsar su funcionamiento.
Así lo planteó el diputado federal Juan Romero Tenorio, al dar a conocer el dictamen con punto de acuerdo de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, donde establecieron que debido al reclamo de la sociedad y el papel de los medios de comunicación, obligaron a crear un entramado institucional orientado a combatir la corrupción y de esa manera se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Diputados y senadores argumentaron que el Comité de Participación Ciudadana es la instancia del SNA que puede generar mayor credibilidad en esa institución, debido a su vínculo con la sociedad y su naturaleza independiente.
Consideraron que el Comité debe acreditar con hechos y determinaciones que cumplirá con las importantes atribuciones que la ley le confiere; aunque reconocieron que su trabajo se ha visto limitado ante los diversos escándalos de corrupción, al manifestar que diversas instituciones no han coadyuvado en pro de su actuar.
Para los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, es de suma relevancia reconocer la labor realizada a más de un año de funciones del Comité de Participación Ciudadana, como instancia o canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de Gobierno, facultado para proponer políticas públicas en materia de combate a la corrupción y vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, apuntaron.
El diputado Romero Tenorio reconoció que la operación del Sistema enfrenta un grave problema en su origen mismo al enfrentarse a la negativa para su operación por parte de los mismos legisladores al no ratificar nombramientos del fiscal en la materia y de magistrados especializados.
La propuesta fue aprobada en votación económica y se ordenó su comunicación.